Washington, EE.UU (Comunicado de Prensa CIDH).- En el marco del Día Internacional de la Memoria Trans, la Comisión Interamericana expresa su preocupación por la grave situación de violencia y discriminación a que las personas trans aún están sometidas a causa de su identidad de género. En ese sentido, la CIDH urge a los Estados miembros de la OEA a tomar todas las medidas dirigidas a reducir la vulnerabilidad de las personas trans frente a los diversos actos de violencia motivados por prejuicios contra su identidad y/o expresión de género y a poner fin a la exclusión social contra personas trans y de género diverso por medio de la garantía al acceso pleno a todos sus derechos humanos.
Según informaciones obtenidas de organizaciones de la sociedad civil, desde septiembre de 2017, 330 personas trans fueron asesinadas en la región, con la utilización de ensañamiento y crueldad. Además, la CIDH observa que las intersecciones del racismo, el sexismo, homofobia y la transfobia afectan de manera desproporcionada a las mujeres trans pobres, afrodescendientes, migrantes o quienes ejercen el trabajo sexual.
En su informe sobre Violencia contra Personas LGBTI, la CIDH encontró que las mujeres trans viven bajo los mayores niveles de vulnerabilidad en la región.
Este fenómeno de violencia dirigida contra mujeres trans ha sido registrado en diferentes países de la región. Por ejemplo, la Comisión ha sido informada de la violencia sufrida por Lourdes Reinoso, asesinada en enero a cuchillazos junto a su tía abuela de 80 años en Argentina; Paloma, una adulta mayor trans, que murió en febrero en un hospital en Santiago de Chile debido a complicaciones médicas relacionadas con un ataque denunciado como transfóbico; Sheila, una mujer trans y trabajadora sexual, que recibió un disparo durante el mes de marzo en la ciudad de Tepic, México; Yoselyn, encontrada decapitada dentro de la habitación de un hotel en Veracruz, México, en el mes de abril; Gretchen Alina, mujer trans y artista drag queen, que fue estrangulada en su domicilio en el Estado de Nuevo Leon, México; Alaska Contreras Ponce, mujer trans y reina gay de Veracruz, cuyo cuerpo fue encontrado con señales de tortura; Adely, mujer trans y trabajadora sexual, que fue acuchillada en la ciudad de Alto, Bolivia; Ada Mía Naomi, funcionaria pública del SENAVE del Perú, fue asesinada con machete y posteriormente incinerada en medio de un bosque de Piribebuy; Lili, inmigrante venezolana y trabajadora sexual, asesinada en agosto en Valledupar, Colombia; Cárol Pérez Guerrero, asesinada en septiembre mientras se disponía a cerrar su salón de belleza ubicado en la Ciudad Bolívar, Colombia; Nikol Ortellado, asesinada en Puerto Obligado, Paraguay, a dos días de la marcha por el Orgullo TLGBI; Marisa Félix Sánchez, mujer trans, afrodescendiente y de nacionalidad haitiana, fue encontrada muerta con una profunda herida en el área craneal en el mes de octubre en Punta Cana, Republica Dominicana; Priscila, asesinada en São Paulo en el contexto electoral de Brasil, bajo gritos anti-derechos LGBTI; entre muchos otros casos.
La CIDH llama la atención sobre el grave subregistro de los actos de violencia contra las personas LGBTI en el hemisferio. Esto debido a que las personas LGBTI y sus familiares se enfrentan a diversos obstáculos y barreras para acceder a la justicia, incluyendo el maltrato proveniente de oficiales de la policía y la ausencia de credibilidad de los hechos por parte de las autoridades; miedo a represalias o a una mayor victimización; miedo a ser discriminados/as al revelar su orientación sexual o identidad de género; la falta de sensibilidad y entrenamiento de las y los operadores de justicia, entre otros. Asimismo, la mayoría de los Estados no cuentan con sistemas de recolección de datos que tengan en cuenta la identidad de género de las víctimas. Por lo anterior, el número de muertes violentas de personas trans y sus casos no son visibilizados o no son registrados como motivados por prejuicio contra la diversidad sexual.
Asimismo, la CIDH entiende que la violencia contra las personas trans es el resultado de la combinación de diversos factores, entre ellos, el prejuicio social como un fenómeno social, la falta de reconocimiento de identidades de género diversas, la discriminación, exclusión, y violencia social en general. En palabras de la Comisionada Flavia Piovesan, Relatora para los derechos de las personas LGBTI de la CIDH, “Vivimos en un contexto desafiante en la región, el cual las personas trans se encuentran entre los grupos más vulnerables y sufren elevados niveles de discriminación desde la niñez base en la ausencia de reconocimiento de su identidad e género” y complementa “los Estados tienen la obligación de implementar dicho reconocimiento, que para allá del cambio registral, garantice proyectos de protección integral a estas personas, los cuales incluyan el efectivo cumplimiento de los derechos humanos durante todas las etapas de sus vidas”.
La Comisión recuerda los Estados tienen una obligación específica de modificar de manera progresiva los patrones sociales y culturales de conducta con el fin de contrarrestar prejuicios, costumbres y prácticas que son perjudiciales para las personas de identidad de género diversas. Asimismo, la CIDH hace un llamado a que los Estados realicen investigaciones exhaustivas e imparciales respecto de los casos de violencia contra esas personas en sus territorios, adoptando medidas efectivas para juzgar, sancionar y reparar la violencia contra las personas trans.
