Choluteca, Honduras (Conexihon).- Militarizar la zona por un periodo de seis meses y medidas contrarias a la prisión, fueron las medidas que adoptó el sistema judicial contra 14 pobladores y pobladoras de
seis comunidades del municipio de Namasigüe el pasado jueves 28 de septiembre.
A los defensores y defensoras se les acusa del delito de Coacciones, a raíz de una acción penal, interpuesta por el Ministerio Público (MP), junto a supuestos empleados de la empresa Scatec Solar, responsable del proyecto de energía solar “Los Prados”, el 08 de septiembre.
Los criminalizados y criminalizadas son: Reynaldo Reyes Moreno, Leonardo Amador Rodríguez, Florentino Molina Sánchez, Luduin Javier Carranza, Gerson Armando Carranza Dávila, Magdaleno Centeno Osorio, Santos Agripino Reyes Aguilar, Erasmo de Jesús Pastrana, Ramón Azael Zúniga Velásquez, Denis Patricia Ordoñéz, Raúl Carranza López, Suyapa Zúniga Ramos y Santos Armando Vázquez Rodríguez.
Una de ellas fue que, a petición del Ministerio Público, se amplió el requerimiento fiscal por el delito de amenazas en contra de los 14 imputados e imputadas. Esto, supuestamente por un hecho contra Karin Mercedes Campos Johansen, cuyo vínculo en el proceso no se describe en el acta.
“Están tendiendo una trampa para criminalizar a los defensores y defensoras del municipio de Namasigüe”, aseveró la abogada Denia Castillo, quien forma parte del equipo legal que representa a los criminalizados y criminalizadas, junto al Comité por la Libre Expresión (C- Libre).
El resto de medidas contra los pobladores y pobladoras son las de presentarse a firmar al juzgado cada viernes, no salir del país, la prohibición de concurrir a la finca “Los Ángeles” donde existe un campamento de la población en protesta contra la instalación del proyecto de energía Solar y no comunicarse con personas determinadas.
Citan con un nombre, pero rectifican y criminalizan a otros
Fueron 12 hombres y dos mujeres los y las requeridos y requeridas por el Ministerio Público, a través del Fiscal Marvin Zelaya, pero al momento de ingresar a la audiencia, dos nombres no coincidían con lo que el escrito presentó.
Se trata de Suyapa Zúniga Ramos (nombre en el requerimiento), que se podría referir a Suyapa Zúniga
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Velásquez, y Santos Velásquez Rodríguez (nombre en el requerimiento) y sería Santos Velásquez Rivas.
Para el abogado Mario Rojas, del área legal de C-Libre, rectificar los nombres en el momento es un abuso de autoridad por parte del juez, al reconocerlos a su llegada a la audiencia y no tomar en cuenta que no aparecen correctamente sus nombres en el requerimiento.
“Esto es ilegal, el derecho penal es personalísimo, no puede citarse a una persona y procesarse a otra que es diferente y con el simple hecho de rectificar, se someta a una persona a un proceso penal”, aclaró Rojas.
Una medida “de protección” indignante
Además de aplicar las medidas contra los defensores y las defensoras, el juez accedió a la aplicación de una medida solicitada por el Ministerio Público en el requerimiento y a la que se adhirió la defensa privada, la presencia de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) en la finca donde se instaló la empresa por un periodo de seis meses.
En este sentido, tanto el Ministerio Público como el acusador privado, hizo un prejuzgamiento del delito que por amenazas y coacciones que supuestamente los imputados e imputadas han hecho hacia los empleados de dicha empresa, con eso quieren justificar la presencia militar, dijo el abogado Rojas.
Añadió que “el juez se ha convertido en una seguridad privada de esta empresa, al otorgarle lo que consideró como una medida de protección, la presencia de la Policía Militar”.
“Es indignante que por un delito cuya pena máxima es de tres años, la institucionalidad del Poder Judicial se arrodille ante las retenciones de las empresas transnacionales y se conviertan en su ente represor particular, para seguir sus funciones”, denunció Rojas.
Serán seis meses en los que los verde-olivo estarán resguardando este predio donde se construiría uno de los nueve proyectos de energía solar destinados para este municipio del sur del país, en donde las comunidades que se oponen a esta iniciativa, aun con procesos de criminalización no están dispuestos a que el sol sea una amenaza hacia sus vidas en los próximos 50 años, pues estos parques solares han aumentado la temperatura ambiental.
