Washington, Estados Unidos (Conexihon). – A cinco años del incendio ocurrido en la Penitenciaría Nacional de Comayagua, en la zona central del país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
le recordó al Estado hondureño investigar los hechos que provocaron el incendio en la cárcel de esta ciudad que llevó a la muerte de más de 300 reclusos.
En un comunicado de prensa emitido el 14 de febrero, la CIDH apuntó la necesidad de adoptar las medidas de no repetición para evitar que este tipo de tragedias se repitan en el futuro. Además le dijo a Honduras que debe adoptar su posición de garante frente a las personas privadas a fin de salvaguardar su vida e integridad personal.
A cinco años del incendio en el centro penal, El 14 de febrero de 2012, este hecho en la Penitenciaría Nacional de Comayagua, Honduras, cobró la vida de 362 personas, el 42% de la población carcelaria, y dejó a muchas otras gravemente heridas. El fuego que comenzó en una de las celdas, por causas aún no establecidas y este se propagó prácticamente la mitad de esa cárcel.
“La Comisión Interamericana mantiene viva la memoria de estos hechos; subraya su compromiso con el monitoreo de la situación de las personas privadas de libertad en Honduras; y reitera al Estado sus obligaciones ineludibles de investigar con diligencia y en su caso sancionar a los responsables de estos hechos y adoptar las correspondientes medidas de no repetición establecidas por la CIDH y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)”, expresó la Comisión en el comunicado.
De acuerdo a cifras del Instituto Nacional Penitenciario (INP), en los últimos tres años se reporta un crecimiento de la población privada de libertad en el país. Hasta julio del 2016, la cifra era de 17,017 presos, aunque su capacidad es de aproximadamente 8,500.
La Comisión Interamericana desde su visita in loco a Honduras, en diciembre de 2014, y su respectivo informe de país de 2015, le dio seguimiento a la situación posterior al incendio de Comayagua. Además recibió información preocupante sobre la falta de avances y otras graves omisiones en las investigaciones adelantadas por el Ministerio Público (MP), y sobre amenazas y actos de intimidación contra familiares de víctimas.
En su informe de país, la Comisión Interamericana reiteró el deber del Estado de tratar con humanidad a las víctimas, y de satisfacer sus justas demandas de verdad, justicia y reparación integral.
