Por Idalia Flores
Actualmente ser asaltada sexualmente es una realidad latente que enfrentamos las mujeres a diario en Honduras y es el Estado quien debe garantizar la integridad de sus pobladoras pero al contrario se muestra indiferente ante estas atrocidades.
Generalmente se culpa a las víctimas hasta el extremo de que cuando la consecuencia es un embarazo, las personas lo ven cómo “designio de Dios” sin importar las consecuencias.
Desde hace más de una década, nos hemos visto obligadas a llevar a término embarazos no deseados generalmente producto de una agresión sexual debido a la prohibición mediante el acuerdo ministerial 2744-2009 de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE) que podría prevenir un embarazo hasta 72 horas después de una relación sexual sin protección.
La impunidad en los casos de violaciones contra mujeres es responsabilidad del Estado de Honduras. Sin embargo las autoridades las iglesias y los medios de comunicación tratan el problema como en segundo plano.
Si fuera prioridad, se haría mucho más para atrapar a los agresores, aumentar las penas, crear espacios más seguros para las mujeres y darles todas las opciones de atención en caso de una agresión sexual.
De manera directa e indirecta el Estado de Honduras ha creado condiciones propicias para los depredadores sexuales. Esta complicidad es algo a lo que se debe poner un alto ya que las agresiones seguirán aumentando.
