Por: Cindy Rodriguez  

El Golpe de Estado del 2009 marcó el inicio de una década de deterioro acelerado de las instituciones públicas. Las elites económicas y políticas decidieron atestar un golpe contra la democracia y el masivo respaldo popular del proyecto de la cuarta urna y la constituyente, evidenciando que lo único que los guía es la protección de sus intereses económicos y su beneficio particular. Desde ese momento el pueblo ha marcado una agenda por la defensa de la democracia que descansa fundamentalmente en la movilización popular, ante la cual ha encontrado una respuesta represiva reiterada.

El objetivo de la incursión cívico-militar contra la voluntad popular tuvo como objetivo destruir el proyecto progresista del gobierno del Poder Ciudadano. A partir del Golpe, se activó un proceso perverso de despojo capitalista; a través de la privatización de los bienes públicos, la violación de nuestra soberanía nacional con políticas entreguistas como las ZEDES, Alianzas Público-Privadas, la corrupción como canal de despojo de recursos públicos, concesiones de recursos naturales y la tercerización de los servicios públicos.

Los movimientos sociales y sector políticos y gremiales aglutinados en el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) deciden fundar el Partido Libertad y Refundación (LIBRE) con la apuesta de la toma del poder para la refundación del Estado.  Dicho proyecto Partidario conlleva asumir el escenario de la democracia liberal como terreno de batalla y la vigilancia por el respeto a la voluntad popular.

El Partido LIBRE le ha apostado a los procesos electorales, al igual que a la participación en los órganos electorales como medida para presionar por unas elecciones transparentes, libres y legítimas, luego de los fraudes electorales en los dos últimos procesos. Esta representación se logró cómo respuesta a la masiva movilización popular contra el fraude, que obligó al régimen a abrir espacio en los organismos electorales. La exigencia del Partido busca fortalecer los mecanismos que aseguren la transparencia y el respeto de la voluntad popular expresada en las urnas. El avance en estas reformas se encuentra bajo amenaza por el régimen y algunos grupos con intereses particulares.

Una de las voces más fuertes de denuncia del peligro de regresar a procesos electorales fraudulentos ha sido de la Abogada Rixi Moncada, consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), persona sumamente calificada y electa por su capacidad técnica y política, y que ha demostrado la representación del pueblo a través de su postura firme ante las amenazas que se avecinan para los procesos electorales del año 2021. El 20 de mayo del presente año, la magistrada presidenta del CNE presentó una propuesta para elecciones, ante el retraso del proyecto Identifícate del Registro Nacional de las Personas (RNP), que se manifestaba desde mucho antes del inicio de la pandemia ante el fracaso de los procesos de licitación, y la lentitud para la entrega de los dispositivos tecnológicos  y contratación del personal de enrolamiento.

El 3 de junio del presente año, el RNP presenta el Cronograma de Enrolamiento y Entrega del nuevo Documento de Identidad al CNE, donde se plantea que el nuevo Censo Nacional que sería entregado el 28 de agosto del año en curso contendrá datos de solamente 1.7 millones de hondureños y hondureñas y, supuestamente el resto de los datos serán entregados a finales del presente año. Esto representa una clara amenaza para la garantía de un proceso electoral transparente debido a que existen prácticas recurrentes de manipulación del Censo, como traslados de domicilios, votos de personas fallecidas, voto de personas que emigraron fuera del país, entre otros, que favorecen el triunfo electoral de los sectores ligado al crimen organizado y la corrupción que dirigen actualmente el país.

En respuesta a lo antes mencionado, la consejera presidenta del CNE envía una Carta al presidente del Congreso Nacional denunciando el fracaso en la contratación de la empresa que emitiría la nueva identidad, el retraso en la entrega de los “kits” para el enrolamiento, los inconvenientes provocados previo y durante la emergencia sanitaria y denunciando la intención del RNP de entregar un censo nacional incompleto, situación que impondría utilizar el censo vigente.

Detrás del retraso manifiesto del proceso de enrolamiento y emisión de la nueva identidad se esconde la siempre latente estrategia de las élites nacionales y transnacionales por violentar la soberanía popular a través de un fraude electoral. Como es de esperarse, son estos mismos sectores quienes desde ya, han comenzado a posicionar discursos que favorecen la continuación del régimen dictatorial so pretexto de la crisis sanitaria.  

Desde ya se comienza a filtrar en los medios de comunicación posturas que buscan hacerle creer a la ciudadanía que los procesos electorales son caros e innecesarios, bajo la finalidad de cancelarlos o postergarlos asegurando la continuación de la dictadura. Si se considera que la democracia es cara, se debería equiparar con el costo social y humano de las miles de vidas perdidas por la incapacidad intencionada y alevosa del Estado en materia de salud sólo durante esta crisis, sin mencionar las muchas otras que han sido arrebatadas por la violencia, la pobreza o el exilio. Es claro que no estamos frente a argumentos bien intencionados, más bien, tenemos a la vista a los mismos sectores que desde siempre se han beneficiado de vivir en un territorio sin gobierno, donde impera la ley del más fuerte y donde las aspiraciones de democracia se estrellan frente a los fusiles de las fuerzas de ocupación extranjeras.

Será necesario continuar levantando la bandera de lucha, bandera que siempre ha hondeado por nuestro espíritu revolucionario. Llegó el momento de acuerpar desde los diferentes espacios las acciones que nos guíen a refundar el país, y fundar de una vez por todas un país que atienda las voluntades de las mayorías.

 


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