Por: Anarella Vélez


La libertad de expresión se ha vuelto una ficción para la ciudadanía de Honduras y para las mujeres aún más.

Las ciudadanas tenemos la certeza de que las instituciones del estado y los medios de comunicación tradicionales fomentan las relaciones de opresión de las que somos víctimas. Este es por lo tanto uno de los desafíos que debemos encarar. Aun cuando las mujeres representan el 51.5% de la población urbana y el 49.8% de la rural, de las cuales cerca de dos millones tienen edades comprendidas entre 15 y 49 años, es decir, están en edades de participación social, económica y política el Estado no se toma en serio el hecho de que estas violaciones tienen un impacto tanto inmediato como de largo alcance.

Los casos más emblemáticos y memorables de violación del derecho a la libertad de expresión es el de la persecución y victimización de la que fue objeta nuestra recordada compañera Gladys Lanza (1942-2016), quien condujo la defensa de una mujer víctima de acoso sexual desde la organización que ella dirigió, Movimiento Visitación Padilla, y por ello fue llevada a los tribunales.

Este caso expuso el modo en que las mujeres no pueden ocupar un espacio público en defensa de los derechos de otras mujeres pues ello constituye una transgresión que la sociedad patriarcal no perdona. Más recientemente también fue llevada a los tribunales Suyapa Martínez, Directora del CEM-H, quien denunció la impunidad en el caso del crimen perpetrado en contra de la vida de Berta Cáceres.

Cuando las mujeres como Gladys Lanza o Suyapa Martínez, ocupan un espacio público, se expresan, destacan y se vuelven visibles, van a contracorriente del mandato patriarcal y heteronormativo que nos mantiene en casa para no cuestionar el poder masculino y el sistema enfila sus baterías en su contra.

La violencia contra la libertad de expresión de las mujeres adopta una cara mucho más cruda cuando un número indeterminado de ellas participan en manifestaciones en contra de la imposición de un gobierno tirano y en estas acciones de protesta ellas son convertidas en víctimas de las políticas de persecución, subyugación y terrorismo de estado que ha implantado a partir del golpe de estado del 2009. Ellas han sufrido vejaciones de todo tipo, inclusive, en la ciudad de Choloma, una miembra de la Alianza de Oposición fue golpeada salvajemente y le quebraron un brazo durante las manifestaciones del mes de enero en la crisis pos electoral del 26-N.

Sin duda alguna este es un grave problema que afecta al funcionamiento de la democracia y tiene efectos muy serios sobre la gobernanza de nuestro país. Mientras en el mundo democrático se incentiva la plena participación de las mujeres en la política nacional, en Honduras se las apalea por tener una posición crítica respecto al fraude electoral y la tiranía que impera en Honduras o por la defensa de los derechos de los más débiles, como es el caso ocurrido con las periodistas Tommy Morales y Hedme Castro.

Resulta evidente, por la falta de políticas públicas que motiven una participación crítica de las mujeres en la construcción de ciudadanía, que estamos frente a un gobierno que desestima los derechos de las mujeres; se están infringiendo los derechos de más de la mitad de la población hondureña y se desconoce toda la legislación internacional que invita a que se escuchen sus voces y se reconozcan sus intereses de ciudadanas. Hoy en día se tiene muy claro que en toda democracia se cumple con la sumisión a los derechos humanos, particularmente de las históricamente postergadas: las mujeres.

Sin duda todo sistema social inclusivo, democrático, necesita a las mujeres para resguardar su legitimidad y su autenticidad. También las mujeres necesitamos una sociedad que nos permita exponer en libertad lo que queremos cambiar en esta sociedad hasta volverla justa, igualitaria y respetuosa del Estado de Derecho.

Pese a ciertos adelantos normativos internacionales, en Honduras se sigue haciendo de la libertad de expresión un derecho inaccesible para las mujeres. Entre tanto, el Estado acrecienta la brecha en la solución de los conflictos que causan la participación crítica de ellas ante la falta de soluciones a los problemas sociales de Honduras: deterioro flagrante de la educación, menoscabo y empobrecimiento del sistema de salud que no puede atender las necesidades de la población hondureña y lo que es tan grave como lo anterior: falta de libertades y justicia.

 


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