Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- En la calle no hubo restricciones de entrada como en la Sala uno del Tribunal de Sentencia. Afuera de la sede del Poder Judicial se convirtió en un Tribunal Popular, un espacio donde la familia de Berta Cáceres Flores, el equipo legal y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), declararon que la demanda de justicia no ha terminado ¡Continúa!
En un boletín de prensa leído por Berta y Laura Zuniga Cáceres, aseguran que las estructuras y personas que dieron el dinero para asesinar a su madre, en marzo de 2016, “siguen gozando de la libertad y de la posibilidad de seguir desarrollando crímenes de manera impune”.
Consideran que la condena que dictó este jueves 29 de noviembre, el Tribunal de la Sala I, son para “el eslabón mas bajo de la estructura criminal” y con ello la justicia hondureña pretende callar la demanda de justicia de las víctimas y su equipo legal.
Dicha Sala declaró culpables a Mariano Díaz Chávez, Douglas Geovanny Bustillo, Sergio Ramón Rodríguez, Elvin Heriberto Rápalo, Henry Javier Hernández, Edilson Duarte Meza y Oscar Torres Velásquez, por el asesinato de Cáceres, la noche del 02 de marzo de 2016, en su casa en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá.
En el comunicado, la familia, el COPINH y el equipo legal que acompaña la exigencia de justicia para la lideresa, exige que sean puestos ante los tribunales de justicia “todos los responsables por el asesinato de Berta Cáceres y no únicamente quienes pagados por DESA”.
Cuestionaron la perpetuación de impunidad en la búsqueda de justicia para la cofundadora del COPINH, al ser excluida la representación privada del juicio (el pasado 20 de octubre).
Además, señalan que los autores intelectuales continúan disfrutando de impunidad, lo que hace parte de un contexto de violencia que sostiene al modelo extractivista, “que saquea nuestros pueblos”.
“No termina la lucha por justicia para Berta Cáceres y el pueblo lenca, por el contrario, se profundizan nuestros esfuerzos”, añade el comunicado del COPINH y su equipo legal. ¡La justicia hondureña está en deuda con nosotras y nosotros, con todo el pueblo hondureño!”, cierra el comunicado leído ante la prensa, tras la lectura de la sentencia.
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Dos años de no callar hasta que el Tribunal escuchó
Para Víctor Fernández, quien es parte del equipo legal en la casusa Berta Cáceres, estar afuera de la Sala, únicamente fue la prolongación de la decisión hecha por el tribunal de excluiles, como parte del juicio. Sin embargo, estuvo atento al desarrollo de la lectura que condenó a siete de los ocho acusados por el asesinato de la defensora.
“La empresa DESA (Desarrollos Energéticos S.A), a través de sus ejecutivos y su personal, son responsables de pensar, decidir y asegurar el asesinato contra Bertita, hoy lo ha reafirmado esta sentencia”, dijo Fernández, tras dos años de afirmarlo junto a la familia de la lidersa y guardiana de los ríos, como recuerda a Berta.
Para el integrante del equipo legal en este proceso no hubo manera de evitar, para quienes integraron la Sala Uno y dictaron el fallo, que el crimen contra Berta Cáceres se insertó en interrumpir todo el proceso de resistencia que desarrollo el COPINH contra el proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”.
Igualmente se refirió a la absolución de Emerson Duarte Meza, capturado en la ciudad de La Ceiba, como una de las cosas que se dijo durante estos dos años del proceso, y que el tribunal con su fallo lo ratifica.
Sobre la concesión otorgada a DESA, misma que sigue vigente, el abogado la calificó como “ilegitima, ilegal y llena de sangre”. Por ello debe ser revocada, en manos del gobierno hondureño se encuentra la responsabilidad de hacerlo, puntualizó el abogado Fernández.
En enero de 2017, Global Witness presentó en el país el informe “Honduras: El país más peligroso para defender el planeta” y sobre el caso Berta Cáceres, la organización sostuvo “que quienes encargaron el asesinato de Berta Cáceres se encuentran en un escalafón superior al de las personas que están detenidas actualmente”.
Fernández reiteró la demanda de la familia de Berta Cáceres, al mencionar que la deuda que tiene la justicia hondureña es que “persiga a los dueños de la empresa DESA”.
“Es algo inmediato”, apuntó.
Mientras se espera la determinación de la pena para los siete declarados culpables por el asesinato contra Berta Cáceres, convocada por el tribunal para el 10 de enero de 2019, las mantas, carteles colocados en las afueras de la Corte Suprema reclaman justicia.
