Por: Horacio Villegas
La noticia que llega con gran perturbación al grueso de la población hondureña es el asesinato sistemático de jóvenes estudiantes en diferentes lugares del país efectuados en las últimas semanas. El modus operandi de los crímenes indica una tendencia que prevaleció en los años ochenta: casos no resueltos de asesinatos a jóvenes que pertenecían a agrupaciones políticas opositoras a los gobiernos militares de turno.
A este contexto de terror se suma la decisión del ilegítimo gobernante en aprobar un decreto que le asigna 4 mil millones de lempiras a las Fuerzas Armadas, supuestamente para la ejecución de un programa de desarrollo agrícola. El decreto PCM 052-2019 se mofa de todas las instituciones estatales que tienen la atribución de reunir esfuerzos en el agro. Esta noticia acrecentó las opiniones de varios sectores, quienes se manifestaron a favor y en contra de la medida absurda de Joh.
La aprobación de este funesto decreto surge luego de las polémicas desatadas por el caso Tony Hernández, donde las Fuerzas Armadas siguieron siendo cuestionadas por su complicidad en sostener a un gobierno ligado a la narcoactividad a gran escala. Todo pareciera ser una gran distracción para alejar a los castrenses del rol que varios sectores de la población les habían atribuido inocentemente: de gestar la salida del gobierno por medio de un golpe de estado. Ahora los militares tienen asignado un jugoso presupuesto, que los coloca en un ramo que no les compete en lo absoluto, pero que los quita de la mira de los que buscan justicia por ese lado.
En todo este contexto surgió una iniciativa de varios ex-líderes del movimiento estudiantil, quienes, manifestando su reclamo –el martes 5 de noviembre en las afueras del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos CONADE– a las instituciones encargadas de impartir justicia, denunciaron vehemente todos los asesinatos a jóvenes estudiantes, el militarismo recrudecido en el país desde el golpe de estado del 2009, y aún más en estos 8 años de gobierno nacionalista, y las demás injusticias que tienen que ver con la exclusión de la juventud de todos los ámbitos y derechos sociales, como ser la educación, salud, etcétera.
“Denunciamos enérgicamente que vivimos en un Estado de indefensión, con la militarización total del territorio hondureño, sin ninguna garantía constitucional, que aniquila todos los derechos humanos. Los y las jóvenes en Honduras, no gozan de ninguna oportunidad para tener acceso al sistema de educación, siendo uno de los sectores más vulnerables de la sociedad y por consiguiente uno de los sectores sin claudicar en la lucha por la democratización y la construcción de un Estado de derecho y de una Honduras que garantice el derecho a la vida, a la educación, a la salud, a la recreación y derechos políticos y sociales” (Comunicado de Ex-líderes estudiantiles de la UNAH, Tegucigalpa, 5 de noviembre de 2019).
El comunicado también llama a la unidad de todos los sectores, para poder iniciar la lucha frontal en contra del gobierno: “…solo a través de la unidad y con el esfuerzo de cada sector social y político de nuestro país, lograremos derrocar la Narcodictadura y la historia violenta.”
Por una coordinadora de juventudes en contra de la dictadura
Una de las tareas políticas que tienen su fermento por excelencia en los jóvenes, es la creación de organizaciones políticas críticas que le hagan frente a todas las inconsistencias de los gobiernos usurpadores y demagógicos: costumbre eterna del tradicionalismo político hondureño.
La politización álgida de la juventud hondureña en este siglo tuvo su mayor precedente en el año 2009, en donde la violencia militar se ensañaba a toda fuerza con represión, asesinatos y desaparecidos. En este duro acontecimiento nacieron distintas organizaciones de movimientos a lo interno de la universidad. Los jóvenes en ese entonces ocupaban su tiempo en acuerpar la dirección en protestas y programas políticos que, en ideas, alimentaban el reclamo de nuevas olas de democratización en la Universidad.
La presencia juvenil no se hizo esperar en los nuevos partidos de oposición que surgieron luego del golpe de estado del año 2009. Las corrientes internas de estos partidos hicieron notoria la presencia de compañeros que en última instancia solo llenaron los vacíos de papeletas, y fueron el pretexto de un programa que sólo instrumentalizó su figura.
La crisis post-electoral del año 2017 dejó en claro las determinaciones que muchos compañeros tuvieron de continuar con las tomas y demás acciones de protestas en el país, sólo obstaculizadas por la decisión de los dirigentes opositores que dieron un alto a la semi insurrección desarmada.
Esta aparición necesaria de los compañeros ex dirigentes del movimiento estudiantil, puede ser el inici0 de una nueva organización de compañeros y compañeras que busquen nuevas formas de incidir en el espacio público sin ningún tutelaje de los partidos que solo los utilizan para engrosar sus campañas electorales.
Son los jóvenes, en mayores matices, quienes están empapados de la realidad que a diario se vive en el país; y de acuerdo a esta visión que los embiste y los llena de cierto optimismo por el cambio radical, es posible sugerir discusiones políticas amplias con propuestas como un programa urgente de transición a la democracia, en donde los sectores de trabajadores, campesinos, mujeres, indígenas, académicos, y demás sectores, busquen la reorganización del Estado bajo principios de dignidad de los más pobres y la verdadera redistribución de la riqueza. El retroceso de todas las prebendas que se le han dado a los militares, y su posterior juzgamiento por los asesinatos que ha habido en las crisis políticas, debe ser un objetivo bien trazado.
Es necesario crear las bases de un verdadero plan de lucha, que reactive las protestas en contra de este gobierno; sólo con nuevas organizaciones, como una Coordinadora de Juventudes en Contra de la Dictadura –por ejemplo–, en donde los jóvenes tienen derecho a la acción y la palabra, es posible cumplir estas tareas más que urgentes.
