Hay una situación grave que debe saberse. Ya ratos están tratando de mantenerla oculta, pero como era natural se les ha fugado información. El hecho es que la verdad siempre encuentra formas de salir a la luz pública.

El gobierno de Honduras con sus aliados, socios y comisionistas han preparado un zarpazo grande a nuestra dignidad y territorio. Apuntan a imponer una mal denominada Ley de Consulta Libre Previa e Informada.

Quieren hacerlo lo más pronto posible. Por un lado, hubo un aviso a las y los congresistas que se retiren al receso pero que no se alejen porque pueden ser llamados en cualquier momento para reintegrarse. Por otro se dice que la aprobarán a mata caballo en el Congresito en Lempira.

¿Pero cuál es el aspaviento?, ¿Por qué amerita esto ser comunicado en la gravedad de esta hora y este momento reservado para los grandes avisos?

Porque esta Ley significa genocidio. Significa arrancar de sus tierras ancestrales, de los últimos pocos de tierras ancestrales que los pueblos Indígenas y Garífuna tienen bajo su dominio, a sus verdaderos dueños. Es el asesinato masivo de varias culturas, de la riqueza humana y espiritual de este país. Un crimen atroz para que un grupo de canallas hagan dinero con lo ajeno, otros antihumanos cobren su asquerosa comisión y otros más imbéciles aplaudan, sin más beneficio que un puñal ensartado en sus espaldas o cortando su yugular.

El anteproyecto de Ley del que les estoy hablando y según me han informado ya está en la Secretaría del Congreso, está destinado a repartir los bosques, agua, paisaje natural, subsuelo, fertilidad y fuerza humana a inversonistas nacionales (las familias poderosas de siempre, más el juan orlandismo/cariísmo, el grupo Reagan y otros).

Este proyecto de Ley de consulta es inconsulto. Se ha hecho marginando y desatendiendo a las organizaciones indígenas que se oponen a ser asaltadas, pero se ha hecho con gente que, por un salario, firma sabiendo que no representa a los pueblos indígenas y se presta para entregar a extranjeros el futuro de la niñez indígena y garífuna, y el hoy de mujeres, adultos mayores, adultos y juventud indígena, garífuna, campesina y pescadora.

Desatiende las observaciones de la Relatora de las Naciones Unidas sobre Pueblos indígenas, así como la jurisprudencia de las sentencias de la Corte Interamericana de derechos humanos sobre pueblos indígenas pese a que los artículos 15, 63 y 64 de la constitución los obliga a atender y asumir estas observaciones porque son vinculantes.

Hace caso omiso y actúa en vulgar y delictiva contradicción contra los artículos 5 y 6 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes, para citar solo dos, y en contra de las estipulaciones del artículo 18 de la constitución que señala que, en caso de contradicción entre la ley y los Tratados o Convenios, prevalecen los Tratados y Convenios.

Si es cierto que nadie está por encima de la Ley, ninguna acción dirigida a robar a los pueblos indígenas y garífunas, lo que es suyo puede entenderse por sobre esta orden de la constitución y desobedecerla. Hacerlo sería atacar directamente la estructura y jerarquía jurídica del país y por lo tanto su forma de gobierno, es decir un delito de traición a la patria.

¿Por qué señalo que esta ley es para favorecer a empresarios, que de participar en este acto delictuoso se rebajaría a vulgares ladrones?

Muy sencillo. La copia del anteproyecto de ley que ha caído en mis manos, no va dirigida a abordar los asuntos de interés y necesidades indígenas y garífuna, sino a establecer un mecanismo hipócrita para hacer parecer que se ha desarrollado una consulta que habilita proyectos sobre los que organismos financieros internacionales como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, Banco Centroamericano de Inversión Económica y entidades capitalistas financieras de los gobiernos de Holanda (FMO), Finlandia (Finfund), etcétera y agencias quinta columna de colonización de países desarrollados (países ricos) a países subdesarrollados (países pobres) como lo son USAID y GIZ (esta hizo el mapeo nacional de bosques, agua y suelo).

Algunos de los anteriormente mencionados (BCIE, FMO, FINFUND y USAID) están ligados al asesinato de Berta Cáceres y tres personas más (Tomás García, así como los hermanos William y Maycol Rodríguez, este último de 15 años), puesto que financiaron con dinero a la empresa Desarrollos Energéticos DESA proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, (lo cual mientras no haya una investigación imparcial y confiable, no quita encima de la mesa que la operación de seguimiento, tortura y uso político del derecho penal contra las comunidades Lencas de Río Blanco y los asesinatos señalados, se hayan financiado con ese dinero, así como las ganancias de personas dispuestas a hacer lo que tengan que hacer para obtener beneficio del despojo y saqueo de los territorio y bienes comunes indígenas y garífunas.

(Según me han informado, DESA ya se fue de San Francisco de Ojuera, desinstaló en silencio y se fue ante el silencio cómplice de quienes debieron darse cuenta y avisar.).

¿Qué dice el anteproyecto que ha legado a mis manos?

Articulo 5 habla de consentimiento y traslado de las comunidades. Según interpreto, esto solo ocurre en caso de expropiación para fines de explotación hidroeléctrica, minera, turística, eólica, de ciudades modelo, monocultivos, etc., o de cosas como la instalación de bases militares y similares.

En el inciso h) sub inciso 2), de este artículo se habla claramente de proyectos.

Artículo 6: Habla de un Comisionado Nacional de la Consulta Libre Previa e Informada CONACOLP, adherido a la Secretaria del Trabajo. El hecho de que el convenio es de la OIT no es suficiente explicación para esa adhesión; pero si lo es la consideración del asunto a cosas que tiene que regular esta secretaría como lo son las relaciones obrero patronal.

¿Será que se planea que las y los indígenas y garífunas ser renajados a aseadoras, cocineras, vigiantes y artefactos de folclore en sus propios territorios?

El CONACOLP decidirá si la petición de consulta por los pueblos debe aceptarse o no.

Además, el ni Poder Ejecutivo ni el Estado de Honduras, pueden ser garante de las consultas ya que, en su actitud de persecución a los indígenas y garífunas, impunidad ante todos los asesinatos cometidos, la negación a tutelar los derechos de los pueblos indígenas y negros, y la promoción (actitud propia de un hambriento comisionista), han perdido esta condición, ya que evidentemente no pueden ser juez y parte.

En el caso de Indura, los funcionarios del gobierno de Maduro, el mismo presidente Maduro, su Ministro de Turismo el socadoide de los mil nombres Thierry Pierrfeu, su asesor presidencial Camilo Atala, terminaron no socios de Indura, sino hasta dirigentes del Fondo de Inversión Turística de Honduras FITH dueño del 49% de las acciones de la empresa Desarrollo Turístico de la Bahía de Tela, junto con el Instituto Hondureño de Turismo ITH, quienes a su vez son propietarios de Indura, Capten esto, la sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso Blanca Jeannette Kawas Fernández, señala que Jeanette Kawas fue asesinada por oponerse a un proyecto turístico en lo que ahora es el parque nacional que lleva su nombre. Berta Cáceres se opuso a un proyecto hidroeléctrico de otra empresa que lleva en Nombre de “Desarrollo”, en la cual la familia Atala también es dueña.

Como no hay una investigación objetivo y no comprometida con estos intereses, queda impresa en la mente de la mayoría, que esto puede estar ligado a la negativa de cumplir la sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso Jeannette Kawas, y la negativa a perseguir a los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres. Quizás esté siendo suspicaz, y la culpa la tengan las matemáticas por aquello que señala del factor común. Si hubiera estado de derecho y justicia objetiva y no coludida con el sistema mafioso de opresión al pueblo, no habría espacio para estas dudas razonables. Urge que tengamos Estado de Derecho y se desmonte el para-Estado mafioso que tiene cooptado y secuestrado al Estado hondureño.

También este anteproyecto de ley niega el derecho al veto a las comunidades, la participación de todos los afectados solo serán las comunidades que el CONACOLP, controlado por el Ministro de Seguridad Madero, muy solicito y cercano al COHEP desde el CES o Consejo Económico Social, determine como afectadas directas. Con eso se agudiza un elemento que el espíritu de Consulta en el OIT 169 avisora como negativo (la no participación de las comunidades afectadas), puesto que este articulo provoca lo que en derecho se conoce como un conflicto en el espacio, y un conflicto en el tiempo.

Piensen lo siguiente que en el río Gualcarque hay 3 concesiones para hidroeléctrica (eran 4 pero DESA se fue de San Francisco de Ojuera). Todas las comunidades lencas que dependen del río Gualcarque son afectadas, pero serán consultadas solo las que el COANCOLP considere afectadas directas.

¿Por qué este anteproyecto de Ley es inconsulto?

Porque no se hace una consulta solo entre los que están de acuerdo en algo. Y la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH), no representa a los nueve pueblos que conforman en Honduras, a lo sumo representa una parte de cada uno de los pueblos a excepción del pueblo Lenca ya que las organizaciones que en su momento participaron del proceso de la Mesa Técnica Interinstitucional para el Convenio OIT 169, se retiraron desautorizando a CONPAH a hacer el uso del nombre del pueblo Lenca, el más numeroso de los nueve pueblos originarios de Honduras.

Las organizaciones más numerosas y representativas del pueblo Lenca: La Mesa sectorial del Pueblo Lenca, ONILH, COPINH, MILPAH, etc., para citar solo unas pocas no avalan, ni forman parte de ese proceso. Faltando pues la mayoría casi absoluta representativa del pueblo ¿a qué Lencas representa la CONPAH? ¿Con qué desfachatada antidemocracia se autoerigen representantes absolutos de los pueblos? Tampoco han participado de este proceso organizaciones Mayoritarias de otros pueblos como es el caso de OFRANEH en o que se refiere al pueblo Garífuna, y así otras Pech, Tolupanes, Maya Chortí, Nahuas, etc.

Hay una coacción fuerte para negar desde CONPAH a las mayorías indígenas que se oponen a estos proyectos por el despojo de sus territorios y la aniquilación de su cultura y derechos. Han sido torturadas, perseguidas judicialmente y asesinadas, por defender su cultura, sus territorios y todas las formas de vida, y con ello habilitar la ley de consulta y abrir las puertas al traslado de territorios y bienes comunes indígenas y garífunas a manos particulares.

Se han prestado en esta enorme injusticia: DINAFROH, CONPAH, y el PNUD. Ante esto no tienen más acción que aclarar si apoyan este proceso de despojo o no. El perdón es posible cuando un victimario intencional, culposo no intencional manifiesta su arrepentimiento y su conversión sobre las malas acciones o los pasos extraviados. Mientras tanto aplica política y jurídicamente lo que el código penal señala sobre culposidad, dolo, alevosía y ventaja; y complicidad.

Los Jesuitas de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA) de El Salvador expresaron en un comunicado publico, respecto al caso de la masacre del UCA donde asesinaron a sacerdotes (Ellacuría, Segundo Montes, etc.), y mujeres civiles, que solo se puede hablar de perdón cuando hay una sentencia condenatoria confomr a un juicio objetivo.

Y hablo sobre estos delitos penales de: orden internacional (establecidos en las convenciones: (1) para la eliminación de toda forma de discriminación racial, (2) para la sanción y castigo del delito de apartheid, (3) para la prevención y sanción del delito de Genocidio y (4) Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional, de orden Constitucional (artículos 2, 4, 15, 16, 18, 59, 63 y 346), y de orden penal nacional: artículo 319 del código penal.

Esto no es todo, solo es el principio de lo que puede hablarse sobre este tema. Además de inconsulta y violatoria de la constitución, quiero dejar claro qué, si se presenta este anteproyecto de Ley de Consulta y se aprueba, es de todas maneras inválido ya que lo que entre en conflicto con convenciones como OIT 169, sobre genocidio, sobre discriminación racial, sobre apartheid, sobre bienes y pasaje naturales, humano y cultural de la UNESCO, así como la jurisprudencia derivada de las sentencia internacionales, declaraciones de las Naciones Unidas y sus relatores, no solo la hacen nula, sino que meten en horizonte delictivo nacional, constitucional y penal nacional a quienes participen de este proceso.

Si tiene interés seguiremos tratando este tema

Finalmente hago un llamado a todas y todos los hijos e hijas decentes de esta patria a formar un frente común de defensa contra esta y otras actividades mafiosas y delictivas de estos ladrones y sus asociados y comisionistas. Pronto las organizaciones indígenas y garífunas que se oponen al saqueo y destrucción de Honduras, harán el llamado a integrase a esta lucha.

Con la fuerza de las ancestras y ancestros de los nueve pueblos indígenas y garífunas de Honduras, con la energía vital y limpia de Bera Caceres y José Asunción Martinez, ( “Chon”) y las mejores hijas e hijos de Honduras y con la total entrega y compromiso de mestizas y mestizos que creemos en la justicia y la honestidad,

Quedo a la espera de sus reacciones y compromisos.


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