Reitoca, Francisco Morazán (Conexihon).- “Con un cabildo amañado” convocado por la alcaldía la empresa Promotora de Generación de Energía Limpia S.A (PROGELSA), pretende continuar con la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Río Petacón, denunciaron este miércoles el integrantes del Comité de Protección del Río.

La acción está prevista para el próximo viernes 15 de junio a las 8:00 de la mañana en la municipalidad de Reitoca y aunque los pobladores expresan su descontento puesto que consideran que “ya está arreglado”, han anunciado la movilización de varias comunidades indígenas Lencas, afectadas por el proyecto.

“Hay que ir al cabildo, pero en realidad hay miedo porque se supone que la gente de las aldeas va a venir armada”, advirtió, Miriam Osorto, pobladora de Reitoca, al referirse a quienes son afines al proyecto.

Sitio de la construcción de la represa, 12 de marzo, 2018. /Fotografía tomada de www.sciencesetavenir.fr, Rolando Sierra.

Se espera que participen habitantes de las aldeas de Agua Caliente, Reitoca Centro, San José, Agua Blanca, Sabanesa, San Carlos, La Guadalupe, Santa Cruz entre otros, al igual que organizaciones de derechos humanos, realizando acciones de veeduría ciudadana y acompañamiento.

Las organizaciones de derechos humanos y del Movimiento Social han hecho llamados al alcalde, Marlon Osorto, para frene las acciones de intimidación y amenazas a los pobladores, en el marco del ejercicio de su derecho legítimo a la protesta, pero temen que la alcaldía ignore el acuerdo donde se estableció a Reitoca como un municipio libre de proyectos extractivos.

Se estima que el caudal del río beneficia a más de once mil habitantes, de los cuales, 7,500, aproximadamente, son de origen Lenca. El Proyecto Hidroeléctrico Río Petacón, está localizado en la aldea de Guadalupe, entre los municipios de Reitoca y Lepaterique, al sur de Francisco Morazán.

Oposición comunitaria

Agresión policial y militar del 30 de enero de 2018./ Fotografía de la Red Nacional de Defensoras.

Desde inicios del año 2015, al menos 100 familias de los municipios de Reitoca, Alubarén, La Venta en Francisco Morazán; San José y Perspire comenzaron con las acciones de rechazo contra la represa, pero fue hasta los primeros meses del 2018 cuando se instaló un campamento en un terreno comunitario, frente a los portones de ingreso a la empresa.

De acuerdo con los habitantes en los últimos meses el agua cambió de color y se han observado peces muertos, por lo que empezaron a buscar qué era lo que había pasado y cuando llegaron a la zona donde se está construyendo la cortina se enteraron que el cauce se había desviado y que todo el remanente de agua sucia corría por el río en dirección hacia donde las comunidades toman agua. A partir de ese momento, resolvieron instalar el campamento permanente.

“Iniciamos acciones de control territorial en la zona de construcción, desde el 14 de enero del 2018, y permanecemos un promedio de cien personas a diario para evitar que continúe la construcción de la represa, y que los interesados en ese denominado proyecto de desarrollo retornen”, indicaron en un comunicado público.

De acuerdo con, Wilmer Alonzo Herrera, desde 2008 se “empezó a legalizar tierras de forma arbitraria y los pobladores fueron al Ministerio Publico a interponer la denuncia, pero esta no tuvo ningún efecto”.

El pueblo realiza constantemente manifestaciones en contra del proyecto porque el agua estaba llegando contaminada y sucia, explicó.

Este río es la principal fuente de abastecimiento de agua para comunidades de los municipios de Alubarén, La Venta, San José y Pespire en Choluteca. Nace en la falda meridional de la montaña de Hierbabuena en el municipio de Lepaterique, con el nombre de río Petacón, al unirse con el río Humule, al norte de Reitoca, recibe el nombre de río Grande de Reitoca, al cual también se le une el río de Alubarén y más abajo el río Verdugo. Este es el mismo río que al entrar al departamento de Choluteca recibe el nombre de río Grande.

Río Petacón, hidrografía del municipio de Reitoca.

El 26 de febrero, una considerable cantidad de ciudadanos y ciudadanas se hicieron presentes a la asamblea donde se tomó la decisión de declarar el municipio libre de concesiones mineras e hidroeléctricas, pero fue hasta este día miércoles siete de marzo donde la Corporación Municipal y la ciudadanía en general reafirmaron la declaratoria.

“La corporación quiere anular este pacto por que ellos van jalar [traer] gente de todos lados que ni hacen uso del río para derogar el acuerdo”, sostuvo Herrera.

En la asamblea, las organizaciones defensoras del río Petacón impulsaron además un plan de reforestación, mismo que está en la mira de quienes impulsan la hidroeléctrica, con el objetivo de desestabilizar a la comunidad, con títulos ancestrales.

Violencia contra pobladores

Miriam Geraldina Osorto y Andrés Gutiérrez, tras haber recibido los impactos de bala.

Las comunidades indígenas sostienen que se han presentado varios incidentes violentos, en represalia proteger su patrimonio natural y ancestral.

El 30 de enero pasado, Miriam Geraldina Osorto y Andrés Gutiérrez fueron víctimas de los impactos de bala por elementos de la Policía Militar de Orden Público y sufrió una grave lesión en su pierna, mientras que Gutiérrez fue herido en su mano derecha, ambos aún no se recuperan totalmente.

Igualmente, personas armadas con el rostro cubierto y hasta un convoy militar han llegado hasta el campamento para intimidar a los acompañantes en repetidas ocasiones.

“El ejército ha disparado contra nuestros compañeros (…) responsabilizamos al gobierno y a las autoridades locales por la violencia que persiste, se está haciendo un genocidio contra nuestros pueblos indígenas”, reclamó el comunicado publicado el 10 de junio reciente.

Otro de los desalojos violentos ocurrió en 2017 cuando la ciudadanía se tomó durante varias horas la principal vía de acceso al municipio, pero la protesta fue reprimida por miembros de la Policía Nacional y la Policía Militar.

La toma pacífica cumple ya 125 días, pese a vigilancia, ataques y hostigamiento de parte de elementos de la PMOP, Policía Preventiva, Ejército y guardias de seguridad privada.

El 31 de enero la empresa emitió un comunicado calificando lo ocurrido como “actos de agresión” realizados por “grupos de oposición” y rechazando “enérgicamente la invasión ilegal, actos vandálicos, y tomas de carretera que han hecho actores de oposición a nuestro proyecto, liderado por un ex candidato a alcalde”.

A criterio de la empresa los pobladores “tienen oscuros intereses y claras manifestaciones de desestabilizar el país, aprovechando la situación política nacional, afectando con ello las fuentes de empleo”.

Proyecto aprobado de forma inconsulta

Trabajadores construyen complejo de túneles de la represa.

Los pobladores sostienen que representantes de la empresa han ido a las áreas de influencia y socializan el proyecto, pero no preguntan si están de acuerdo, violentando la Ley de Municipalidades y la Política Pública contra el racismo y la Discriminación Racial para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas.

También se ha violentado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre los Pueblos Indígenas y Tribales, que establece una consulta Libre, Previa e Informada con la comunidad.

Pese a los fuertes reclamos comunitarios, en noviembre 2017 el secretario de Energía, Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente), José Antonio Galdames entregó el galardón Virtud Verde al Proyecto Hidroeléctrico Río Petacón, “por su trabajo en pro de la conservación de los recursos naturales.

El proyecto hidroeléctrico

La construcción de la represa ha avanzado al menos en un 70 por ciento, aparte de la cortina de concreto, están construidos túneles, algunos provistos de alcantarillas de hasta dos metros de altura, y una parte de la sala de máquinas para dos turbinas, con capacidad para generar 7,5 megavatios/hora cada una.

El contrato con la empresa PROGELSA, propiedad del empresario energético y ex gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Jack Arévalo Fuentes, fue concedido mediante decreto No. 23-2015, por el Congreso Nacional para la producción de 11,890 kilovatios de energía eléctrica por un periodo de 20 años./GG y AP


 


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