Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- En un escenario de violencia exacerbada, hacinamiento, masacres, asesinatos sistémicos, traslados irregulares, incomunicación, marginamiento y discriminación sobreviven más de 22 mil personas privadas de libertad en Honduras, de los cuáles cerca del 50 por ciento aún no tiene condena.

Debido a los acontecimientos de violencia que en los últimos meses se incrementaron, especialmente, en las cárceles de máxima seguridad. el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CPTRT), presentó este lunes a la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario una propuesta para que se recobre el respeto a la dignidad humana y los derechos humanos.

El CPTRT condenó las brutales agresiones, actos de tortura y abuso sexual cometidas por miembros de la Policía Militar contra un grupo de mujeres privadas de libertad, en el centro penitenciario de El Progreso, Yoro, este 25 de diciembre.

Propuesta a la Junta Interventora del Sistema Penitenciario

Entre los puntos más importantes de la propuesta destacan: Respetar la normativa internacional que prescribe que las requisas a lugares de privación de libertad para mujeres, estas no deben ser realizadas por autoridades de sexo masculino y garantizar que ningún Policía Militar ingrese bajo los efectos de droga o alcohol. 

Manifestaron  también que la falta de comunicación familiar por las restricciones impuestas por el Instituto Nacional Penitenciario (INP), debe cesar y reformar el artículo 10 del Reglamento de Visitas para permitir el ingreso de los familiares presentando únicamente la tarjeta de identidad y la hoja de antecedentes penales. Por considerar que los traslados también afectan la unidad y comunicación con su familia.

Reconocer y practicar el trato diferenciado de género hacia las personas Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgénero y otros (LGTB+) que están en los centros penales generando acciones y mecanismos para la no discriminación, violencia, y marginamiento por razón de su identidad.

El aislamiento, según los estándares internacionales, debe restringirse a situaciones excepcionales, como último recurso por el menor tiempo posible y con sujeción a una evaluación independiente. Se recuerda a esa comisión que el comité de derechos humanos de la Organización Nacional de las Unidad (ONU), afirma que los periodos prolongados de aislamiento pueden construir tortura o tratos crueles e inhumanos.

La coordinadora de Asociación para una Vida Mejor de Personas Infectadas y Afectadas por el VIH/SIDA en Honduras (APUVIMEH), Sandra Zambrano, “la población  [detenida en prisión preventiva] viviendo con VIH en los centros penales del país se encuentran en condiciones deplorables,  pero lo que nos llama la atención el abuso desmedido por parte de las autoridades que estuvieron rectorando el INP ante los diferentes llamados desde derechos humanos, este personal es tan negligente e irresponsable antes las masacres masivas a lo interno de los centros penales”.

De acuerdo con Carlos Leiva, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) “lo que pasa en las cárceles es parte de la crisis que nosotros vivimos en el país y no está en ningún lado de otra situación y si nosotros no hacemos ninguna cosa al respecto se seguirán presentando mayores desgracias en estos centros”.

A su criterio, “la solidez del Sistema Penitenciario debe estar íntimamente relacionado con el compromiso del personal directivo, técnico y de seguridad para no involucrarse en actos de corrupción y someterse en todas sus actuaciones al principio de legalidad y consideración para quienes más que delincuentes”.

Cárceles bajo el mando militar

El Poder Ejecutivo declaró en diciembre de 2019 un “Estado de emergencia” en el sistema penitenciario tras la muerte violenta de una quincena de personas, incluidos cuatro menores, en los últimos seis meses en diferentes cárceles del país.

Con esa medida se suspendió del cargo a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario y del Instituto Nacional Penitenciario y de Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) y ordenó a la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) tomar el control de las cárceles.

Posteriormente, el director de la Junta Interventora del Instituto Nacional Penitenciario (INP), José Gonzáles Maradiaga, anunció que evaluarán a todo el personal del sistema carcelario luego de la masacre que se registró en el presidio de Tela, Atlántida.

Entre los centros que ya se encuentran intervenidos son «El Pozo» de Ilama, Santa Bárbara, «La Tolva» de Morocelí y los centros penales de Támara y el de Siria, ambos de Francisco Morazán.

Datos

El número de personas privadas de libertad en Honduras llegó a 21.731 este año, lo que supuso un incremento del 67,1 % de la población carcelaria de 2013 (13.000).

Se estima que 1,295 estudiantes permanecen detenidos en trece centros penitenciarios, 5,437 personas se encuentran en aislamiento total y 1,094 personas han muerto bajo custodia entre 2003 y 2019.