Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- El Acuerdo Ministerial número 1402-2018, emitido por la Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MI AMBIENTE) es ilegal y violenta el derecho a la información pública, denunció el Comité por la Libre Expresión (C-Libre).

El Acuerdo fue emitido el 08 de agosto de este año y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 17 del mismo mes. En su primer acuerdo declara como “Información Reservada” lo relativo a estudios técnicos contenidas en solicitudes de licencias ambientales, así como otros tramites presentados ante dicha Secretaría de Estado.

De igual forma, habla de reservar aquella información referente a la ubicación de quienes presentan dichas licencias ambientales para sus respectivos proyectos “garantizando la protección de la información técnica entregada por los particulares”.

Por lo tanto, C-Libre presentó el pasado 11 de septiembre, una solicitud para conocer el Oficio enviado por MI AMBIENTE al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), y el dictamen de este último sobre el acuerdo ministerial 1402-2018 que declara Información reservada lo referente a proyectos extractivos.

Al presentarse dicha solicitud, el IAIP tiene 10 días para resolver ante lo solicitado, dijo Mario Rojas, del Área Legal de la organización defensora de la libertad de expresión.

MI Ambiente justificó la declaratoria de "información reservada", como una renovación del Acuerdo No. 725-2008 y Resolución 0023-2008, emitida el 27 de mayo de ese año por el IAIP. 

De acuerdo con el Artículo 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), la clasificación de la información como “reservada” procede cuando “el daño que puede producirse es mayor al interés público de conocer la misma”. Además, indica la información ponga en riesgo lo siguiente:

1) La seguridad del Estado
2) La vida, seguridad y salud de cualquier persona, la ayuda humanitaria, los intereses tutelados a favor de la niñez,
3) El desarrollo de investigaciones reservadas en materia de actividades de prevención, investigación o persecución de los delitos o de la impartición de justicia,
4) El interés protegido por la constitución y las leyes
5) La conducción de las negociaciones y las relaciones internacionales
6) La Estabilidad económica, financiera o monetaria del país o la gobernabilidad

El titular de cualquier Órgano Público, según lo estipulado en el artículo 18 de la referida ley, deberá elevar la petición por medio de la instancia de mayor jerarquía de la institución, este emite el respectivo acuerdo de clasificación y remite una copia al IAIP.

Este último considera que dicha clasificación no se encuentra en ninguno de los seis supuestos enumerados, lo hará del conocimiento del superior respectivo. Si, contrariando esta opinión, se emite el acuerdo, será nulo de pleno derecho.

Para el director de C-libre, Edy Tábora, lo hecho por MI AMBIENTE le quita estas facultades al IAIP ya que en el numeral tres citas que, el acuerdo es de “ejecución inmediata” y aquí no hay un procedimiento a seguir.

“En el fondo y en la forma es ilegal”, apuntó.

Ley de Secretos regresa como arma para que funcionarios oculten información

El acuerdo 1402-2018 de MI AMBIENTE se emite en el marco de normativas que restringen el derecho a la información pública de la ciudadanía, como la Ley para la Desclasificación de Documentos Relacionados con Defensa y Seguridad (Ley de Secretos), destacó Tábora.

Sostuvo que “Es el marco general para garantizar a los funcionarios encubrir esa información importante para la ciudadanía que está luchando contra la corrupción, contra el despojo y por la rendición de cuentas en derechos humanos”.

Esta acción de secretividad por parte de MI AMBIENTE, aparece en un contexto donde la ciudadanía en los departamentos de Atlántida, Colón, Santa Bárbara y Choluteca, existen acciones ciudadanas en defensa de los bienes comunes de la naturaleza, ante la amenaza de instalación de proyectos extractivos, promovidos desde el sector privado.

Tábora, ex Fiscal de Derechos Humanos del Ministerio Público, planteó un contexto político-mediático donde se estigmatiza los movimientos de resistencia y defensa de los bienes comunes de la naturaleza o, visto desde la perspectiva empresarial “la ciudadanía obstruye proyectos extractivos”.

Destacó la presencia de representantes de la empresa privada junto a pobladores que se muestran de acuerdo con la instalación de estos proyectos en espacios televisivos y comunicados del sector privado representado en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP).

Hemos visto comunicados de la empresa privada y la campaña de algunas personas que impulsan estos proyectos como la señora Elsia Paz, representantes que ejecutan proyectos mineros en colón. En un foro televisivo, el domingo anterior, la población fue estigmatizada por defender sus bienes comunes, agregó el representante de C-Libre.

Este acuerdo tiene dos finalidades, explicó el director de C-Libre, una de ellas es que las comunidades retarden sus acciones de defensa de sus territorios y sus bienes comunes. Ya que, en otras ocasiones, al tener acceso a la información, han frenado los intereses extractivistas.

Como segunda finalidad, este acuerdo frena a que las comunidades en resistencia inicien acciones legales (impugnaciones) contra las licencias ambientales (declaradas en como reservadas).

“Al no tener el documento, no se puede establecer si el procedimiento contiene vicios de irregularidad, tráfico de influencias u otros actos ilícitos”, dijo Tabora.

En los últimos dos meses, se ha intensificado una serie de campañas de desprestigio contra organizaciones y liderazgos del movimiento social que respaldan a los movimientos de resistencia que defienden sus territorios y sus bienes comunes.

Acciones que se dan mientras se desarrolla el primer juicio contra ocho implicados en el asesinato de Berta Cáceres, quien desde el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), luchó contra la instalación del proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca” sobre el Río Gualcarque. Lo que le generó un reconocimiento a nivel internacional, pero en Honduras conllevó a procesos legales, acciones descalificadoras desde el sector privado y finalizando con el crimen en su contra, el 02 de marzo de 2016 en su casa, situada en La Esperanza, departamento de Intibucá.


0
0
0
s2sdefault