Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- La Coalición contra la Impunidad presentó este miércoles ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), un Recurso de Nulidad de las acciones de la junta Proponente  para candidatos y candidatas a la elección del Fiscal General de la República.

De igual forma, la Coalición exigió la nulidad parcial del acuerdo 6-2018-PSFG que conllevó la representación de una integración de la Sociedad Civil.

En el escrito es dirigido al presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta, quien actúa también como titular de la Junta Proponente, quien libró la convocatoria a integrar la junta con instrucciones a la Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización para convocar a una asamblea y elegir un integrante de la sociedad civil.

La convocatoria fue hecha tomando como fundamente jurídico entre otros, el artículo 22 párrafo uno (01) de la Ley del Ministerio Público (MP). Sin embargo, este fue reformado mediante Decreto Legislativo 158-2013, así como en la sentencia de Inconstitucionalidad (SCO- 0623-2013), emitida el 23 de noviembre de 2016, la que eliminó lo que exponía una reforma a la parte final de la Ley del Ministerio Público en su artículo 22 “y un representante de las organizaciones que integran la Alianza por la Paz y Justicia”.

A criterio de Guillermo López Lone, representante de la Coalición contra la Impunidad, todas las acciones de la actual junta proponente deben ser declaradas nulas “ya que han sido tomada con una representación que no ha sido conformada de acuerdo a la legalidad”.

Cabe señalar que en una asamblea del 19 de marzo, la Coalición denunció en el Recurso, dónde acreditaron su participación representaciones de patronatos , federaciones, ciudadanía en general, fue electa integrante ante la Junta, Melissa Elvir, como única propuesta hecha por un miembro de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

“Es decir que esto violenta la sentencia de inconstitucionalidad emitida por la Corte Suprema de Justicia en 2016”, sostuvo López Lone.

Aclaró que, desde este espacio, en el que se aglutinan más de 50 organizaciones, no están en contra de tener representación de sociedad civil en la Junta que presente candidaturas para el cargo de Fiscal General y Fiscal Adjujnto, pero estas deben ser dentro de un marco legal  “que habilite dicha participación y no bajo una decisión arbitraria tomada por el titular del Poder Judicial”.

El también profesional del derecho y juez despedido por su oposición al Golpe de Estado de 2009, aseguró que de no responder a este recurso, desde la Coalición contra la Impunidad impulsará otras acciones legales relacionadas con la que se presentó este día.

Igualmente comentó que contemplan jornadas de incidencia con diferentes aliados y aliadas para lograr la transparencia del proceso con base al perfil para cada candidato y candidata de acuerdo a estándares internacionales.

 No hay transparencia, mensaje que deja el Estado

Luego que organizaciones nacionales como la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), se pronunció por una elección transparente de ambos Fiscales (General y Adjunto) al Ministerio Público, de igual forma lo hizo el Relator de Naciones Unidas sobre Independencia Judicial, Diego García-Sayán en un comunicado publicado el 02 de abril reciente.

"Los procesos de selección deben ser inclusivos, transparentes y seguir criterios estrictos, claros y objetivos para evaluar la integridad, idoneidad y competencias de los candidatos. Es crítico que estos procesos de selección se administren con transparencia", dijo García- Sayán.

Pero con lo hecho en el actual proceso, Guillermo López Lone evidenció que, el mensaje que manda Honduras es que “no hay transparencia, no respeta la legalidad”.

Además de las opiniones del Relator sobre Independencia Judicial, dejaría un mal mensaje para el Relator de Naciones Unidas sobre Defensores y Defensoras, quien pronto visitará el país.

 “Estamos quedando retratados ante la comunidad internacional nuevamente, como un estado cuyas instituciones no respetan la legalidad, un estado que no le confiere la importancia a la elección de sus altos funcionarios”, puntualizó el representante de la Coalición contra la Impunidad.


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