Por Karen Janeth Duarte
De rudos malsines, falsos paladines, y espíritus finos y blandos y ruines, del
hampa que sacia su canallocracia con burlar la gloria, la vida, el honor, del
puñal con gracia, ¡líbranos, señor! Rubén Darío[1]
En un Estado de Derecho los poderes funcionan de manera independiente para garantizar que uno no se sobrepone a otro, ni aniquila su independencia para operar y velar por la igualdad de derechos y responsabilidades que se adquieren con la ciudadanía.
La buena administración pública de los sistemas financieros, de seguridad, educación, salud y justicia ayudan a maximizar los recursos y asegurar que el dinero público contribuya a mejorar la calidad de vida y a combatir la indigna realidad que condena al 70% de nuestra población a la pobreza. Por ende, una mala gestión pública, por cualquier “motivación”, acrecienta las brechas de inequidad y exclusión en nuestro país.
La demanda por reducir estas brechas mediante el acceso a los servicios sociales y a los derechos de la población hondureña es el conocido lamento de décadas, pero sin mucha resonancia al momento en que tecnócratas y élites políticas hacen el canvas del hacia dónde debe dirigirse al país. Las imágenes reflejan una precarización constante de la vida y la dignidad de cada hondureño y hondureña. ¿Dónde están los responsables de esas injustas brechas sociales exacerbadas por los actos de corrupción?
Parece que en el país hay catástrofes que no tienen responsables, pero sí víctimas, casi 9 millones para ser exacta. Los responsables son removidos de sus cargos en la gestión pública ante la denuncia de irregularidades. Cuando la presión internacional es grande y la población muestra su indignación, como la marcha de las antorchas en el 2015, se buscan soluciones no para subsanar los delitos, pero sí para buscar responsables, aunque sigan sin ser acusados, condenados, en un baile constante con el sector justicia que demuestra su histórica incapacidad para sentenciarlos.
Esos Estados incapaces para refrenar el delito y hacer justicia están creando un arma letal para la autodestrucción de las frágiles democracias como la de Honduras. Recurriendo al filósofo francés Jacques Derrida, cuando desde el poder político-económico se fomenta la creación de estructuras paralelas impermeables al Estado de Derecho, ocurre la acción performativa de un cultivo de canallas:
“La canallocracia, denuncia ante la ley, una fuerza organizada, aún no el caso-Estado de una mafia, pero sí una especie de poder oculto y marginal, el contra-poder delictivo de una sociedad secreta o de una conjura, la contra-institución de una cofradía clandestina que reagruparía a los que están fuera de la ley y a los embaucadores… también puede a escala internacional practicar el tráfico de drogas y parasitar, incluso desbaratar las vías de comunicación[2]”.
Las prácticas y estrategia políticas en las últimas décadas no han contribuido a fortalecer el sistema de justicia. Los recursos financieros públicos han sido administrados de manera irresponsable, negligente y sobre todo utilizados para cimentar una red de corrupción entrelazada con los carteles de narcotráfico[3] que operan en el país y han logrado establecer relaciones político-comerciales con representantes de los partidos políticos y autoridades del actual gobierno.
El desfalco del IHSS en el 2015 dejó un robo de casi US$ 300 millones[4] y la vida de casi 3,000 personas. A esas muertes se deben sumar las victimas por falta de recursos para la atención ante la pandemia de COVID. ¿Dónde están los canallas responsables?
El exdirector del IHSS logró fugarse, “aparecer” y sigue retenido en condición de privación de libertad en un batallón de infantería. ¿No debería estar en una cárcel de máxima seguridad, considerando la magnitud del delito por las muertes en serie asociadas a sus actos de corrupción[5]?
Es incomprensible que ante un acto tan repudiable y de gran indignación que motivó el movimiento de las antorchas se sigue sin hacer justicia contra las y los responsables a quienes, además, se les otorgó el privilegio de defenderse en libertad. Y lo que es aún peor, recientemente la Corte Suprema de Justicia (CSJ) les absolvió por insuficiencia de pruebas de tan horroroso crimen a la vida, incluida Lena Gutiérrez[6].
¿Dónde está el Estado que vela por el bienestar público, por la transparencia, gobernabilidad y justicia?
En el 2017, la MACCIH presentó las pruebas del caso Pandora por una malversación de fondos de US$ 12 millones administrados por la Secretaría de Agricultura y Ganadería que vincula a unas 53 ONGs y 176 representantes del Congreso Nacional y otras estructuras políticas[7] que los usaron para pagar campañas de los partidos liberal y nacional. ¿Dónde están los 22 ladrones y responsables del delito a pesar de tener suficientes evidencias según la MACCIH y el Ministerio Público?
Hace unos días la CSJ declaró absueltos a todos los imputados del robo, y seguimos sin el dinero y sin responsables.
El CNA en el 2016 investigó el caso de corrupción del INFOP que contó con el seguimiento de la MACCIH en el 2018 (#cajachicadelhermano), el cual involucra a un magistrado de la CSJ[8] en actos de corrupción. ¿Será este caso una ilustración de por qué tantos actos de corrupción permanecen en la más absoluta impunidad y explicar, a la vez, por qué finalmente se expulsó a la MACCIH, cuando algunos de los investigados e implicados en estos casos son precisamente los magistrados que deben velar por hacer justicia?
Que nuestro sistema judicial le otorgara al expresidente Rafael Leonardo Callejas 16 cartas de absolución[9] revela la existencia de una red que fomenta la corrupción y evidencia el desinterés por hacer justicia. La impunidad desde hace décadas es nuestro porvenir.
La plataforma de actos que siguen sin responsables es vasta. La malversación de US$43 millones en el Trans 450 en Tegucigalpa sigue sin sustentar evidencias o señalar culpables, pero la deuda pública del préstamo BID continúa y se han pagado ya 180 millones de lempiras por una obra símbolo de corrupción, mientras sus responsables siguen en el gobierno e incluso son aspirantes presidenciales[10].
Es decir, culpables o responsables del mal manejo no hay, pero deudas sí que las hay, y en abundancia. El #dóndeestáeldinero no es un llamado exclusivo a la malversación y actos de corrupción de los fondos de emergencia ante el COVID-19. Es un grito de una población indignada, humillada y desesperanzada que no quiere morir y sigue su lucha letárgica por las décadas de corrupción y abandono.
Si existiera un poder judicial independiente y con jueces y magistrados que ejerzan éticamente sus funciones, entonces sabríamos dónde están los responsables. ¡Estarían en la cárcel!
Como dijo el poeta Roberto Sosa, mientras la Casa de la Justica esté llena de encantadores de serpientes, y haciendo de su quehacer amoral un escudo de protección para esa red de canallas impunes que cometen actos de corrupción, malversación de fondos, narcotráfico, tráfico de influencias, abusos de poder y violaciones de DDHH, podemos declarar que vivimos en un Estado de canallocracia.
[1] Poema de Rubén Darío, LETANÍAS DE NUESTRO SEÑOR DON QUIJOTE.
[2] Derrida, Jacques, Canallas, Editorial Trotta, Madrid 2005, p. 87.
[3] https://es.insightcrime.org/
[4] https://saqueoihss.com/ihss_cifras.html
[7] https://www.univision.com/
[8] https://www.reporterosdeinvestigacion.com/
