Por: Juan López

Un nuevo escenario se presenta a partir de ayer 29 de noviembre en la región del aguan con la declaratoria de Municipio libre de Minería en Tocoa.  Solamente quedan Iriona, Limón y santa Rosa de Aguan pendiente para tener el mapa departamental con declaratoria de no minería, ya son siete corporaciones Municipales que asumen la defensa de la casa común perteneciente a los vecinos de esos Municipios. La calidad del punto de acta del cabildo abierto de Tocoa es decisiva.  

El pueblo ha logrado posicionar el tema agua, ambiente y territorio en la palestra pública. Cada Municipio ha avanzado según las posibilidades y condiciones objetivas y subjetivas en este proceso de lucha política por los bienes comunes. Es una lucha política porque es una lucha entre el Estado extractivista y el pueblo. El Estado a través del régimen gubernamental lleva en una mano la constitución y las leyes y en la otra a las empresas extractivistas y las instituciones represivas para imponer el saqueo. Frente a eso, hay oposición y por eso, esa oposición popular es política.

En el Municipio de Tocoa la relación dialéctica, confrontativa entre el Estado y el pueblo ha sido y es muy aguda. El régimen central creó toda la estructura legal para llevar al territorio una situación delicada, lamentable. El Estado pequeñito Municipal distante de la base social, bajo el imperio empresarial pierde autonomía y se convierte en simple servidor de intereses foráneos. Todo el discurso de desarrollo y progreso es una construcción de la maquinaria macroeconómica y publicitaria para ubicar en la mente del ciudadano la idea de desarrollo y felicidad inexistente.

La contradicción es necesaria, la contradicción entre la verdad y la mentira ha sacudido las conciencias y hay evolución, hay crecimiento. El cabildo abierto de Tocoa no pudo expresarse mejor a pesar de la fragilidad del órgano deliberativo. Es notable que la crisis social, económica y política lleva al pueblo a superar al régimen gubernamental y es comprensible que éste, no entienda lo que ocurre en la subjetividad popular, por eso el miedo y la represión o la construcción de imágenes personales y orgánicas falsas. No hay proceso de cambio alguno que avance si no hay personas concretas que empujen el avance y hagan posible la contradicción.

El Alcalde de Tocoa, en medio de la crisis de cara al cabildo de ayer 29, dice que el Comité Municipal junto a la Fundación San Alonso, recibió un millón trescientos mil euros para este proceso. Soy coordinador del Comité y debo responder con el respeto debido al Alcalde porque la plataforma eclesial parroquial a la sirvo, parte de la plataforma social de ciudadanos del Municipio que integran el comité se merecen respeto y no pueden por ningún motivo compartir su lucha con alguien que se supone desvía dinero. La corrupción es un cáncer que destruye la sociedad y un corrupto da asco en la actividad pública, por eso este servidor, a petición de compañeros delegados de la palabra, solicito que el Alcalde publique la documentación respectiva sobre el 1.3 millones de euros y está autorizada la fiscalía del Ministerio Publico para la investigación responsable de este servidor por el paradero de dicha fortuna.    

El proceso de lucha por la vida implica honor, y éste también es puesto a prueba en la dinámica de la contradicción en materia penal, de un lado por la corrupción y del otro, por difamación. En espera de lo solicitado, las comunidades y dirigentes están alerta, pendiente de lo que ocurre en la compleja dinámica de relaciones cruzadas por la corrupción. La desconfianza de la gente ante una lista de asistencia sin encabezado creíble, indica la desconfianza ante la administración pública en deterioro, y es muy importante que esa desconfianza se traduzca en una militancia permanente por la causa social, pública y política.

La gente debe pisar continuamente los talones de todo funcionario público y también de todo dirigente social, no debe tenerlo a mecate corto por migajas o ayudas, sino por una correcta administración de lo público. Es notable el desarrollo en marcha de esa eticidad política de la gente en la defensa de los bienes comunes y públicos. Sin embargo hace falta que esa movilización de la conciencia popular frente a las corporaciones Municipales se exprese también frente al gobernador y los cuatro diputados propierarios y suplentes, estos funcionarios tienen una responsabilidad con el departamento en la lucha por la justicia social y el bien común y pasan desapercibidos observando de lejos la situación que duele en los territorios de cada Municipio.  

Los movimientos sociales Municipales deben avanzar hacia el encuentro y la construcción de un plan de resistencia ante la continuidad del modelo económico y administrativo que está desplazando a las comunidades y concentrando los bienes comunes y públicos. Cada dia las comunidades garífunas viven en menos tierra y son expulsadas hacia el exterior, las microcuencas productoras de agua están en riesgo, la seguridad publica militarizada y abundan los retenes que obstaculizan el libre tránsito, la tierra de vocación agraria camina hacia la militarización, etc. A partir de allí el movimiento social debe unirse, hay que olvidar que la receta del desarrollo la tiene el funcionario, no, éste está obligado a ejecutar el plan de desarrollo que el pueblo propone de manera integral.

En los municipios las comunidades y ciudadanos nos hemos ido de vacaciones, no hemos asumido nuestra responsabilidad social, moral y política con los intereses del Municipio, hemos sido espectadores y cuando el ciudadano calla, el gobernante se ensaña y destruye todo. Que cenga el adviento popular.


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