Por: Abiezer Zabdiel

Conocemos que la imposición del Estado de excepción es la medida por excelencia que han determinado los gobiernos, para lograr una “efectiva” cuarentena que logre detener los alarmantes niveles de contagio del COVID-19, pero lo cierto es que el Estado de Excepción enmascara la incapacidad de contención de los gobiernos y revela los grandes niveles de pobreza y desigualdad que se vive en nuestros países; como lo muestra el informe de la CEPAL del año 2019 sobre el índice de pobreza en América Latina siendo un 30.8% y del cual 11.5% es el índice de pobreza extrema[1]. Lo cual nos deja en una encrucijada entre la que disputa el hambre, la salud y el “bien social o el bien de la nación” ya que mantener el Estado de excepción donde se limitan una cantidad de derechos –entre ellos el de circulación y asociación- es insostenible en realidades como las nuestras que dependen del movimiento continuo de la economía informal, de la cual subsisten al menos 130 millones (46.8%) de latinoamericanos[2].

En ese sentido es necesario reflexionar desde la desigualdad, desde la pobreza que nos agobia en estos países, ya que la imposición del Estado de excepción contempla la disminución de algunos derechos lo cual implica que disminuyan para algunxs y se anulen/extingan para otrxs, esto reconociendo los niveles de desigualdad que imperan en nuestra sociedad, donde evidentemente no existe una universalidad de derechos, lo cual nos ubica en un escenario caótico, ya que la anulación de derecho para una gran parte de la población significa anular el derecho a la vivienda, la salud, el trabajo y con ellos el derecho a la vida; sumado la existencia de un Estado violento, corrupto, con dictaduras criminales que han sido incapaces de asegurar la vida como fin supremo del Estado.

En América Latina, la mayoría de los gobiernos que han aplicado “el toque de queda” como mecanismo de control para contrarrestar el contagio del coronavirus, han cerrado fronteras y en la mayoría de los casos la economía funciona de forma condicionada para algunos rubros; que en gran medida son parte de la economía formal, dejando así a quienes subsisten de la economía informal a la deriva en un océano de inciertos, que han develado el hambre y la pobreza que azota en nuestros países. De esta manera la disminución de derechos a desembocado en la acción desmedida de los Estados para imponer el orden, lo cual también se ha manifestado en un ejercicio desmedido de poder punitivo y en la creación de mecanismo de control, así como la aplicación de políticas criminales en contextos de cuarentena. Es de esta forma que la llamada “guerra contra el enemigo invisible” no es más que la guerra contra lxs enemigxs ya invizibilizadxs. 

La idea de la guerra siempre va enmarcada entre patrones de violencia, selectividad y un alto costo económico y social, además de ello no podemos ignorar la estruendosa propaganda que se hace de ella. Pero ¿la guerra contra el COVID-19 puede verse de este modo? ¿Cómo es posible ver guerra, donde lo que se enfrenta es una enfermedad y no un objetivo militar? ¿Enemigo el virus? Las respuestas y las visiones puedan ser muchas, pero no podemos dejar de evidenciar que la guerra contra el enemigo invisible de la que han hablado los gobernantes, es una guerra intensificada contra los sectores desposeídos y vulnerables; de la mano con ello, podemos observar las formas de acción que ejerce el poder punitivo, que evidentemente no puede ejercerse contra un virus, pero si contra personas físicas, que vienen siendo en este caso los objetivos. Poder que se ha legitimado en diversas formas que han ido desde la influencia mediática como opinión pública, exigiendo mayor punitivismo, hasta la creación de normativas como lo es el caso de Perú con la Ley No. 31012 (Ley de Protección Policial)[3] que exime de responsabilidad penal a policías que usen sus armas de reglamento y como resultado ocasionen lesiones o muerte, esto en el contexto de la imposición del toque de queda; o en Honduras que recientemente se aprobaron sanciones a quienes no mantengan mecanismos de bioseguridad.

Pero la guerra siempre tiene mandos altos que ordenan y es el caso de El Salvador, donde el Presidente Nayib Bukele, ordeno – por twitter– el cierre del municipio Puerto La Libertad[4], aun sin haber reportes de contagios en la zona, el presidente Bukele mando a militarizar la zona, aduciendo que el incumplimiento de la cuarentena tiene como resultado el cierre total del municipio –castigo ejemplar– sin permiso de comprar comida, ni medicamentos, ni domicilios y que la única salidas de emergencias serian escoltadas por la policía. Claramente no estamos hablando de personas que están cumpliendo una condena o una medida de seguridad en materia penal, pero se evidencia como se ha materializado el poder punitivo en forma de políticas de “prevención” que nada distan de la visión que tiene la prevención general en materia criminal – tanto negativa como positiva- y es aquí donde observamos que la mayoría de las campañas para sostener la cuarentena basan su estrategia en la sobre información y al mismo tiempo en la coerción, como es el caso de la viralización de videos y fotos donde policías “castigan” a ciudadanos poniéndolos a limpiar o hacer ejercicios por el incumplimiento de la cuarentena[5], siendo una completa ilegalidad considerando que solo juez competente puede imponer pena por delito o falta; pero claramente quien ejerce poder punitivo no es el juez, sino el policía que selecciona, estigmatiza y criminaliza.

La guerra ha sido una constante, sea desde la forma militar, política o normativa, siempre el escenario de guerra ha sido la legitimación para defender la vida, la democracia, los buenos valores; y hoy nuevamente se alzan las banderas, los ejércitos se movilizan para defender, no la vida como define Santiago Petit sino para “salvar el algoritmo vida […] un algoritmo formado por secuencias ordenadas de pasos lógicos, que se encarga de organizar la sociedad”[6]. La preservación de la vida como una metáfora, que no se traduce en individualizaciones cuerpo, sino más bien en multiplicidades individualizadas y disciplinadas. Emular el discurso guerra, ha conseguido que las formas punitivas de control – formal e informal- codireccionen las políticas criminales de los Estados, en tiempos en los que el virus ataca inclementemente, se disminuyen los derechos y se ocupa militar y policialmente los espacios públicos.

En nuestra realidad Latinoamericana, la ocupación militar/policial no ha sido el mecanismo extraordinario en tiempos de guerra contra “el virus”, sino que en la mayoría de los casos ha reafirmado un proceso de militarización que ha escalado los niveles más altos desde la llamada “vuelta a la democracia” que nos envolvió en una aparente calma; reconociendo el Estado de Derecho y volviéndose más “democrático y participativo” pero la realidad detrás de todo ello es que la guerra no termino con la “caída de las dictaduras”, solo reajusto sus modos y sus enemigos. La COVID-19 nos ha mostrado que la guerra del ayer, en esencia sigue siendo la mismas que rezaba entre los manuales contrainsurgentes, que el enemigo incluso estaba entre la familia[7] o que marcaba entre la sociedad civil sus objetivos como lo afirma el Manual de 1987 en Colombia “la población civil, por tanto, es uno de los objetivos fundamentales de las unidades del Ejército. […] la conquista de la mente del hombre, el control de sus actividades, el mejoramiento de su nivel de vida y su organización para defenderse contra amenazas, son respectivamente los objetivos de las operaciones sicológicas, de control, de acción cívica y de organización que se desarrollan a través de todas las fases de contraguerrilla”[8].

Las emergencias son el medio más notable por el que se expresa el poder punitivo, y al decir que siempre existió la guerra, también afirmamos que hubo la emergencia, de la manera en la que siempre hubo enemigxs llámense brujas, comunistas, islámicos, maras/pandillas y así la construcción del otro como riesgo, como peligro para legitimar la acción punitiva del Estado; este “otro” que es estigmatizado y estereotipado, representa la forma binaria del pensamiento criminal, entre lo negro lo blanco, lo bueno lo malo, manifestándose un proceso selectivo de neutralización de lo otro que no puede ser gestionado más que por el discurso de la enemistad. En medio de la COVID-19 ¿Quién es el enemigo? Evidentemente el enemigo público, no es el funcionario corrupto, ni el empresario acaparador, ni la transnacional que sigue explotando los recursos valiéndose de la emergencia; el enemigo es aquel potencialmente infectado, el de a pie, el que se aglomera en los mercados, el que no usa mecanismos de “bioseguridad”. Es preciso entonces, decir que el enemigo es el ente no disciplinado en las nuevas técnicas de seguridad. 

Evidentemente el enemigo en el derecho no es tema nuevo, podemos ver por ejemplo como el Hegelianismo penal concertaba en la idea de que existían dos tipos de personas –las libres y no libres- que determinaba el hacer jurídico en el plano de lo objetivo, para ellos el momento subjetivo del espíritu donde se alcanzaba la autoconciencia y con ello la libertad, era lo que determinaba la conducta en lo objetivo –en lo jurídico- es decir que quienes no lograban la autoconciencia no eran libres, por lo tanto, no eran sujetos de derecho. Zaffaroni explica que “a los no libres que causaban daños solo se les podía someter a medidas de seguridad, que no eran penas y, por lo tanto, no admitían la medida máxima de su culpabilidad o libertad, sino únicamente la de peligro que implicaban para los libres”[9]. Tiempo después vendrá Jackobs a decir que en el Estado de las libertades solo puede existir el derecho para los ciudadanos y que los enemigos deberán ser juzgados por un derecho de excepción. En esencia lo que se plantea en estas dos fórmulas es la anulación o disminución del grado de persona y por ende el de sus derechos.

En el contexto de Honduras, la aplicación de leyes como la del uso obligatorio de mascarillas y aplicación de protocolos de bioseguridad, donde se establecen penas –con disfraz de sanción administrativa- que violan un sinfín de garantías que se tienen por el solo hecho de ser persona, comprende parte de la expresión punitiva del Estado en medio de la guerra, una lucha contra lo marginado que representa peligro y que a la vez hay que seleccionar y neutralizar. Si bien es cierto esta medida no es exclusiva de nuestro país, cabe destacar que las condiciones de aplicación son en niveles desiguales, considerando niveles de pobreza y un gobierno dirigido por una élite corrupta, que ha sido incapaz de considerar un planteamiento integral sobre la salud en estos momentos de emergencia. Disminuir derechos y criminalizar quizás sea para algunos sectores “el mal necesario” para salvaguardar la vida, así como en algún momento se reconoció en las cárceles ese mal como fin para la seguridad de la población.

Para ir concluyendo estas ideas tiradas al aire y un poco desordenadas, considero que es una necesidad reflexionar sobre esta expansión punitiva ejercida verticalmente por el Estado, pero también asumida horizontalmente por iguales; ya que mientras avanza la guerra y con ella la excepción, se evidencia la intensidad del ataque contra los sectores bajos de la sociedad que en estos países latinoamericanos son muchos y quizás los mayormente afectados, a pesar de que se vende la idea de que el virus no ve clase social, en Honduras por ejemplo las zonas más pobres del país son las que están siendo militarizadas o como le dicen elegantemente “Cercadas epidemiológicamente” y esto conlleva un peligro en muchos niveles, pero sobre todo la violación de múltiples Derechos Humanos, considerando que son sometidos al escrutinio público como el riesgo. Aclaro que con esto no se busca crear una discusión irracional sobre si hay que tomar medidas o no, simplemente es necesario pensar cómo se está desarrollando este proceso, considerando que esto nos está llevando a punto de naturalización no solo del encierro, sino de la disminución de derechos, de normalizar la represión y la ocupación como medio de contención para las clases peligrosas; es así que surge la necesidad de comenzar a cuestionar y reflexionar la excepción en estos días de pandemias y dictaduras.


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