Por: OFRANEH*

En el marco de la sentencia Caso Comunidad Garifuna de Triunfo de la Cruz y sus miembros vs Honduras, emitida en octubre 8 de 2018, finalmente El Instituto Nacional Agrario (INA) dio inicio el martes 8 de octubre al proceso de remedición de Triunfo de la Cruz.

Tres años después y tras múltiples reuniones de planificación de actividades con las diferentes instituciones estatales bajo la coordinación de la Procuraduria General. finalmente se dieron los primeros pasos para remediar lo que para el pueblo Garífuna ha sido uno de los tantos despojos históricos en materia de tenencia de tierra que hemos venido enfrentando, con el contubernio de las autoridades.

La actitud de renuencia del estado a apegarse a las sentencias de Triunfo de la Cruz y de Punta Piedra, es parte del desdén con que el Estado ha manejado la problemática territorial; el que todavía después de más de dos siglos de nuestra presencia en Honduras nos considera extranjeros en Honduras, según como manifestó el representante del gobierno en repetidas ocasiones durante las audiencias de la Corte IDH.

Nos encontramos a treinta días de una audiencia de supervisión de la Corte IDH en relación al caso de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra la cual se llevara a cabo en San José, Costa Rica el próximo 29 de noviembre. Dicha audiencia fue solicitada por las comunidades acompañada por la OFRANEH ante la negligencia del estado para apegarse a la sentencia,

Según manifestaron miembros de la comunidad que participan en el Comité de cumplimiento de sentencia: “en cuanto al avalúo lote A1 en playa Escondida Club Resort, en dos bloques no se les permitieron el acceso, al igual que Villa Escondida y Rosa negra, ambos hoteles y en otras propiedades a las que también no se les permitió el acceso”

Como es de conocimiento público en Honduras, la élite de poder se distribuyó a su antojo, gran parte de las playas y parajes asociados con el turismo, contando con el apoyo de municipalidades. Ademas de los territorios entregados por el Estado a la Empresa Nacional Portuaria, que derivó en desplazamientos poblacionales en Barra Vieja y Puerto Castilla.

A pesar de que el Estado fue condenado por la violación de la Consulta, Previa, Libre e Informada en el caso de la creación del Parque Nacional Punta Izopo, este persiste en desconocer el derecho a la consulta que posee el pueblo Garífuna, al imponer proyectos de “desarrollo” que afectan a las comunidades, teniendo como resultado una sistemática violación de la violación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

 * Organización Fraternal Negra Hondureña.

 


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