Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- A menos de un mes de las elecciones generales del 30 de noviembre, tres relatorías especiales de Naciones Unidas advirtieron que Honduras atraviesa un “momento crítico” marcado por la polarización, el deterioro del espacio cívico y el incremento de ataques contra periodistas, defensores de derechos humanos y observadores electorales.
Los titulares de las relatorías, —Irene Khan, Relatora Especial sobre libertad de opinión y expresión; Mary Lawlor, Relatora sobre defensores de derechos humanos; y Gina Romero, Relatora sobre derechos de reunión pacífica y asociación— urgieron al Estado hondureño, a los partidos políticos y a quienes aspiran a cargos públicos a “garantizar unas elecciones libres, justas y transparentes”, con pleno respeto a la libertad de prensa y al acceso de la ciudadanía a información objetiva y confiable.
Crece la estigmatización y los ataques a la prensa
Según el pronunciamiento, en el actual período preelectoral se ha intensificado un clima de hostilidad contra periodistas, comunicadores sociales, organizaciones de sociedad civil y otros actores que monitorean el proceso electoral.
Además, denunciaron que altos funcionarios públicos, partidos políticos, Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad están recurriendo a “difamaciones, acusaciones infundadas, intimidación y ataques físicos y digitales” para deslegitimar el trabajo de estos sectores.
Este contexto ocurre en un país donde, solo en 2025, dos periodistas han sido asesinados —uno de ellos estando bajo medidas del Sistema Nacional de Protección—, elevando a 31 la cifra total desde 2005. La impunidad en estos crímenes supera el 90%, señaló el comunicado.
Preocupación por el uso del estado de excepción
Las expertas manifestaron preocupación porque el estado de excepción continúa prorrogándose en plena campaña electoral, lo que “afecta gravemente el ejercicio de derechos fundamentales antes, durante y después de las elecciones”.
Advirtieron que las tensiones políticas, la parálisis institucional y los conflictos dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) ponen en riesgo la credibilidad del proceso.
Además, señalaron hostigamientos contra estos órganos, manipulación de narrativas sobre fraude y una creciente desconfianza entre actores políticos.
Transparencia debilitada y ataques a medios críticos
El comunicado también llama la atención sobre cierres de páginas web, intentos de hackeo a medios críticos, y la persistente falta de respuesta a solicitudes de información pública por parte de instituciones estatales.
La ausencia de transparencia, sostienen las expertas, “debilita el derecho de la ciudadanía a buscar, recibir y difundir información”, un elemento indispensable para elecciones libres y democráticas.
Llamado urgente a detener discursos de odio y desinformación
Las relatoras exigieron a funcionarios, candidatos y partidos políticos abstenerse de emitir mensajes que inciten a la hostilidad, discriminación o violencia, y de utilizar sus plataformas para atacar a periodistas o defensores.
Insistieron en que el Estado debe garantizar información veraz y oportuna, y desarrollar estrategias para contrarrestar la desinformación electoral sin restringir libertades fundamentales.
Recomendaciones clave de la ONU
Entre las principales acciones urgentes solicitadas al Estado hondureño y actores políticos destacan:
1. En este contexto preelectoral, todos los candidatos electorales y partidos políticos deben poder ejercer su derecho a hacer campaña libremente y en condiciones seguridad y de igualdad de armas. Los derechos a la libertad de expresión, acceso a la información, asamblea pacífica y asociación deben ser garantizados a todos los ciudadanos por igual, sin discriminación alguna.
2. Periodistas y medios de comunicación, incluyendo los indígenas, comunitarios y alternativos, deben ser respetados en su derecho a cubrir libre e íntegramente las elecciones e informar a la ciudadanía de forma independiente y de acuerdo con su línea editorial. La pluralidad y diversidad de información y medios debe ser garantizada. La política publicitaria del Estado no debe discriminar y favorecer a ciertos medios sobre otros por motivos políticos o comerciales.
3. Los observadores electorales, incluidos los defensores de los derechos humanos, deben estar protegidos de cualquier forma de intimidación, ataques o violencia.
4. Los órganos electorales estatales, incluyendo el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral y demás autoridades, deben asegurar unas elecciones limpias, democráticas y transparentes, garantizando la libre circulación, publicación, acceso y recepción de información electoral, política y periodística, incluyendo en las lenguas de los Pueblos Indígenas.
5. Las autoridades estatales, funcionarios, candidatos y partidos políticos deben tener en cuenta el impacto de sus declaraciones en el discurso político y deben evitar escrupulosamente en todo momento los mensajes que puedan incitar al odio, la discriminación, la hostilidad o la violencia.
6. Las instituciones estatales, autoridades públicas, líderes políticos y fuerzas de seguridad deben cesar de cualquier tipo de amenazas, campañas de desprestigio o descalificación de periodistas y defensores de los derechos humanos y fomentar un entorno que respete el pluralismo mediático y sea tolerante con la crítica pública.
7. El Sistema Nacional de Protección debe poner en marcha medidas concretas y protocolos específicos de atención para la protección a periodistas y ser dotado de los recursos y autonomía necesaria para actuar de manera independiente, con atención a las mujeres periodistas, así como a periodistas indígenas y comunitarios.
8. Los candidatos deben hacer promesas concretas y comprometerse a reformas efectivas que avancen y promuevan la democracia, la libertad de expresión, la libertad de prensa, el espacio cívico y los derechos humanos, así como la seguridad de los periodistas, defensores de derechos humanos y agentes de la sociedad civil. El próximo gobierno electo debe considerar con seriedad y urgencia las recomendaciones que expuse en el informe sobre su visita a Honduras de la Relatora Especial sobre libertad.
Las relatorías concluyeron que, ante el deterioro del panorama informativo y las tensiones políticas, Honduras debe colocar los derechos humanos en el centro del proceso electoral para evitar episodios de violencia política como los ocurridos en el pasado.
“Cuando se ataca la libertad de expresión y a quienes la ejercen, se pone en peligro la integridad del proceso electoral y se resiente la confianza pública en la democracia”, advirtieron.
