Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Un requerimiento contra tres policías que agredieron a cuatro defensores de derechos humanos y ocho estudiantes universitarios, duerme profundamente en las gavetas de los juzgados capitalinos, a la espera de su ejecución.
Según el requerimiento al que www.conexihon.hn tuvo acceso, se trata de una acusación presentada por la Fiscalía de Derechos Humanos (FEDH), del Ministerio Público (MP), a través del agente Javier Humberto Gonsález ante el Juzgado de Letras de lo Penal de Tegucigalpa, el 12 de diciembre de 2017.
La acción penal es contra Juan Manuel Aguilar Godoy (Sub-Comisionado de Policía), Félix Adrián Colindres (Comisionado de Policía) y Marlon Agustín Vásquez Palma (Sub comisionado de Policía), sobre quienes recaen los delitos de Abuso de Autoridad, Violación de los deberes de los funcionarios, lesiones, detención ilegal y torturas, en contra de los y las defensores de los derechos humanos y universitarios.
Los hechos sucedieron el pasado 08 de septiembre, en el marco de un violento desalojo realizado por más de 500 efectivos policiales, contra miembros del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Al lugar se presentó un equipo de defensores y defensoras para hacer su labor de observación y acompañamiento a los universitarios, y lograron ingresar en un autobús propiedad del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).
Los afectados y afectadas fueron: Ariel Díaz de la Juventud por los Derechos Humanos (JDH); Carlos del Cid, del Observatorio Ecuménico Internacional de los Derechos Humanos (OEIDH); Hedme Castro, de la Asociación por una Ciudadanía Participativa (ACI-Participa); y Tomy Morales de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU).
Además ese mismo día fueron detenidos supuestamente por el delito de encubrimiento (a excepción de Hedme Castro) y en el caso de Tommy Morales fue acusada también por atentado. Del Cid, Morales y Díaz, permanecieron más de 24 horas tras las rejas (entre el ocho y nueve de septiembre), hasta ser trasladados a los Juzgados de lo Penal, en Comayagüela.
No fue sino hasta el 27 de septiembre, luego de tres días de audiencia inicial, realizada inusualmente fuera de los Juzgados, sino en la sede del Colegio de Abogados de Honduras, CAH), donde fueron sobreseídos de los delitos que les imputaban y reconocieron su labor como defensores de los derechos humanos.
Más de 100 años podrían pasar en prisión
Si esta acción penal contra los tres miembros de la Policía Nacional sigue su curso, podrían enfrentar penas que llegan hasta los 212 años de prisión.
De acuerdo a un análisis realizado por el director del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Edy Tábora, en el caso de Juan Manuel Aguilar Godoy, sería sancionado entre 136 a 209 años de reclusión por un delito de abuso de autoridad, 12 delitos de tortura, cuatro detenciones ilegales y uno de lesiones.
Aguilar Godoy es responsabilizado, de acuerdo con el requerimiento fiscal, por rociar gas pimienta sobre el rostro de las víctimas, cuando estaban dentro del autobús y al bajarlos del mismo “sin necesidad alguna, ya que estas no oponían resistencia ni generaban peligro alguno para agentes policiales”.
En tanto Colindres y Vásquez, requerían a defensores y estudiantes para su captura “o en su defecto, instruían a los policías de escala básica para su detención”, expresa el requerimiento.
Félix Adrián Colindres y Marlon Agustín Vásquez, pasarían tras las rejas entre 138 a 212 años de prisión por un delito de abuso de autoridad, un delito de violación a los deberes de los funcionarios, 12 delitos de tortura a título de autores por comisión y cuatro delitos de detención ilegal, de acuerdo con el análisis hecho por Tábora.
Hay esperanza aunque sistema esté amarrado de impunidad
Carlos del Cid es uno de los defensores afectado por la conducta de los policías hace cuatro meses en el campus de Ciudad Universitaria. Además de los vejámenes sufridos, también fue procesado, obteniendo sobreseimiento definitivo tras dos semanas de tener medidas sustitutivas a la prisión.
Al enterarse del requerimiento presentado, expresó su esperanza de que se haga recaer todo el peso de la ley a los tres policías.
De acuerdo con el dictamen forense que le fue practicado, Carlos del Cid sufrió “quemadura en ambos ojos y a nivel de ojo izquierdo congestión y quimiosis corneal (causada por el exceso de químicos) en un 80 por ciento”.
“Tenemos expectativas, pero sé que todo el sistema está amarrado para generar impunidad y lo que creemos y debemos hacer -los afectados y las organizaciones de derechos humanos- es meter presión para exigir que esta acción haga recaer todo el peso de la ley a estos policías”, comentó Del Cid.
El defensor de los derechos humanos no descarta hacer acciones internacionales, si no prospera el trámite interno.
Por otra parte, el defensor narró los daños ajenos a los vejámenes de los que fue objeto. Contó que su familia sufre niveles de angustia “mi esposa recibe varias llamadas desconocidas que buscaban a policías, oficiales que vivían en esa casa”.
Desde que ocurrió este hecho contra los defensores y las defensoras de los derechos humanos, las distintas organizaciones confluyeron en la Mesa Nacional de Derechos Humanos, espacio en donde se presentaron diversas acciones de condena a la agresión policial contra Tommy Morales, Carlos del Cid, Hedme Castro y Ariel Díaz.
Igualmente, como lo reconoció Carlos del Cid, este espacio (Mesa de DDHH), fue el canal por medio del cual se sostuvo diversas reuniones con la Fiscalía de Derechos Humanos, a fin de presentar este requerimiento, mismo que aún no se ejecuta y está a la espera en los mismos juzgados donde fueron procesados y procesadas defensores de la educación pública y los propios defensores y defensoras.
