Tegucigalpa, Honduras (Conexión).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), luego de celebrar su asamblea anual número 73, afirmó que Honduras enfrenta un panorama adverso en materia penal e
impunidad en asesinato contra periodistas, comunicadores sociales y trabajadores de medios.
Específicamente sobre el país, la SIP contextualizó que, aún no se derogan figuras penales tales como calumnia, injuria y difamación que criminalizan y castigan las expresiones críticas cuando se cuestiona asuntos de interés público e involucra a funcionarios.
“Situación que también afecta a profesionales de la comunicación y ciudadanos en general”, afirmó la SIP.
Además, se mantiene vigentes leyes que restringen de manera ilegítima del acceso a la información pública, entre ellas la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional (conocida como la Ley de Secretos Oficiales), y la Ley de Inteligencia Nacional.
Estas “contienen disposiciones contrarias a los principios de libertad de prensa y de acceso a la información pública”, apuntó la organización.
Otro de los puntos abordados sobre Honduras en la sesión de la SIP, fue la situación de violencia contra el ejercicio periodístico. Hasta el momento se registran cuatro muertes ligadas esta labor, en el mes de enero, fue asesinado en San Pedro Sula Igor Padilla, periodista y productor de televisión.
El 15 de junio perdió la vida el comunicador social Víctor Fúnez, en la ciudad de La Ceiba, Atlántida. Este era conocido como “El Maza”, y aspiraba a una diputación por el departamento de Atlántida por el gobernante Partido Nacional de Honduras.
El 13 de septiembre se reportó la muerte de Carlos William Flores, quien tenía un espacio en el Canal 22 en el municipio de Omoa, departamento de Cortés.
Recientemente, el 04 de octubre, el comunicador Osmín España sufrió un atentado en la ciudad de Santa Rosa de Copán. Falleció al día siguiente.
Además, fue abordado con preocupación el ataque contra Jhonny Lagos y Lurbin Cerrato, el 24 de agosto pasado en las afueras del mensuario El Libertador, que dirige la pareja de periodistas, en Tegucigalpa.
Gobierno se niega a derogar 335-B
El artículo 335-B aprobado dentro un paquete de reformas al Código Penal hondureño el pasado mes de febrero, se mantiene vigente en el país, a pesar de que en su última asamblea la SIP solicitó la derogación del mismo porque contraviene principios universalmente aceptados en materia de libertad de expresión.
“En la última Asamblea de la SIP se aprobó resolución mediante la cual solicitaba al Gobierno de Honduras derogar dicha reforma, lo cual a esta fecha no ha ocurrido”, expresó la Sociedad Interamericana de Prensa.
El 25 de mayo, fecha en que se celebra el Día de la y el Periodista en Honduras, el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Este recurso, cuestiona la forma en que fue discutido y aprobado, el pasado 27 de febrero, dicho Artículo por el Poder Legislativo, a iniciativa del diputado de la bancada del oficialista Partido Nacional, Oscar Álvarez Guerrero.
Hasta la fecha, la Sala de lo Constitucional del Poder Judicial sigue sin emitir resolución sobre este y otro recurso presentado por el periodista Edgardo Rodríguez.
La SIP consideró que en el mundo se ha consolidado un patrón de agresiones que afecta el ejercicio del periodismo y que proviene tanto del crimen organizado como de autoridades y gobiernos.
Foto: www.sipapa.org
