Tegucigalpa, Francisco Morazán (ConexiHON).- A consideración de distintas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en el país, las elecciones generales del 30 de noviembre 2025 deben desarrollarse sin la utilización de medidas o mecanismo coercitivos que violentan la normativa nacional e internacional que restringen derechos fundamentales y garantías constitucionales.
«Las personas deben acudir a sus centros de votación, libres y con la seguridad que su afinidad política no será motivo de discriminación y persecución de ningún tipo», sostienen defensores de Derechos Humanos en el país. El planteamiento de las organizaciones de la sociedad civil fue pública, este día, en una jornada de toma de acuerdos que permita fortalecer la participación ciudadana pero sin ningún tipo de represalias por parte de las autoridades de gobierno.
En tal sentido el Decreto Ejecutivo contentivo del “Estado de Excepción”, adoptado por la titular del Ejecutivo violenta el articulo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, al adoptarla de forma consecutiva durante sus casi 4 años de gestión, con prorrogas en automático, sin ninguna motivación y justificación legal, expresaron lideres de la defensa de los Derechos Humanos en este país centroamericano.
Así mismo, el Estado de Excepción violenta La Convención Contra la Tortura y su Protocolo Facultativo, «siendo que las detenciones, interrogatorios, allanamientos, registros, traslados de personas detenidas, limitación de la libre circulación entre otras, dirigidas hacia ciertos sectores de la sociedad menos favorecidos, se ejecutan sin orden judicial, a través de procedimientos ilegales y arbitrarios sin garantías mínimas», expresaron las OSC.
Trascendió en la jornada que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) en su informe del año 2024 estableció que el estado de excepción, adoptado en diciembre de 2022 para combatir la extorsión y delitos conexos, ha sido prorrogado en dieciséis ocasiones y su vigencia ampliada a 226 municipios. En 2024, a pesar de ser una obligación legal, el Congreso Nacional solo ratificó los decretos del estado de excepción en tres de ocho ocasiones, generando incertidumbre sobre su legalidad y restringiendo el control del poder legislativo en la suspensión de garantías constitucionales.
Sostienen las organizaciones firmantes de la solicitud a la presidenta Iris Xiomara Castro que «A pesar de ser el principal motivo alegado del estado de excepción, entre octubre 2023 y junio 2024, fuentes oficiales reportan únicamente 0.8% de detenciones por el delito de extorsión y el Ministerio Público presentó 92 requerimientos fiscales por extorsión».
Asimismo, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) reportó hasta octubre 428 quejas de violaciones de derechos humanos por parte de fuerzas de seguridad.
Organizaciones como: Eric-SJ, Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, Cristosal, Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CPTRT), Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Aci-Participa, Madre Tierra, Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MASSVIDA), Casa Alianza, Centro de Derechos de la Mujer, entre otros defensores de derechos humanos y periodistas consideran que la «declaración del Estado de Excepción debe ser excepcional tal y como está regulado en la legislación interna y la normativa internacional y NUNCA una medida permanente para combatir la violencia y la inseguridad en nuestra sociedad».
Para lectura completa del documento
La sociedad civil organizada insta al Estado a generar confianza a través de decisiones asertivas como la eliminación del “Estado de Excepción” que contribuyan a fortalecer la democracia, el respeto a la Constitución, los tratados internacionales de los que el Estado de Honduras es parte y que constituyen una garantía para la protección de la persona humana como fin supremo de la sociedad y del estado.
