Anarella Vélez

La piedra angular de toda sociedad democrática radica en la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. El artículo 13 de la Convención Americana establece que este derecho comprende “la libertad de buscar,

recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.


Esto, evidentemente, aplica al internet, a las redes sociales y a las ideas que se divulgan por estos medios. Estos espacios son ideales para que, con el ejercicio de estos derechos se afiancen otros. Coartar la libertad en el entorno en línea impediría el que la ciudadanía se exprese abiertamente.

Otro resultado beneficioso del uso de los diferentes espacios que encontramos en línea es que da acceso a la educación y a la libre asociación.
Mientras en otros países se legisla para proteger el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión en el entorno digital, curiosamente en

Honduras se quiere imponer una ley que limite ese derecho, desconociéndose todos los logros que en materia de derecho internacional se han obtenido a fin de mejorar la gobernanza en El entorno en línea. Para no ir muy lejos, en México se ha integrado a la constitución un artículo que establece el principio de inviolabilidad de la libertad de difundir opiniones e ideas por cualquier medio.

La libertad de expresión tiene en las redes sociales uno de sus mejores aliados. Hoy en día millones de personas de todo el mundo las utilizan para compartir noticias de actualidad, para exponer sus opiniones y sus ideas, sobre todo en una época en la que hemos descubierto que los medios de comunicación oligopópolicos están al servicio de intereses divorciados de aquellos que benefician a los pueblos.

En Honduras un importante sector de la poblacion refleja en el entorno en línea —y fuera de línea también— su descontento con el gobierno de JOH. Ahí se repudia el empobrecimiento generado por unas políticas públicas con las que se invierte más en armas que en salud y educación y se manifiesta en contra del fraude electoral. La ciudadanía está convencida que si viviéramos en democracia el Estado debería invertir sus mejores esfuerzos en garantizar nuestro derecho a expresarnos libremente, aún cuando nuestros pensamientos e ideas coalisionen con los intereses del partido en el gobierno y sus prácticas armamantistas.

La libertad de expresión debe prevalecer sobre cualquier otro derecho, ya se trate de exteriorizar comentarios considerados ofensivos para el status quo. Debe cesar el imperio de una doble moral que sostiene que no es lo mismo enunciar determinados temas en el ámbito privado que en el público. Las percepciones subjetivas de la ciudadanía tienen fundamento en una realidad que les es adversa, que les castiga día a día con la falta de respeto a su dignidad, la conculcacion de las libertades, la vulneración de la seguridad y la falta de soluciones a sus problemas concretos y eso se refleja en los medios de comunicación alternativos.

Anular la libertad de expresión en las redes sociales pondría de relieve que definitivamente se ha instalado en este país un régimen autoritario y agravaría la situación de los derechos humanos, ya de por sí vulnerados con la crisis pos electoral del 26-N. Demás está decir que, en aquellos países en donde se han establecido condenas por la publicación de comentarios considerados vejatorios se cuestiona la efectividad de las mismas pues al publicarse los fallos tambien se inside en la opinión social generando adversión al control de los espacios “on line”.

Sin duda alguna las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) –algo que a este gobierno se le ha olvidado-- son decisivas en los procesos de desarrollo e inclusive se las considera como un factor importante en las políticas de reducción de la pobreza. En todo país preocupado por el bienestar de la población se entiende que estos deben ser recursos para la generación de empleo, para la prevención de catástrofes y para afianzar la democracia.

En conclusión, antes de atentar nuevamente en contra de los derechos humanos de la ciudadanía restringiendo su libertad de expresión, el Congreso Nacional debe aceptar que el ámbito de aplicación de la relación entre Gobierno y medios de comunicación es más complejo de lo que a simple vista

nos parece y que ésta incluye también a toda la ciudadanía y debe ser asumida con responsabilidad democrática por la paz y el bien común.


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