Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- La organización Amigos de la Tierra de América Latina, exigió este lunes 16 de agosto que cese la persecución judicial contra los defensores del municipio de Reitoca, victimas de un proceso por defender el rio Petacón del capital extractivo.

En un comunicado, Amigos de la Tierra América Latina expuso que la persecución judicial es un “intento de amedrentar la lucha del pueblo contra las represas y en defensa de sus ríos”.

La organización internacional condenó el uso excesivo de la fuerza con que la Policía Nacional irrumpió en el municipio, cerca de las seis de la mañana del pasado jueves 05 de agosto, donde lanzaron gas lacrimógeno hacia la población y la detención de cinco defensores.

Además de los cinco, existen otros diez defensores de bienes comunes que enfrentan procesos penales “en un claro acto de criminalización y represión de los afectados por el proyecto hidroeléctrico”, expuso la organización.

“Alertamos una vez más a organizaciones sociales y ambientales a denunciar este hecho y apoyar solidariamente al pueblo hondureño que resiste la violencia neoliberal en sus territorios”, puntualizó Amigos de la Tierra en su comunicado.

Desde 2018, la población en Reitoca se organizó en un campamento en defensa del Rio Petacón de los intereses de la empresa Promotora de Generación de Energía Limpia S.A (Progelsa) para instalar una represa hidroeléctrica.

Este lunes, se lleva a cabo la audiencia inicial contra los defensores José Orlando Rodas, Jorge Alberto Montes, Andrés Avelino Gutiérrez, Renán Ovidio Zelaya y Jairo Oliva, criminalizados desde el pasado 05 de agosto; hasta la redacción de la nota seguían el proceso en los Juzgados de Letras Penal de Comayagüela.

Los defensores criminalizados fueron sometidos a una larga audiencia de declaración de imputado junto a su equipo legal conformado por la abogada Kenia Oliva y los abogados Mario Rojas y Carlo Jiménez; en la que se les decretó medidas contrarias a prisión, dejándoles en libertad en horas de la madrugada del 06 de agosto.

Organizaciones nacionales de derechos humanos, se encuentran acompañando y denunciando los hechos que criminalizan la defensa de los bienes comunes y la naturaleza en el municipio ubicado al sur del departamento de Francisco Morazán.

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