Por: Regina Fonseca

El pasado 5 de marzo, el periódico de distribución nacional El Heraldo publicó una noticia titulada “En 15 minutos se pueden conseguir pastillas abortivas a través de las redes sociales” en el que detalla cómo a través de Facebook se puede acceder a pastillas de anticoncepción de emergencia conocidas llamadas “Plan B” que previenen el embarazo, así como las pastillas comúnmente llamadas “Cytotec” utilizadas para interrumpir el proceso de gestación.

Se dedicó la primera plana del diario con el titular y una foto del momento de intercambio entre comprador y vendedora, además de cuatro páginas dedicadas a infundir miedo y desinformación, describiendo el código penal y las consecuencias por su mal uso sin aclarar contexto. Un reportaje sin diversidad de fuentes especializadas en el tema, y una simple descripción de hechos.

Estamos en un país con emergencia nacional en materia de violaciones a los derechos humanos de las mujeres, hablar del tema sin presentar un contexto y una demanda a quienes deben solucionar el problema de raíz, simplemente es irrespondable.

A diario cada 3 horas se denuncia un tipo de violencia sexual, y los medios de comunicación hacen caso omiso a esa alerta, no es noticia, no es objeto de investigación ni primera plana, y prefieren seguir instaurando en la consciencia colectiva el miedo, la cultura de la violencia y la desinformación, siendo obligatorio que el medio se pregunte ¿cuál es la situación de fondo para que la venta clandestina Cytotec se mantenga de manera tan exitosa en los últimos años en Honduras?

  • Razones para buscar la Cytotec

Una de las razones para buscar Cytotec es que las pastillas anticonceptivas de emergencia - PAE  están prohibidas y  las niñas, adolescentes y jóvenes están quedando embarazadas producto de violaciones sexuales, y las victimas no están dispuestas a llevar a término un embarazo no deseado, producto de violación o de alto riesgo.

La negación de PAE a niñas y mujeres víctimas de violencia sexual se traducen en alarmantes cifras de parto adolescente. Solamente durante 2017, se registraron 21,150 partos de niñas entre 10 y 18 años de las cuales, 819 fueron en niñas de 10 a 14 años[.

Llevamos 10 años sin PAE y sin voluntad política para resolver esta crisis humana, cuando únicamente se requiere que el Ministerio de Salud de Honduras derogue el Acuerdo Ministerial No. 2744-2009 y apruebe el Protocolo de Atención Integral a Victimas/Sobrevivientes de Violencia Sexual que incluye la obligación del Estado de Honduras de ofrecer las PAE para evitar embarazos producto de la agresión sexual.

No todas las victimas de violencia sexual pueden pagar 300 lempiras por una pastilla anticonceptiva de emergencia, tampoco todas saben de su existencia. Frente a la falta de opciones, a las sobrevivientes de violencia sexual no les queda más que cruzar los dedos –como si eso sirviera de algo-, y si llegan a quedar embarazadas, en su desesperación buscan una salida al embarazo no deseado, de formas inseguras, poco confiables, sin información y hasta sin escrúpulos. Las opciones que el Estado deja a las mujeres, al prohibir las PAE y penalización absoluta del aborto, es realizarse un aborto en clandestinidad y desinformadas, bajo el miedo de que las descubran y poniendo en peligro, incluso, su propia vida.

  • Honduras: uno de los seis paises de Latinoamerica que penaliza el aborto.

Honduras cumplirá 35 años de estar en la lista de los únicos seis países de Latinoamérica que penalizan absolutamente el aborto seguro y no prevén al menos las causales mínimas. No es casualidad que, desde hace aproximadamente 40 años, el aborto sea la segunda causa por egreso hospitalario de mujeres en Honduras o que, el 12% de las muertes maternas sea atribuible a abortos clandestinos.

Las muertes por abortos en condiciones de riesgo son totalmente evitables. En 2017 egresaron de los hospitales públicos que dependen de la Secretaría de Salud, más de 10,300 mujeres con diagnóstico de aborto, y del Instituto Hondureño de Seguridad Social egresaron más de 2,300 mujeres.

Es decir, la legislación de Honduras obliga a las mujeres y niñas a una de dos opciones: (i) llevar a términos embarazos que fueron consecuencia de violencia sexual, que atentan contra su vida o su salud o que son inviables, so pena de criminalizarlas; o ii) a recurrir a abortos clandestinos en condiciones de inseguridad e insalubridad.

Por nuestra parte, las organizaciones de mujeres hemos hecho la denuncia y la demanda en todas las instancias de derechos humanos internacionales posibles para que se aprueben alternativas legales, seguras y gratuitas para las mujeres. El pasado 14 de Febrero, insistimos una vez más en Sucre, Bolivia a través de una delegación de representantes de plataformas que luchan por los derechos sexuales y reproductivos en Honduras a través de audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): “Obligaciones del Estado de Honduras frente al acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para niñas y mujeres víctimas de violencia sexual”, para brindar información valiosa sobre la preocupante situación de las niñas y mujeres víctimas de violencia sexual en ese país, y solicitar a dicha instancia a que se pronuncie sobre la necesidad urgente de que Honduras redoble sus esfuerzos para cumplir con los estándares internacionales en materia de salud sexual y reproductiva, de igualdad de género y no discriminación.

La venta clandestina de medicamentos para interrumpir embarazos se vuelve punto de fuga para las mujeres frente a una deuda en la legislación nacional que obstaculiza gravemente el acceso a la justicia y ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres. Con ello, permanecen las causas estructurales e institucionales de la violencia de género y además profundiza los patrones socioculturales que discriminan a las mujeres.

“EDUCACIÓN SEXUAL PARA DECIDIR,

ANTICONCEPTIVOS, INCLUIDA LA PAE PARA NO ABORTAR

ABORTO LEGAL PARA TENER AUTONOMÍA, LIBERTAR Y NO MORIR”.


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