Por: Periodismo independiente en seguimiento de derechos civiles
Cuatro sobrevivientes de graves violaciones a los derechos humanos en la frontera de El Florido Copán, han esperado desde el 2024 por justicia. Las denuncias documentan tortura, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y privación ilegal de la libertad por parte de once agentes de la Policía Nacional de Honduras (PNH).
Este caso ya es del conocimiento de El Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, donde finalmente la audiencia inicial se llevará a cabo el 11 de marzo del presente año a las 10:00 a.m. en la ciudad de San Pedro Sula.
Este proceso representa no solo un avance judicial luego del prolongado silencio de las autoridades hondureñas, también representa un llamado al Estado de Honduras para responder ante los abusos cometidos, pese a que los efectivos policiales recibieron el beneficio de defenderse en libertad y no en prisión preventiva a pesar de la gravedad de los delitos imputados y su capacidad para obstruir pruebas y de los acercamientos indebidos con la víctima Erika Fabiola Morales Lemus.
Durante este tiempo tanto los ciudadanos guatemaltecos, Erlyn Anderson Ortiz Villeda, José Armando Tejeda Ramos, David De Jesús Lemus Rosales, una persona con discapacidad cognitiva y la hondureña Erika Morales, han sido víctimas de desplazamiento forzado, amenazas, intimidación, acoso y persecución por parte de oficiales policiales. Aunque han buscado apoyo a instancias de derechos humanos y al propio sistema judicial, solo hasta ahora se les notificó de la audiencia inicial del proceso.
Estas cuatro personas han sufrido vejámenes durante lo que debía ser una revisión rutinaria el 15 de agosto de 2024, en El Florido, frontera entre Honduras y Guatemala. En las denuncias interpuestas se detalla que las víctimas fueron objeto de robo, retención de documentos, comentarios xenofóbicos y uso excesivo de la fuerza, incluyendo golpes y tortura. Erika Fabiola Morales, en particular fue amenazada con ser violada para “bajarle la hombría a su esposo” evidenciando violencia en razón género y el abuso coercitivo institucional.
Según los testimonios de las víctimas todo se habría desarrollado luego que les solicitaran la factura de una hidro lavadora que transportaban en el vehículo, la cual era antigua y de uso familiar por lo que no contenían un recibo, después de cierto tiempo explicando a los oficiales procedieron a sacar artículos del vehículo como una cadena con un valor sentimental y económico dinero y otras pertenencias personales.
Durante agosto de 2024 continuaba en vigor el de estado de excepción decretado por el gobierno de la ex presidenta Xiomara Castro, en diciembre de 2022, el cual se encontraba en ese momento bajo la regulación del PCM 19 2024, qué tipifican la suspensión de las garantías constitucionales del artículo 69 sobre la libertad personal, artículo 78 sobre la libertad de asociación y reunión, artículo 81 sobre la libre circulación, artículo 84 sobre el arresto o detención en virtud de mandato escrito de autoridad competente, artículo 93 Sobre la detención en instancias carcelarias y artículo 99 sobre el domicilio mismas que según el decreto PCM 29 2022, qué fue ampliado por 45 días la suspensión de garantías constitucionales desde el 4 de julio al 18 de agosto del 2024.
Justificando que : “En virtud de la grave perturbación de la paz y la seguridad que prevalecen las principales ciudades del país ocasionada esencialmente por grupos criminales organizados que operan como mafias poniendo en riesgo la vida y los bienes de las personas incurriendo y consumando delitos de extorsión asesinato robo tráfico de drogas y secuestro”, en consecuencia a la Secretaría de Estado en el despacho de Seguridad Pública a través de la Policía Nacional Preventiva, respetando el principio de necesidad y proporcionalidad necesarios para mantener la seguridad el orden y la paz en la comunidad se les facultó para detener a las personas que determinen y consideren responsable de asociarse ejecutar o tener vinculaciones en la comisión de delitos y crímenes contemplados en este decreto.
Revictimización e impunidad
Las cuatro víctimas fueron golpeadas, torturadas y privadas de todo tipo de comunicación durante horas críticas, sin que se les permitiera solicitar ayuda. Mientras esto transcurría solo gracias a la intervención de una conocida de la comunidad, quien alertó a sus familiares, fue posible conocer el paradero y esclarecer la situación en la que se encontraban.
La vulnerabilidad extrema de las personas afectadas y la negligencia institucional que permitió que permanecieran sin comunicación alguna y expuestas a abusos por parte de los oficiales que ahora se encuentran imputados, pero gozando de su libertad evidencia la urgencia de la aplicación de una justicia efectiva.
Los encausados por este caso son los agentes policiales Kevin Justiciano Oseguera Centeno, subinspector de policía, Lesly Yasmin Vareta Canales policía, Fredy Anael Reyes López policía, Wilson David Girón Girón, Christian Ricardo Gutiérrez Portillo, Olkin Otilio Gutiérrez Bonilla, Dilmer Samir Flores Nieto, Edys Antonio Gonzales Ordoñez, Carlos Orlando Mejía Pineda, Yuri Finlander Galileo Rodas, y Dani Francisco Rodríguez Turcios.
Erika Lemus se ha presentado ante instancias como el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) y Ministerio Público (MP), para denunciar persecución y amenazas luego que el agente policial Kevin Oseguera intentará negociar un acuerdo, aduciendo que en ese momento tenía otro proceso en curso que podría afectar su cargo.
Luego de interponer la denuncia Erika, Erlyn, José y David fueron sometidos durante el 2024, 2025 y 2026 a un patrón de hostigamiento sistemático, incluyendo la implantación de pruebas para ser inculpados injustamente y obstaculizar el desarrollo del proceso judicial.
Este caso revela tanto la vulnerabilidad de quienes reclaman justicia como las deficiencias que se encuentran en buscarla y cómo puede convertirse en un riesgo, cuando el sistema que debe de resguardar a las víctimas actúa con negligencia y abuso.
La denuncia no es garantía de justicia cuando impera la inmunidad policial El 27 de enero del 2026 Erika y su esposo fueron detenidos por segunda vez por agentes policiales en el departamento de Copán, mientras trasladaban donaciones de la Fundación Colaboración y Esfuerzo (FUNDACOES), destinadas a autoridades públicas y a personas en situación de extrema necesidad. Pese a ello, los agentes se negaron a permitir a mostrar la documentación que acreditaba el origen y destino licito de los insumos.
Como consecuencia de esta detención una profesional del derecho — cuya identidad se mantiene en reserva por motivos de seguridad — y una persona familia de Erika Morales se trasladaron a la unidad policial para conocer las causas de su privación de libertad donde encontraron a Morales Lemus en un colapso nervioso, situación que obligó a las autoridades a remitirla a una clínica médica. No obstante, incluso en ese contexto de extrema vulnerabilidad, los actos de intimidación continuaron, aprovechándose de su estado para prolongar los atropellos.
Ante la escala de abusos, la hermana de Erika comenzó a documentar los hechos para dejar constancia. La reacción fue inmediata, el oficial a cargo intentó confiscar los dispositivos móviles en un aparente intento de impedir las grabaciones audiovisuales. Las autoridades avanzaron con cargos y un llamado a audiencia que refuerza los señalamientos de un patrón de hostigamiento institucional que da un giro que ha encendido las alertas sobre el proceso penal como mecanismo de presión.
Finalmente, Erika, recalcó que un agente le dijo mientras estaba detenida que “meterse con la Policía es el peor error de un ciudadano”, señalando que su caso es solo uno más, en un contexto donde la población hondureña no tiene posibilidades de defenderse contra las constantes violaciones de derechos humanos que realizan algunos policías valiéndose de su inmunidad.
Periodismo independiente en seguimiento de derechos civiles
