Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Nuevamente el titular del Poder Ejecutivo de Honduras, Juan Orlando Hernández (JOH), es señalado  por las sistemáticas violaciones a los derechos humanos (DDHH), la colosal corrupción de fondos públicos y vinculaciones con el narcotráfico. 

Esta vez fueron los senadores Jeff Merkley, Bernie Sanders, Patrick Leahy, Ed Markey, Elizabeth Warren, Dick Durbin, Sheldon Whitehouse y Chris Van Hollen de Estados Unidos de América (EUA), que presentaron este martes 23 de febrero una ley denominada  “Proyecto de Ley sobre los Derechos Humanos y Anti-Corrupción de 2021”.

En la ley explican que después del golpe de estado del 2009 se incrementaron las violaciones a los DDHH en colusión con los funcionarios públicos, fuerzas de seguridad estatales y privados, que incluyen asesinatos, desapariciones y acciones legales contra ambientalistas, políticos de oposición y periodistas, entre otros.

También denunciaron el uso excesivo de la fuerza de la policía y las Fuerzas Armadas (FFAAH), además que existe “un fracaso en el gobierno de Honduras en resguardar los derechos laborales y el desinterés de no proteger a los pueblos indígenas”.

JOH ha participado en actividad criminal

Existe evidencia de que JOH “ha participado en un patrón de actividad criminal e uso de las instituciones del Estado para proteger y facilitar el tráfico de drogas”, señala la ley.

Los senadores estadounidenses, señalaron en este nuevo gobierno de John Biden, que JOH es nombrado como co-conspirador en tres casos de corrupción y narcotráfico de alto perfil que fueron enjuiciados o están en proceso de juicio en el Tribuna del Distrito Sur de Nueva York.

Como el caso de Antonio Hernández, ex funcionario público de Honduras y hermano de JOH, preso en EUA por financiar la campaña política presidencial de Juan Orlando en el años 2013 con más de un millón de dólares provenientes del narcotráfico.

Seguridad estatal cómplice del narcotráfico

Los senadores explicaron, que además el crimen organizado se había infiltrado en la Policía Nacional y en el Partido Nacional.

De igual forma la acusación formal del narcotraficante Geovanny Daniel Fuentes en marzo de 2020, en lo cual fiscales Federales alegaron que el presidente de Honduras aceptó, $25,000 en sobornos a cambio de proteger las operaciones de narco tráfico.

La acusación formal del ex Director de la Policía Nacional, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, en lo cual fiscales Federales alegan que el Presidente de Honduras aceptó sobornos de narcotraficantes, facilitó envíos de múltiples toneladas de cocaína a los EUA y asignó tareas especiales al demandado, incluyendo asesinatos.

Sanciones a JOH

Aunque la ley aún no ha sido aprobada, especifica algunas sanciones contra JOH, como la cancelación de la VISA, bloqueo de los activos del presidente, como prohibir y bloquear cualquier transacción y propiedades que estén en el país norteamericano.

“El Presidente –Biden- debe imponer sanciones sobre el Presidente de Honduras por actos de corrupción y violaciones a los DDHH significantes y determinar si –JOH- es un narcotraficante con designación especial”, señalaron los senadores.

Algunos antecedentes en contra de JOH, señalados en la Ley, es su apoyo en el 2012 para una medida del Congreso Nacional, ampliamente considerado ilegal para remplazar cuatro magistrados de la Corte Suprema cuando él era presidente del Congreso.

De igual forma, “la candidatura para un segundo término presidencial en violación de una larga tradición en la Constitución de Honduras sobre la relección presidencial que fue nulificado en 2015 por Magistrados”.

Movidas de JOH para perpetrar la impunidad

Otras de las movidas de JOH, aprobadas por el Congreso Nacional de Honduras, que señalaron los parlamentarios estadounidenses son, la clausura de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) el 19 de enero de 2020.

El 25 de junio de 2020 se promulgó un nuevo Código Penal que redujo las penas de prisión por crímenes relacionados con la corrupción, malversación de fondos, obstrucción de la justicia y fraude, la medida es retroactiva, beneficiando oficiales hondureños quienes han sido condenados o están en proceso de juicio.

El 16 de octubre de 2019 el Congreso Nacional de Honduras aprobó una ley que restauró inmunidad a  todos los parlamentarios por crímenes relacionados con actividades legislativas y una ley que bloqueo la oficina del Fiscal General de investigar casos relacionados con el uso indebido de fondos estatales por un plazo de siete años.

 


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