Por darle cobertura a la defensa del territorio indígena lenca, en San José, departamento de La Paz, la corresponsal de Radio Progreso, Sonia Pérez, es perseguida y criminalizada por el Sistema de justicia, que en la actualidad la obliga a firmar un libro de control, como parte de las medidas de sustitución de la prisión preventiva impuestas por un juez de lo penal.
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon). – Como parte de su labor periodística, el pasado 18 de mayo, la comunicadora social, Sonia Pérez, corresponsal de Radio Progreso, le dio cobertura a un desalojo, ordenado por un tribunal de justicia, contra la comunidad indígena Lenca, de Nueva Palestina, jurisdicción del municipio de San José, departamento de La Paz.
Y pese a que en su labor de informar, la comunicadora Pérez, ya lleva cuatro años dándole cobertura a todas las acciones culturales y de defensoría del territorio, que realiza esa comunidad, el Ministerio Público (MP) la criminalizó, acusándola de los delitos de daños a la propiedad, alteración de términos linderos y usurpación agravada, las mismas figuras delictivas que les imputa a los miembros del Consejo Indígena Lenca de Nueva Palestina.
La comunicadora social no niega su descendencia de esa etnia, pero esto no implica que forma parte del Consejo Indígena Lenca de Nueva Palestina. Sin embargo, mediante fallo dictado recientemente, el titular, del Juzgado de Letras, seccional de La Paz, le dictó las medidas de no acercarse a sus fuentes de información y de firmar cada 30 días el libro de control judicial.
Por orden de un juez, Sonia Pérez tiene prohibido realizar su trabajo como comunicadora social
Nueva Palestina, es una comunidad de 38 familias, asentada en un territorio de 229 hectáreas de tierra ancestral, reconocida legalmente por el título otorgado por la corona Española y por documentación del Instituto Nacional Agrario (INA), emitida en 1999.
No obstante, en el 2016, periodo gubernamental de Juan Orlando Hernández, el INA entregó un nuevo título de propiedad de esa tierra ancestral, a favor de Juan Gabriel Argueta, un reconocido terrateniente, que en el pasado reciente acosó y desalojó con la ayuda del MP y la Policía Nacional, a otros grupos de campesinos de esa región.
El desalojo contra la comunidad indígena de Nueva Palestina fue violento y afectó, directamente, a niños, mujeres y adultos mayores.
Conexihon solicitó información al MP sobre el caso de la comunicadora social Sonia Pérez, a través del jefe de la oficina de comunicaciones, Yuri Mora, se obtuvo la siguiente respuesta: «Ella fue incluida en la acusación por parte del MP, porque no estaba como representante de un medio, sino más bien como parte de los invasores, incluso sele había advertido que no podía estar en el predio, por eso se le acusó».
Por su parte, la comunicadora social respondió: “En primer lugar, puedo decir que lamento la forma de operar de los terratenientes y como utilizan al Ministerio y Poder Judicial, segundo ellos no conocen mi labor, tanto como lideresa en mi municipio, defensoría de derechos humanos y desde luego mi labor periodística. Y lo más importante es que nunca he formado ni formo parte del Consejo Indígena Nueva Palestina”, expresó Pérez.
Explicó, para tener una propiedad en la comunidad de San José es necesario ser parte del Consejo Indígena Lenca y ese requisito, no lo cumplo.
Vale mencionar, que las medidas judiciales impuestas, también le impiden a la comunicadora Pérez ejercer su profesión.
El caso despertó la solidaridad de las organizaciones que trabajan en la defensa de la libertad de expresión y ciudadanos que se han manifestado en defensa de Sonia Pérez, abriendo el debate sobre su criminalización y la acusación contra los miembros del Consejo Indígena Lenca.
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