Por: Javier Suazo
“Las comunidades campesinas del mundo entero ya alimentan a las grandes mayorías (70% de la población mundial) con un mínimo de acceso a los bienes naturales (25%). Mientras tanto, el agronegocio monocultor exporta mercancías, destruye la biodiversidad, enferma a la gente, desplaza comunidades locales, mata a quienes resisten y calienta el planeta”……Vía Campesina
Honduras es uno de los países más vulnerables al cambio climático. En 1998, la tormenta tropical y Huracán Mitch, dejó más de 6,600 muertos y 1.4 millones de personas damnificadas, 60% de la infraestructura y 70% de la producción agrícola destruidas, con una pérdida total de 3,793.6 millones de dólares, cerca del 70% del PIB (CEPAL: 1999). Una de las sentencias del presidente Bill Clinton que visitó Honduras, fue que el país debería cuidar los bosques, ya que de no hacerlo se profundizaría la vulnerabilidad ambiental.
Honduras, junto a Bolivia, Guyana, Haití y Nicaragua, fueron beneficiados de la Iniciativa de Países Pobres Severamente Endeudados (HIPC), lo que permitió destinar el pago de recursos de la deuda externa al combate de la pobreza (2000-2015), pero en 2016 se reconoció que los recursos se habían mal invertido, robado parte de ellos y las metas de las Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP) no se cumplieron.
La ERP se ejecutó bajo una visión centralista y burocrática que afectó la participación efectiva de los gobiernos locales y organizaciones de sociedad civil en los territorios; la excepción lo fue, el Espacio Regional de Occidente (EROC) y la Asociación de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo (ASONOG), que con apoyo de la Cooperación Sueca, decidieron nadar contra corriente y elaborar su ERP regional con la participación de la ciudadanía, estableciendo las prioridades de inversión con base a consensos y potencialidades de la región occidental de Honduras. La respuesta fue el recorte de fondos por el gobierno, lo cual facilitó el retiro de los suecos de Honduras.
Después del golpe de Estado (junio de 2019), Honduras empezó de nuevo una espiral creciente de endeudamiento externo, al pasar de 2,444.8 millones de dólares en junio de 2009 a 6,961.5 millones de dólares en 2018 (cifras oficiales maquilladas), un aumento de 184.7%, con un servicio de la deuda estimado para 2019 en más de 38,000 millones de lempiras. Ello coincide con una caída de los ingresos tributarios, la profundización de la crisis financiera de la ENEE, el uso de fondos de las instituciones de pensiones para construir edificios públicos y la desaceleración de la economía mundial e impacto negativo en las exportaciones.
En la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Cambio Climático (COP25) celebrada en Madrid, España, el presidente Juan Orlando Hernández (JOH), propuso que Honduras deje de pagar el servicio de la deuda externa en los próximos dos (2) años y dedicar esos recursos a la agricultura, reforestación y construcción de reservorios de agua; asimismo, demanda que se le otorguen los 100 millones de dólares de fondos verdes, ya que Honduras contamina poco y no recibe apoyo por cuidar el bosque y enfrentar el cambio climático.
De acuerdo a JOH y la Ministra de Finanzas, Rocío Tabora, la propuesta ha tenido “acogida” en la comunidad internacional, aun cuando es poco probable, con el fracaso de la ERP, que la moratorio del pago del servicio de la deuda para 2019 y 2020 (los dos años que le quedan a su mandato) sea aprobada. Para el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, no es una decisión fácil, ya que implica una evaluación de la situación del país, sumado a decisiones de organismos financieros que escapan a la buena voluntad de Naciones Unidas.
Por otro lado, Honduras es uno de los países más corruptos de Latinoamérica, por lo que, tal como sucede con los recursos de la Cuenta del Milenio, debe avanzar en el combate y erradicación institucional de la corrupción para poder pensar en una moratoria y reasignación de fondos de deuda pública con acreedores externos. Asimismo, la penetración de los carteles de la droga en el engranaje de gobierno y partidos políticos, actúa como condicionante para que una decisión de este tipo sea considerada.
La represión y muerte de dirigentes ambientalistas es un tema de la agenda de Naciones Unidas. El gobierno pide que se destinen recursos para mitigar los efectos del cambio climático, pero se destruyen los recursos naturales y biodiversidad con el Extractivismo espurio y corrupto; los que protestan, son encarcelados y asesinados, en clara violación de los derechos humanos.
De acuerdo a Gilberto Ríos, dirigente del partido Libertad y Refundación (LIBRE), el gobierno ha asignado los recursos del presupuesto a defensa y seguridad (reprimir a la población), por lo que se ha quedado sin fondos para enfrentar sus obligaciones financieros en una coyuntura económica y política no muy favorable.
Contrario al pasado reciente, la convención del Partido Nacional (partido en el poder), mostró un partido desunido con dos o tres movimientos y candidatos potenciales fuera del redil patronal, por lo que es poco probable que se imponga un candidato oficial de dedo, en caso que JOH no decida abrir de nuevo el expediente de la reelección presidencial.
Más que lanzar este tipo de iniciativas que no tienen ni tendrán el apoyo deseado, conviene limpiar, en lo posible, la suciedad de la casa: Implica a) Ampliar convenio de la Macchi y fortalecer al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en la lucha contra los corruptos y corruptores, más allá de las tertulias del Congreso Nacional en contra; b) Vigencia de una estrategia de cumplimiento de indicadores con actores económicos y sociales para acceder de nuevo a recursos de la Cuenta del Milenio; c) Reasignar los recursos de presupuesto entre sectores, Secretarias de Estado y actores para liberar fondos a favor de la producción alimentaria, protección del bosque y mitigación de los efectos negativos del cambio climático; d) Revisar la legislación y proyectos extractivos autorizados; e) Protección efectiva a los defensores del medio ambiente y derechos humanos; f) Actualizar los planes y estrategias de desarrollo regional/territorial con los actores; g) Elaborar una agenda de trabajo que permita cumplir con metas mínimas de desarrollo ambiental y social.
Es mucho que pedir, pero es factible de lograr; lo otro, es demagogia.
