Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- El aumento de los conflictos campesinos con las criminalización y persecución pone en riesgo la soberanía alimentaria de la ciudadanía con El Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras (PDAH) el cual será manejado por las Fuerzas Armadas (FFAA).
Así lo denunció el grupo de mujeres organizadas en la plataforma Luchemos, «el plan agrícola de las FF.AA. tendrá como prioridad los departamentos donde más proyectos extractivos hay aprobados, y junto a eso, donde ha habido más procesos de resistencia por la defensa del territorio. No dudamos en que la intención de librar de responsabilidad a los militares por crímenes de lesa humanidad, es parte de frenar cualquier tipo de oposición que desde estos lugares con luchas históricas se emprendan en contra de la dictadura”, denunció.
Los departamentos priorizados son: Choluteca, La Paz, Comayagua, Santa Bárbara, Cortés, Atlántida, Yoro, Colón y Olancho, justamente donde se sitúa el mayor número de concesiones de energía eléctrica y minera.
Además, agregaron, “la historia de Honduras nos demuestra que el Estado Mayor Conjunto ha servido un propósito de opresión y no de emancipación. Es injustificable argumentar, como lo decreta Juan Orlando, que la militarización de la producción de alimentos contribuye a ejecutar políticas relativas a «la inclusión de la mujer en el sector productivo, la equidad de género y a la soberanía alimentaria». Además de un engaño, estas palabras constituyen una burla al pueblo consciente de la realidad que lo está ahogando”.
Destinarán más de L.66 millones
El PDAH fue establecido con la aprobación del PCM 052-2019, publicado en el diario oficial La Gaceta el 26 de septiembre.
De acuerdo con la publicación, para el 2019 el Programa iniciará con 66 millones de lempiras y para los cuatro años próximos se espera un monto de 3,843 millones de lempiras, con el que presuntamente beneficiará a 60 mil productores a nivel nacional.
Las Fuerzas Armadas de Honduras crearon la Dirección de Desarrollo Agrícola (C-10), con la tarea de “estructurar, ejecutar y administrar el programa, la cual estará integrada con recurso humano civil y militar calificado”.
“Las FFAA nos han demostrado que en el campo solo nos ha dejado muerte y criminalización y más de 120 campesinos y campesinas asesinados en este país”, denunció Wendy Cruz de la Vía Campesina.
Así mismo, -sostuvo- la intencionalidad gubernamental se trata de beneficiar a un grupo, pero que “son 150 mil productores que conocemos la realidad en el campo, la gente se está muriendo del hambre y huye de este país porque nos están desplazando del territorio, para tener mayor control nos están militarizando”.
Las mujeres campesinas organizadas denunciaron que no les han dado respuesta sobre las cuatro solicitudes que le han hecho al Congreso Nacional sobre la propuesta de desarrollo indígena y un crédito solidario, por ello exigen se discuta una política agraria.
Los sectores campesinos no han sido consultados
Por su parte, Franklin Almendrares, secretario de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), advirtió que la delegación de fondos para el desarrollo agrícola en manos de militares es “nocivo y lesivo contra los movimientos campesinos”.
“Incluso los agroindustriales están en contra de que den este dinero, no hay ningún sector del movimiento campesino que este a favor de este decreto PCM, no hemos sido consultados, ni han socializado, por tal razón estamos en contra de este programa”, expresó.
El rol militar cambia
“El papel de las FFAA es defender la soberanía del país y no la de administrar recursos, para eso está el Instituto Nacional Agrario y la Secretaria de Agricultura y Ganadería, y eso significa perder la autonomía de las instituciones y agudizar la pobreza, criminalización y persecución y la corrupción en el país”, sostuvo la líder campesina, Jasmín López.
“Privatizar los derechos de las y los campesinos, significa que es un problema de país por que quienes alimentamos a Honduras somos más de 4 millones de campesinas y campesinos y somos mujeres que de cada 100, el 86 por ciento no poseen tierras sin embargo siempre hacen posible la alimentación del país, pero lo hacemos en tierras prestadas en laderas y en las peores condiciones”, concluyó López.
La Vía Campesina también exigió la derogación inmediata del Decreto PCM 052-2019 del Programa de Desarrollo Agrícola C-10, porque son inconstitucional ya que violenta la Constitución de la República y la Ley de Reforma Agraria.
A pesar de la existencia de instituciones que bien pudieron manejar el programa, tal como la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), el Instituto Nacional Agrario (INA) o incluso el Instituto de Conservación Forestal (ICF), estos tendrán que ponerse a disposición de Sedena y bajo esta línea, también estará sometido el Instituto de la Propiedad (IP).
El artículo 274 de la Constitución de la República, establece que las Fuerzas Armadas estarán sujetas a las disposiciones de su Ley Constitutiva y a las demás Leyes y Reglamentos que regulen su funcionamiento y que cooperarán con las Secretarías de Estado y demás instituciones, pero únicamente a pedimento de éstas, en labores de alfabetización, educación, agricultura, protección del ambiente, vialidad, comunicaciones, sanidad y reforma agraria.
Este miércoles 13 de noviembre La Vía Campesina interpondrá un recurso de inconstitucionalidad contra el PCM#052-2019 ante la Corte Suprema de Justicia.
