Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Pese al aumento de la demanda de protección de defensores, periodistas y operadores de justicia en Honduras los fondos de las instituciones encargados de su protección no son ejecutados a tiempo y no son eficaces.

Así concluyó este jueves el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), tras la presentación del “Análisis de la Efectividad del Gasto Público en Protección de Defensores de Derechos Humanos”.

“La incongruencia que existe en cuanto a la protección de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores y Operadores de Justicia, por parte del Estado, ya que en su mayoría las agresiones contra estos son realizadas por policías, militares y otros funcionarios públicos”, subraya el documento.

Honduras no asigna recursos suficientes para proteger los derechos humanos, pero invierte alrededor de 9 millones de dólares al año en la compra de armas y municiones, lamentó por su parte el economista Alejandro Kafati, al puntualizar que "el Estado de Honduras invierte más en comprar armas, municiones y accesorios policiales y militares, en lugar de invertir en educación y salud".

Economista Alejandro Kafati.

Se estima que el presupuesto del Mecanismo Nacional de Protección de defensores de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia de Honduras, que ronda los 1.000 millones de dólares al año, ha aumentado un 116 % entre 2016 y 2018, según el organismo hondureño.

La Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, considerando; “Que la situación de vulnerabilidad por la que atraviesan las personas defensoras de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, ha sido señalada a nivel nacional e internacional, como un aspecto de preocupación y que requiere de acciones inmediatas del Estado”.

Con el objetivo de “reconocer, promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidas y contenidas en la Constitución de la República y en los instrumentos de derecho internacional, de toda persona natural o jurídica dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos, a la libertad de expresión y a las labores jurisdiccionales en riesgo por su actividad”.

Recursos limitados                                                                        

Sin embargo, esa asignación de recursos es "sumamente limitada para garantizar la integridad física y moral de quienes velan por los derechos humanos" en el país, añadió Kafati en declaraciones a medios de comunicación.

El presupuesto de Honduras para 2019 ronda los 10.680 millones de dólares, de ellos el 9,6 % se destina a salud y el 19,6 % a educación.

Según información de la CIDH, el Mecanismo Nacional de Protección desde el 1 de julio de 2015 al 30 de junio de 2018 se atendieron 325 solicitudes de medidas de protección, de las cuales 250 fueron admitidas. Hasta la fecha, el Mecanismo cuenta con 217 casos de medidas de protección vigente de las cuales 133 son de personas defensoras de derechos humanos y 17 operadores de justicia. Históricamente se registra 48 otorgamientos de medidas en 2016; 109 en 2017 y 85 en la primera mitad del 2018”.

La CIDH sostuvo que pese al aumento del 30%  del 2017 al 2018, alcanzado un monto total de 24 millones de lempiras. Sin embargo, diversos beneficiados del Mecanismo Nacional señalaron (a la CIDH) que en ocasiones ellos corren con gastos de traslado y alimentación del personal de seguridad asignado.

Para el Fosdeh, “dentro del presupuesto por programas de las instituciones que conforman el Consejo Nacional de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos se incluyen superficialmente la protección a Derechos Humanos, y en algunos no se hace mención del tema, esto evidencia que no existe una asignación presupuestaria vinculada a la protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Honduras”.

Dado que no existe una línea dentro del Presupuesto General de la República vinculada a la asignación de gasto para la protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, no se logra ubicar de manera certera el gasto que se destina para este fin, así como las fuentes de financiamiento que sostienen dicho gasto.

Entre las principales recomendaciones la ONG experta en temas económicos es necesario “definir dentro del Presupuesto General de la República el monto que será asignado para atender los casos de agresiones a Defensores de Derechos Humanos, así como la responsabilidad de las instituciones que manejen dichos fondos”, así como el aumento del Presupuesto destinado para el financiamiento del Mecanismo de Protección.

Igualmente, considera que “las instituciones que conforman el Consejo Nacional de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos deben incluir dentro de sus Planes Operativos Anuales y sus líneas programáticas de gasto el enfoque de protección de Derechos Humanos” y no solamente dos de las siete instituciones parte, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y la Secretaría Nacional de Protección.

Para las organizaciones de derechos humanos, la efectividad también debe estar “alineada” a la política pública y se deben fortalecer las redes de trabajo conjunto entre actores que se involucren tanto en la efectiva ejecución de los gastos como en la evaluación de los resultados.

Finalmente, consideraron urgente el establecimiento de sanciones para las instituciones que reciban fondos públicos y que cometan actos de agresión a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Defensores y Defensoras de Tierra y Territorio, Comunicadores entre otros.

Según las Observaciones de la CIDH a Honduras en 2018, la impunidad en los casos de periodistas sigue siendo elevada y constituye el principal desafío del Estado en esta materia. Durante la visita al país, el Estado informó que la Fiscalía de Delitos contra la Vida dirige la investigación de 66 casos de homicidios o asesinatos de periodistas ocurridos desde 2013.

Además, desde 2016 la cifra de asesinatos a defensoras y defensores en el país ha disminuido significativamente, no obstante, las cifras globales de agresiones en los últimos años son preocupantes. De acuerdo con la información de la CIDH, desde 2014 hasta la fecha se produjeron al menos 65 asesinatos contra personas defensoras de derechos humanos y sólo entre 2016 y 2017 se reportaron más de 1,232 ataques contra defensoras de derechos humanos, sus familias y sus organizaciones.


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