Tegucigalpa, Honduras (Conexihon). - El impedir que la prensa brinde cobertura sobre el juicio oral y público contra ocho implicados en el asesinato de Berta Cáceres, es una de las “graves violaciones” que denunciaron este viernes las organizaciones que conforman la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).

La FIDH señaló en conferencia de prensa que, la limitación a la prensa afecta los intereses de la sociedad de conocer la verdad sobre los crímenes. Juan Francisco Soto, director del Centro de Acción Legal y derechos Humanos (CALDH) y vicepresidente de la Federación, amplió que el hecho que no se pueda transmitir las audiencias “limita la publicidad de todos los actos que puede tener este proceso penal”.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), presentó un recurso para que fuera transmitido el juicio; pero el mismo fue inadmitido por la Corte de Apelaciones a finales del mes de septiembre de este año.

Igual solicitud hizo la emisora Radio Progreso, pero se desconoce si fue respondida.

Por la importancia del proceso de justicia para Berta Cáceres, a nivel regional y del resto del mundo, tiene una repercusión muy grande de transparentar las actuaciones en el proceso, donde la sociedad verifica y está al tanto de lo que ocurre en el juicio, remarcó el vicepresidente de la FIDH.

Un tribunal que deja sin voz y sin defensa a las víctimas

Sobre la exclusión de la acusación privada del juicio, las organizaciones que aglutinan la FIDH consideraron que es “contraria a los estándares internacionales y constituye una violación a sus derechos constitucionales”.

“El tribunal ha dejado sin voz real a las víctimas y al obligarlas a ser representadas por el Ministerio Público, atenta contra su derecho al debido proceso, la verdad y la justicia efectiva que exigen los estándares internacionales”, expuso Soto.

Además, a la FIDH, como integrante de la Misión de Observación Calificada que da seguimiento al juicio contra los ocho responsables del asesinato de la lideresa del pueblo lenca, le preocupa la no admisión como víctima y su acusación privada al COPINH, organización que cofundó Cáceres en 1993 y de la que era su coordinadora general al momento de su asesinato, el 02 de marzo de 2016.

Sobre la exclusión de las víctimas, puede tomarse como represalia y una medida para evitar cuestionamientos que han venido haciendo a lo largo del proceso en demanda de justicia para Berta, expuso la FIDH en el comunicado.

Las organizaciones catalogaron como inaceptable el tratamiento que la justicia hondureña ha dado a las víctimas en este caso.

El juicio oral, inició sin la acusación privada el pasado 20 de octubre. Actualmente se encuentra suspendido y fue convocado para continuar la próxima semana.

Cuestionado por enésima vez el Ministerio Público

Sobre el papel del Ministerio Público, todavía las organizaciones insisten en el incumplimiento de este de presentar de manera “oportuna y completa” la información procesal, así cómo el Poder Judicial no tomó las medidas correspondientes para el cumplimiento de lo señalado, denunciaron las organizaciones en la rueda de prensa.

Recalcaron la falta de análisis del contexto de persecución contra el COPINH y contra Berta Cáceres. Particularmente contra la lideresa ocurrieron acciones de hostigamiento, persecución, amenazas, ataques, campañas de desprestigio y un proceso penal en su contra en 2013.

Reinaldo Villalba Vargas, coordinador del área penal del Colectivo de Abogados- CAJAR, instó a que el Ministerio Público, profundice esto en la investigación “lo que facilitaría determinar las estructuras y aparatos criminales que planearon, ordenaron y ejecutaron su asesinato (refiriéndose a Cáceres)”.

Actualmente, sólo la representación del MP, lleva la acusación contra los ocho personas señaladas en el crimen planeado para asesinar a la premio Goldman al Medioambiente 2015.

Finalmente, la Misión de organizaciones que conforma la FIDH evidenció su preocupación por la vulnerabilidad en el que los defensores y defensoras de derechos humanos realizan su labor en el país, al presentar una de las cifras más altas del mundo de asesinatos de defensores de derechos humanos, principalmente de ambientalistas.

Por ello, enfatizó, instamos al Estado en su conjunto a tomar las medidas necesarias y eficaces para garantizar el ejercicio de la defensa de los derechos humanos con plenas garantías.

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