Por: Gustavo Zelaya

Altos cargos del régimen de Juan Hernández orgullosamente participan en ese gobierno originado en su ilegal inscripción como candidato y en el fraude electoral sostenido por la fuerza militar y con la venia imperial,

rechazado por la mayoría del pueblo y obviando más de 40 asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad; afirman que son impulsores de un nuevo pacto social y nadie debe dudar de su honestidad. La prensa oficiosa les dice magos financieros y desde el Banco Central de y la Secretaría de Finanzas, pretenden ordenar y transparentar las cuentas nacionales como sustento del pacto; y, tarea inmediata, elaborar procedimientos y reglamentos para el uso del fondo departamental. Ellos mismos fueron funcionarios en esa secretaría y ahora dicen que harán lo que no hicieron en el período anterior. Se nota que son técnicos muy calificados, capaces y responsable que, por algún pequeño olvido, no cumplieron sus tareas. Y ahora sí, con la magia del equipo y la gracia divina cumplirán sus deberes. Solo es cuestión de fe y creencias. Tal vez dan espacio a la ciencia de la administración, si es que existe tal cuestión.

Esos magos han de saber que la noción de pacto o contrato social se emplea para definir convenios que establecen las personas entre sí o con el Estado, establecen derechos y deberes para regular convivencias. Así, desde una situación natural, las personas voluntariamente aceptan leyes y códigos jurídicos; el Estado vela por su cumplimiento, sea con armas o con educación. En teoría el pacto garantiza la libertad, la vida, la propiedad y ayuda a desarrollar condiciones de igualdad. Uno de los fundamentos del contrato es que, desde un ambiente ficticio avanzamos hacia condiciones sociales y políticas, para superar conflictos como la ambición individual y la guerra; se obtienen relaciones más respetuosas entre la naturaleza y la cultura y entre las personas, gracias al control estatal y con una instancia fundamental que representa las voluntades particulares. Eso es el parlamento, cámara de representantes, congreso, senado, etc. Sin mencionar diferencias, son las ideas básicas del llamado contractualismo de Thomas Hobbes (1588-1679) y Jean Jacques Rousseau (1712-1778).

Si por cualquier razón el gobernante rompe el pacto significa que está de acuerdo con el derecho de rebelión. Según esos autores los individuos renuncian a la condición natural para resolver la inseguridad; aquí el derecho a la vida es irrenunciable y si hay amenazas en la sociedad por ineptitud del gobernante, o por crueldad, el contrato se considera violado y el individuo queda libre para defenderse como pueda. El contrato es el mayor acto voluntario existente en donde todos ceden su libertad, su derecho natural, para vivir conforme a la razón y otorgan autoridad permanente al gobierno; a cambio obtienen libertad civil, propiedad de lo que se posee, libertad moral y la organización del Estado. De esas propuestas deriva el contractualismo contemporáneo de John Rawls (1921-2002) y Jürgen Habermas (1929).

En vez de describir el origen de la sociedad, investigan cómo se efectúan los procesos de toma de decisiones y resolución de conflictos. Estudian más la forma de los pactos y no tanto el contenido clasista de las relaciones sociales. En Rawls la sociedad “es una asociación, más o menos autosuficiente, de personas que reconocen ciertas reglas de conducta como obligatorias y que en su mayoría actúan de acuerdo con ellas…especifican un sistema de cooperación diseñado para promover el bien de aquéllos que toman parte en él, ya que, aun cuando la sociedad es una empresa cooperativa para obtener ventajas mutuas, se caracteriza típicamente tanto por un conflicto como por una identidad de intereses” (1995- 20). Supone que, sin importar diferencias, seres racionales situados bajo “un velo de ignorancia” acuerdan establecer principios generales de justicia para facilitar tomas de decisiones justas. El “velo de ignorancia” es un escenario en donde los ciudadanos desconocen su posición social, deciden qué normativa debe regular la vida común y aceptan principios que los protegen en momentos de riesgo. Con el “velo de ignorancia” cada uno es igualmente racional, está en la misma situación y se garantiza unanimidad e imparcialidad en los acuerdos.

Aquí el pluralismo ideológico es fundamental para el equilibrio social, surge de las prácticas racionales en sociedades democráticas. Ese pluralismo no es cualquier opinión ni sistemas de valores excluyentes como la religión, las ideas racistas, patriarcales y otras fundamentalistas. Es un orden social en donde aceptamos “los principios de la justicia social: proveen una forma de asignar derechos y deberes en las instituciones básicas de la sociedad y definen la distribución apropiada de los beneficios y las cargas de la cooperación social” (1995-4). Es la justicia distributiva en sociedades contradictorias.

Habermas sostiene que el diálogo es la forma de superar conflictos sociales, se logran consensos y acuerdos que conducen a la colaboración sin importar discrepancias. Pero deben existir “condiciones ideales de diálogo”, principios mínimos para la comunicación y así llegar a acuerdos como el postulado de no violencia, según el cual el debate deja de ser racional cuando se hace bajo amenaza; el postulado de igualdad, según el cual en el debate los participantes deben tener igual acceso a la información pertinente para el diálogo y el postulado de seriedad, en donde el objetivo del debate es llegar a un acuerdo. Tal posibilidad requiere de “La situación ideal del habla… bajo las cuales se realiza el actuar comunicativo guiado por una racionalidad…una comunicación racional que es más que un negociar de intereses individuales. Los sujetos…no son sólo reflexivos y constructivos, que interpretan y construyen activamente su realidad, sino que además de esto cambian y mejoran su realidad dentro del marco estructural, puesto que resuelven conflictos mediante el discurso, tema que lleva a un acuerdo no sólo ficticio, se basa en convicciones compartidas” (1981-387).

El autor supone que desde el consenso y la comunicación argumentada pueden fundamentarse juicios éticos ya que en la discusión la persona exponen argumentos, responden a las críticas, reconocen a otros como sujetos de derechos, renuncia a las trampas y a la manipulación ideológica, respeta los procedimientos, de tal modo que esos elementos sirven de base a los criterios morales para desarrollar principios mínimos de relaciones entre personas diversas que se apoyan en la racionalidad del discurso. Aquí los participantes tienen las mismas oportunidades de expresarse, cuestionar y reflexionar sobre las pretensiones de validez de lo que se dice y propone. Esencial es la opinión pública para fortalecer o deslegitimar públicamente las debilidades de la sociedad democrática; con ella adquieren más sentido los derechos individuales y las libertades políticas.

La esfera pública es el espacio en donde los ciudadanos debaten sobre asuntos comunes. Es diferente al Estado y permite diferenciar relaciones de mercado, aparatos estatales y las formas de organización de los ciudadanos. La noción de esfera pública tiene algunos problemas. Por ejemplo: si en ese espacio todas las personas que deliberan tienen las mismas capacidades discursivas ¿realmente existe esa igualdad? ¿las relaciones discursivas son simétricas? ¿habrá personas excluidas en ese espacio? Esto es muy importante ya que toca el problema del acceso abierto y sin exclusiones en la esfera pública. ¿Se ha logrado alguna vez tal acceso en la democracia realmente existente? Incluso, el espacio público de la sociedad actual es un espacio masculinizado en donde no han participado mujeres, lo mismo ocurre con los que carecen del estatus de propietarios y otros por prejuicios raciales. Además, tomando en cuenta diferencias sociales en cualquier intento de diálogo racional los grupos del poder económico-político-militar-religioso tienen más ventajas respecto a los sectores empobrecidos y despojados de sus territorios. Los grupos del poder marcan su zona de dominio y es en ella donde pretenden dialogar y lograr pactos a medida y conveniencia. Para los grupos hegemónicos el pacto social se logra a partir de sus intereses y con alta dosis de simulación dialogan y absorben a sus oponentes en el lenguaje del bien común, de la necesaria gobernanza para la convivencia civilizada y, por supuesto, olvidando errores del pasado que incitan a la violencia, partiendo de cero para ir hacia adelante por el bien y gloria de Honduras. El lenguaje del poder se convierte en lenguaje religioso; no así sus prácticas, dolosas, fraudulentas, tramposas y, según las circunstancias, asesinas. El uso que se le quiere dar al diálogo tiene como elemento importante y muy repetido el olvido de los conflictos y las desigualdades para convertirnos en patriotas en pro de la felicidad general.

No son suficientes las cifras sobre crecimiento económico y liquidez bancaria, que el Banco Mundial elogie la política fiscal si no redunda en claro progreso social. Qué sentido tiene para la mayoría de la población el aumento de la recaudación tributaria cuando enfrenta precariedad en el empleo y necesidades no satisfechas. La desproporción que hay entre el presupuesto para seguridad y defensa respecto al de salud y educación dice mucho acerca del interés de los magos de las finanzas del gobierno de Joh; que, a pesar de sus ayudas sociales potenciadas en la campaña electoral no logran superar las cifras del desempleo, del hambre, el costo de la canasta básica, las condiciones de pobreza de gran parte de la población, el encarecimiento de la salud y la precaria educación pública. Aunque, para los brillantes técnicos del gobierno el estado calamitoso de los centros escolares hará posible una rápida aproximación al sistema escolar finlandés. Las paredes por los suelos y la falta de pupitres son los buenos signos de la escuela del siglo XXI.

La asombrosa sabiduría del ministro de educación pública debe servir para que los magos financieros sepan que hay que seguir reduciendo el gasto y las inversiones en educación, tal y como ha ocurrido en los gobiernos nacionalistas de Ricardo Maduro y Pepe Lobo. Y esto se comprueba en las embestidas contra la educación pública, en la condición de las instalaciones escolares, en el trato denigrante y agresivo a las personas que trabajan en educación, en la exclusión que existe en zonas rurales y en la forma de conducir el subsistema educativo, con lenguaje militar y mano dura a los docentes, mayor criminalización de la protesta y durísima represión para imponer políticas educativas privatizadoras.

Pero la situación más clara y que desgasta la sociedad hondureña es la profunda desigualdad existente, el deterioro de la economía familiar y la escandalosa riqueza acumulada en pocas familias. Tal vez sea el daño más grave que los grupos del poder provocan a su organización social. Hacen gala de la macroeconomía y sus magos financieros responden conscientemente con su jerga económica ocultando los niveles del atraso material. No tienen posibilidad de aceptar que la distribución de la riqueza social está en otra de sus crisis y que, por tanto, también hace aguas todo el sistema productivo.

14 de febrero de 2018


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