Por: Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)
El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), ante la escalada de violaciones a derechos, las mentiras, amenazas, agresiones físicas y psicológicas y las campañas criminalizadoras impulsadas por los empresarios del sistema extractivo presentes en Honduras, aglutinados en instancias como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y la Asociación Hondureña de Productores de Energía (AHPER), con el respaldo protector e impune de la institucionalidad pública local y nacional, nos dirigimos a ustedes señores y señoras empresarios para expresar lo siguiente:
1. Les reiteramos nuestra certera convicción en que ninguna inversión o proyecto financiado con fondos nacionales o internacionales, paridos desde la corrupción y con el ánimo de saquear el país, como lo son en su gran mayoría los proyectos hidroeléctricos y mineros, van a prosperar en nuestra Honduras, porque existe, cada vez más, una legítima, recia y determinada resistencia por parte las comunidades que ya no se deja engañar con sus viejos cuentos de “llevar el desarrollo” a cambio de sus bienes territoriales.
2. Les aclaramos que las comunidades y las organizaciones que a nivel nacional estamos opuestas al saqueo de los bienes naturales y territoriales, trabajamos hoy sin improvisaciones, sabemos con quién nos estamos enfrentando, conocemos sus empresas, comprendemos cómo funcionan, reconocemos los patrones de “relacionamiento” que tienen con la institucionalidad pública, es decir, que entendemos que su escalada de agresiones se originan porque tenemos sistematizados y mapeados todos sus abusos y que próximamente denunciaremos a nivel nacional, en los países desde se originan los capitales invertidos y en cualquier instancia que permita frenar y reparar las violaciones a derechos de que son víctimas las comunidades y el país en general.
3. Denunciamos públicamente que son ustedes los perpetuadores de una campaña criminal que pretende señalar como violentas a las comunidades y sus organizaciones y situar como víctimas a sus empresas. Señores empresarios: toda Honduras sabe que son ustedes los que de manera “legal” a través de la Policía Nacional, Militar, Rural, Tigres y el ejército tienen las armas y ejercen la violencia y también es conocido que cuando la institucionalidad no les funciona recurren a la contratación de sicarios para “eliminar” a los liderazgos sociales opuestos a sus intereses como ha sido el caso de Berta Cáceres.
4. De igual forma, denunciamos y los señalamos a ustedes como los responsables directos de la burda campaña, a través de la cual pretenden ubicar en el imaginario colectivo que quienes defienden los bienes naturales y territoriales se oponen al desarrollo y al progreso de las comunidades. Razón por la cual, también los señalamos a ustedes como los responsables por los atentados o asesinatos en contra de cualquier dirigente de las comunidades o de nuestras organizaciones.
5. Deploramos que ustedes como empresarios sigan teniendo una mentalidad sumamente obtusa creyendo y tratando de hacerle creer a las comunidades que una centena de empleos, mal pagados, constituye la base del desarrollo. Es decir, que su visión de progreso se sustenta en la riqueza que ustedes consiguen sobre la base de la contratación de mano de obra barata, la corrupción y en el saqueo de recursos. Indicar que nosotros como organización y como comunidades, creemos que es posible el desarrollo, pero sobre la base de la dignidad humana y el respeto a los derechos humanos individuales y colectivos. De igual forma, evidenciamos públicamente que no estamos enfrentados a los trabajadores de las empresas, todo lo contrario, entendemos la desesperación que produce la pobreza, sin embargo, les aseguramos que una comunidad puede sobrevivir sin la presencia de una empresa extractiva en su territorio, que deben valorar el costo presente y futuro de su salud y la de su familia, el costo que tiene vivir sin agua, con ríos y tierra contaminada que no sirve para hacerla producir, entre muchas otras cosas.
Señores empresarios resulta muy cínico de su parte, que ustedes pretendan desconocer los desastres ambientales que han provocado sus proyectos y de forma descarada aparezcan ante la opinión pública a pedir pruebas técnicas para probar los destrozos. Los ejemplos de comunidades arrasadas por las mineras como Azacualpa, Copán, o Pajuiles en Tela en donde la comunidad entera pasó de tomar agua a beber lodo con heces fecales, no son inventos de nuestras organizaciones, son ejemplos documentados técnicamente, que no han podido ser invalidados, ni siquiera por la institucionalidad pública nacional.
6. De igual forma, como organizaciones conocedoras de la realidad del país, sabemos que las cifras de inversión que muestra Honduras no son positivas, pese al discurso oficial, pero esto jamás, por ningún motivo puede entenderse como una licencia para el abuso de los empresarios y menos una responsabilidad atribuible a las comunidades en su legítimo derecho de defensa de sus bienes. La responsabilidad por la no inversión se debe precisamente a los niveles desbordados de la corrupción en todos sus ámbitos y en todos los niveles y que fomentan sectores como el suyo, porque esa es la forma de “hacer negocios”.
Señores empresarios y señores del gobierno un par de recomendaciones finales sobre este conflicto:
A. Paren el abuso en contra de las comunidades y sus bienes. Ustedes podrán seguir haciendo todas las campañas sucias y criminalizadoras posibles, utilizar todos los medios de comunicación que son de su propiedad o con los cuales tienen alianzas corruptas; podrán seguir fomentando el odio en los trabajadores de sus empresas o podrán seguir pagándoles para que hagan las protestas, incluso, podrán seguir contratando a organizaciones que supuestamente defienden los derechos humanos para que limpien su imagen, pero les aseguramos que nunca les ajustará el dinero para la contratación de sicarios, policías o militares que contengan la dignidad de la gente que defiende sus derechos y bienes naturales y territoriales.
B. Paren la criminalización/asesinato en contra de los líderes comunitarios. La docilidad institucionalidad que raya en una franca complicidad es producto de la configuración y consolidación de un marco normativo que pretende no solo garantizar estabilidad jurídica a la inversión transnacional en Honduras, sino que pretende también revestir de legalidad y supremacía los intereses de los sectores económicos, en detrimento de los intereses de las mayorías y de la dignidad humana. Repetimos, sus esquemas operativos ya están documentados y serán denunciados, el que ustedes, por ejemplo, mantengan a personas procesadas legalmente en comunidades como Pajuiles o Jilamito, por ejemplo, únicamente sigue incentivando un clima de violencia en las comunidades.
C. Respeten la autodeterminación de las comunidades sobre el uso de su territorio. Adicionalmente, por un poquito de decencia (sino es mucho pedir) eliminen la reserva de informativa sobre las licencias ambientales y los documentos técnicos de soporte para el otorgamiento de la misma. El acceso a la información también es un derecho humano y la base para reducir la conflictividad social en torno a estos proyectos.
D. Investiguen objetivamente el impacto de mineras e hidroeléctricas y reparen los daños. Concretamente exigir a la institucionalidad pública que recuerde que su finalidad es el bien público, el de las mayorías, no el de complacer o trabajar para los empresarios, por lo tanto, que realice evaluaciones objetivas del impacto de estas empresas y que desde ya empiece el proceso de reparación de daños en las comunidades.
Finalmente reiterarles, señores empresarios, que en Honduras, comunidades como Pajuiles, Jilamito, Reitoca, Guapinol, Los Prados, Chinda, Omoa y Azacualpa, entre otras, han mostrado una genuina y espontánea decisión de defender lo que les pertenece y con sus acciones han demostrado una y otra vez que no están dispuestas a ceder en su lucha, que son comunidades, junto a sus organizaciones, entre ellas el MADJ, formadas por hombres y mujeres que somos incorruptibles, y empeñados en recuperar la dignidad de Honduras.
Honduras, 17 de septiembre de 2018
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