Por: Gissel Vásquez

Los pobres y migrantes de Honduras son muchos; y ahora los vemos huyendo de su país en “caravanas” …

La migración en Honduras no es un fenómeno nuevo, los flujos migratorios comienzan su crecimiento a finales de los 90s; época en donde la entrada en vigencia de diversas políticas económicas (políticas neoliberales implementadas por el gabinete del presidente Rafael Callejas, una de éstas la devaluación de la moneda nacional frente al dólar estadounidense) y la presencia del catastrófico huracán Mitch; causante de daños exorbitantes en la infraestructura nacional, condicionaron el rumbo de una cantidad importante de hondureños y hondureñas (Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 2016). En años posteriores a estos hechos, la situación del país no presentó mejoras sustanciales, al contrario, la herencia de efectos de políticas públicas desenfocadas del bienestar de las mayorías aunado a la implementación de otras con la misma naturaleza han agudizado diversos problemas socioeconómicos.

Las condiciones económicas y sociales del país, sin duda son el efecto de diversas políticas públicas, pero ¿quién decide implementar esas políticas? Y es precisamente en el “quién” en donde se alberga la responsabilidad de la situación del país. En otras palabras, las decisiones económicas y políticas condicionan la tendencia de indicadores como la desigualdad, pobreza, subempleo, desempleo, crecimiento económico, etc.

Figura 1: Decisiones político-económicas y sus efectos

 

En referencia al ¿quiénes deciden y por qué? realmente en un ambiente plagado de corrupción e impunidad (elementos imperantes en Honduras), un disfrazado absolutismo del Poder Ejecutivo, un Congreso Nacional fiel a intereses político-partidarios, antes que a intereses de la mayoría de la población que “supuestamente” los elige, en aras de una utópica democracia; las decisiones políticas y económicas sin duda están contaminadas por mezquinos propósitos particulares y por ende sus resultados no incluyen a todos.

Las finanzas públicas y la economía de Honduras están secuestradas por la corrupción, basta ver los resultados de la investigación anual de Transparency International (gráfico 1), sobre percepción de corrupción, para afirmar tal cuestión. Pero más allá del malestar colectivo o indignación momentánea frente a actos de corrupción, es imperante cuestionar ¿Cuál ha sido y continúa siendo el costo de oportunidad de este gigantesco monstruo? ¿Quiénes asumen este costo?

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Transparency International.

Sin lugar a equivocaciones, la corrupción la goza un grupito de poder, pero quien paga esa cuenta son los pobres. Los recursos públicos desviados para tal fin podrían financiar aquellos ejes estratégicos para el desarrollo del país y por ende mejorar la calidad de vida de la mayoría de la población.

En síntesis, si los tomadores de decisiones (Poder Ejecutivo y Legislativo) se rigen bajo la túnica de la corrupción, coadyuvada por el velo de la impunidad ¿Qué esperar de ellos en materia de implementación de políticas públicas?

Hasta la fecha Honduras, es un país con rumbo miope. La planificación estatal es una deuda creciente y sin freno. Puesto que prevalece la planificación de los “4 años” (duración de una administración gubernamental, según la Constitución de la República) en lugar de un plan de país o peor aún, se gobierna bajo la cultura de la improvisación o reacción coyuntural. Significando tal comportamiento una atenuante insostenibilidad en las políticas públicas, presupuesto público, programas o proyectos de inversión social y física (infraestructura), entre otros.

Las decisiones en materia de políticas públicas, de las autoridades correspondientes son más coyunturales que estructurales, su misión es la atención insostenible de problemas socioeconómicos como la pobreza, desempleo, subempleo, etc.

Para citar algunos ejemplos; en el año 2013, a pocos días de finalizar la administración gubernamental de Porfirio Lobo Sosa, el Congreso Nacional liderado por Juan Orlando Hernández (quien era el presidente del Poder Legislativo en ese periodo) aprobaron una serie de medidas en materia socioeconómica; para la reducción de desempleo y subempleo en el país, crearon la Ley de Empleo por Hora, mediante Decreto Legislativo №354–2013, publicado en el Diario Oficial la Gaceta №33,393 el 31 de marzo del 2014. Según este instrumento se aprueba el “Programa Nacional de Empleo por Hora, como un programa especial de emergencia de carácter temporal, con el fin de fomentar el empleo digno, mantener los puestos de trabajo existentes, evitar el crecimiento de los índices de desempleo y subempleo en el país, con la ampliación de nuevas oportunidades de trabajo para la población hondureña, en los momentos de crisis económica”

Otra medida, fue la creación del Fondo de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza Extrema (Articulo 45, del Decreto Legislativo №290–2013, publicado en el Diario Oficial la Gaceta №33,398, el 5 de abril de 2014), el financiamiento de dicho fondo se obtiene en base al 3% del incremento al impuesto sobre ventas (también reformado en el año 2013, por el Congreso Nacional, es decir de cobrarse 12% por concepto de impuesto sobre ventas paso a cobrarse un 15%, constituyendo tal medida una pesada carga a las finanzas de la población con menores ingresos, pues también es importante señalar que la política tributaria en Honduras es altamente regresiva).

Esta serie de medidas se aprobaron en 2013 y entraron en vigencia en el año 2014; año en donde toma posesión como presidente de la República Juan Orlando Hernández (presidente actual, producto de una reelección que constitucionalmente no es permitida) En síntesis, el actual presidente de Honduras cuando fungió como presidente del Poder Legislativo, dejó instaladas las bases de lo que serían sus políticas centrales en materia de empleo y reducción de pobreza, en su administración gubernamental.

Pero ¿Realmente estas medidas han sido efectivas?

En términos laborales, no. En los últimos años el subempleo invisible se ha disparado, paradójicamente uno de los propósitos de creación de la ley del empleo por hora, era la reducción del mismo. Sin embargo, actualmente el principal problema en el país no es el desempleo, sino el subempleo invisible (las personas perciben ingresos inferiores a un salario mínimo).

El crecimiento del subempleo en el país ha condicionado a un grupo importante de población a cubrir las necesidades más básicas; como la alimentación. Sin opciones a satisfacer otras necesidades fundamentales como la educación, salud, vivienda, etc., puesto que la cobertura estatal para estos últimos fines es limitada y cuestionable.

La precarización del empleo ha contribuido a elevar los niveles de desigualdad y pobreza en el país. Lejos de dignificar el empleo (como reza la ley del empleo por hora), las medidas hasta ahora implementadas han logrado el efecto contrario.

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)

Y si a pobreza se refiere, Honduras es el país con mayores niveles de pobreza a nivel latinoamericano (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2017). Pese a la implementación de una estrategia de reducción de pobreza; con metas y objetivos esperanzadores y ambiciosos, el destino de importantes cantidades de recursos públicos para revertir esta problemática, los resultados son fallidos. Los niveles de pobreza extrema en Honduras son alarmantes, y esto que la medición realizada por el Instituto Nacional de Estadística solo incluye a personas que reportan ingresos ¿Qué hay de los niveles de indigencia en el país?

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)

El desenfoque de las políticas públicas y estrategias del país para la satisfacción de necesidades fundamentales, no solamente comprometen los recursos financieros del país, también fortalece la inseguridad alimentaria, el déficit de servicios básicos (salud, educación, vivienda) y promueve los desplazamientos de la población de su lugar de origen a otras regiones ya sean dentro del país o internacionalmente.

Según estimaciones del Foro Nacional para la Migración en Honduras (FONAMIH, s.f.), del país emigran aproximadamente 100,000 personas cada año, en su mayoría jóvenes entre 18 y 32 años.

Y pese a que la migración es un problema histórico en el país, la misma no tiene un tratamiento integral y constante por parte de las administraciones gubernamentales. El tema gana interés por parte de las autoridades cuando surgen casos extremos, como, por ejemplo, lo sucedido en el año 2014; cuando niños y adolescentes migraron sin acompañamiento de sus padres o responsables, y la respuesta del Gobierno fue la creación de la “Fuerza de Tarea de Atención al Migrante hondureño”; que continua vigente y aglutina diversas instituciones públicas, sin embargo, su alcance es de atención a efectos no a causas estructurales de la migración. Y el caso reciente (originado en octubre del año 2018 y continua en enero 2019), popularmente denominado “caravanas de migrantes”; modalidad no antes sucedida en el país. Los hondureños ahora están migrando en grupos, de diferentes edades, sexo, zona de procedencia (urbana o rural), razón de su salida (desempleo, inseguridad, pobreza, subempleo — incluso personas con empleo están migrando por la insuficiencia de ingresos percibidos para satisfacer todas sus necesidades) etc.

El Gobierno de la República, preocupado más por dar una imagen favorable ante los ojos de otros países u organismos internacionales de la realidad del país, ha divulgado diversas hipótesis fundamentalmente político-partidarias sobre el origen de las caravanas, no reconociendo como principales causas, las verdaderas causas: pobreza, desempleo, insuficiencia de ingresos satisfacer necesidades básicas, violencia, inseguridad, etc.

Según la subsecretaría de relaciones exteriores en Honduras; Nelly Jerez, la gente emigra del país por eventos como la reducción en el precio cobrado por coyotes para el traslado ilegal de personas (Confidencialhn, 2018) por inducción de líderes de un partido político, (La Tribuna, 2018) pero muy modestamente en algunos espacios ha reconocido, la falta de oportunidades laborales, reunificación familiar e inseguridad como causas del éxodo masivo.

Frente a este problema, el Gobierno actual ha realizado una fuerte campaña mediática más que política y estratégica para frenar el éxodo. Algunas frases virales en diversos medios de comunicación son:

“Tu norte está aquí”

“El coyote no es tu amigo”

“La migración es un asunto de responsabilidad compartida”

“Los están engañando”

Sin verdaderas estrategias de Estado para revertir la situación de los indicadores socioeconómicos, a través de implementación de políticas públicas enfocadas en las mayorías, y sin una depuración de los frecuentes y naturalizados actos de corrupción es osado decirle a los migrantes “tu norte está aquí” Hasta ahora lo que se ha tenido en el país son políticas públicas que generan violencia económica, fiscal y social.

El sueño del migrante por causas económicas no es captar ingresos para únicamente cubrir la necesidad de la alimentación, el migrante sueña lograr una movilidad social ascendente propia y para su familia; sueño que en Honduras los que han dirigido y dirigen el país lo han convertido en una utopía. Y he allí la razón de las caravanas de migrantes…


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