Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Con el propósito de desarrollar un estudio de las grandes líneas del nuevo Código Penal y hacer una lectura de su progresividad o regresividad en lo que corresponde a teoría del delito y los derechos humanos, la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) realizó el “Estudio Sistemático del Nuevo Código Penal en Honduras” publicado recientemente.
La Junta Directiva de la AJD subrayó que el análisis “constituye un proceso de seguimiento a esta normativa que, por más de tres años realizó nuestra asociación. La finalidad de este análisis es aportar argumentos de carácter técnico-jurídico para el debate y la propuesta”.
“Nos complace saber que este trabajo está teniendo mucha aceptación y se ha convertido en un estudio ampliamente compartido por las redes sociales”, comentaron.
El documento redactado por el consultor, Alejandro Rodríguez Barillas, se realizó observando los estándares internacionales en materia de derechos humanos y, especialmente, su adecuación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y al principio de Convencionalidad.
En diciembre de 2017 el Congreso Nacional aprobó el Decreto 130- 2017, Código Penal de Honduras. Por la importancia que representa un nuevo Código Penal, la AJD consideró de primer orden analizar los aspectos novedosos que desarrolla esta normativa, tanto en su Parte General como en su Parte Especial.
Si bien el proyecto de Código Penal aprobado a finales de 2017 aún no había sido publicado en el Diario Oficial La Gaceta hasta el 10 de mayo en el Diario Oficial La Gaceta número 34,940 “en la AJD consideramos importante que esta normativa sea desde ya objeto de estudio y debate en la judicatura y en el foro de abogados; por tanto, este uno de los propósitos de esta publicación”, indicaron.
Entre los principales objetivos del estudio se contempla “si la formulación de las garantías penales se encuentra acordes a los tratados y convenciones en materia de derechos humanos, determinar las bases de la teoría del delito que se consagra en la parte general, a partir de la formulación del injusto penal, teoría de la participación, imputación objetiva, los aspectos sobresalientes en cuanto a autoría y participación que sigue esta nueva normativa, verificar el grado de cumplimiento del principio de humanidad y dignidad humana en el sistema de penas, determinar los avances respecto al Código vigente tutelados, los delitos específicamente regulados y las limitaciones o restricciones que algunos tipos penales suponen para la protección de derechos humanos y para el ejercicio de la protesta social”.
Para el desarrollo del mismo se realizó un análisis dogmático de las partes general y especial del Código Penal de Honduras de 2017 (en adelante CPH 2017), haciendo acopio de la sistemática científica de las ciencias penales, y comparativo con el Código Penal de 1983 (CPH 83) derogado y el proyecto de Código Penal presentado originalmente (PCPH), sobre el cual se desarrolló el primer estudio.
Así también el análisis se hizo a partir de las garantías consagradas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual el Estado de Honduras es signatario, y la jurisprudencia emitida por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con fundamento en el principio de Convencionalidad, que es la base de todo sistema penal democrático en las Américas.
La Asociación ha destacado que “un modelo penal debe contar con el grado de cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos, que sirva de parámetro para determinar la validez de un sistema penal democrático, utilizando la dogmática penal y la jurisprudencia de la Corte IDH, y la teoría del sistema epistemológico garantista”.
Es decir, se debe considerar, si la formulación de las garantías penales se encuentra acorde a los tratados y convenciones en materia de derechos humanos y el grado de cumplimiento de los principios de mínima intervención, necesidad, proporcionalidad y dignidad humana en el sistema de consecuencias jurídicas.
Así también es importante, -considerar- la racionalidad y seguridad jurídica en la determinación de la pena y la teoría de la responsabilidad de las personas jurídicas y su regulación.
En la segunda parte del documento se analizan los bienes jurídicos tutelados, los delitos específicamente regulados y los principales problemas político criminales que se desprenden de la regulación concreta de los marcos penales establecidos para todos los delitos.
- Descargar documento completo:
https://juecesporlademocracia.org/estudio-sistematico-del-proyecto-de-nuevo-codigo-penal-de-honduras/
