Por: Gustavo Zelaya
El gobierno de Juan Hernández tiene varias características: mentiroso, violador de derechos humanos, acumulador compulsivo de riquezas y, por los cantos que vienen desde las cortes federales de Nueva York, estrechamente ligado al narcotráfico. Son varios años de obscuras transacciones, de aumentos al combustible, al peaje, a la canasta básica, de legalización de negocios turbios y asalto sistemático a las arcas del Estado. Al parecer organizado desde el poder ejecutivo; una de sus aspiraciones es hacer de Honduras un centro político-financiero-comercial-religioso-militar, en donde se elimina cualquier rasgo de legislación nacional que beneficie a la población y de soberanía nacional, para edificar un país a la medida del Fondo Monetario Internacional; pleno de convenientes normativas que garantizan la inversión privada y sin vestigios de protestas sociales.
La práctica política del régimen se apropia de los fondos de pensiones, del aire, los bosques y los ríos. Con la participación de los partidos tradicionales y sus cómplices de ciertos partidos minoritarios, siguen asaltando las instituciones estatales con sus gabinetes de abogados, con los terratenientes urbanos y rurales, los madereros y agroindustriales que convierte la tierra en algo apto para el aceite de palma, el biocombustible, los cultivos industriales, el agotamiento del suelo y su posterior enriquecimiento con puros organismos humanos, al reprimir y asesinar con saña a cualquiera que se oponga a las prácticas extractivistas y a la intención de hacer del país un productor de objetos para el mercado mundial. Las comunidades del Valle de Sula, de Santa Bárbara, del golfo de Fonseca, de Yoro, de otras regiones y de los centros urbanos saben el significado que tiene en sus vidas ese proceso de acumulación y concentración del capital, expresado en desempleo, carestías, muerte, desnutrición y migración forzada.
Esa forma del “desarrollo” tiene expresiones muy claras cuando vemos concesiones de territorios a quien invierta y quiera ser parte de este país de Alicia, de este paraíso encontrado sin manzanas de la discordia, sin el odio que hay en la quema de llantas, sin pecado original o plagiado, sin contratos colectivos ni estatutos de las profesiones, en donde su habitantes originarios, Adán y Eva, quedan desnudos ya que les roban todo, hasta sus hojas de parra. El nuevo Edén se llama zona especial de desarrolla (ZEDE) y no será edificado en lugares inhóspitos ni alejado de los puertos principales o de las mejores carreteras, y en su apertura estará la mano divina de los jerarcas religiosos expertos en humanidad. Los representantes de la reserva moral, infaltables e infalibles.
Los humanistas cristianos en el poder, con apoyo militar y financiero norteamericano y de la Unión Europea; con asesoría y adiestramiento israelita y colombiano, desde el golpe de Estado de 2009 han puesto en marcha procedimientos represivos que elimina opositores políticos, que organiza pequeñas instituciones partidarias que hacen más eficaz el fraude electoral y tramposas legislaciones; que construye una red de ONG para facilitar el blanqueo del dinero saqueado y del generado por el narcotráfico; que manipula la libertad de expresión comprando líneas editoriales y salas de redacción, que invade la privacidad con escuchas telefónicas, para asegurar tenebrosas transacciones que evidencian la esencia criminal de un sistema económico.
A la sombra del supuesto humanismo cristiano se organiza el sicariato para hacer creer que las muertes violentas de mujeres y hombres y las 18 masacres registradas desde enero de 2019 a la fecha son parte del paisaje, tan naturales como el arrecife de coral y el jaguar; así, la muerte ronda sin provocar emociones negativas en gobernantes ni en sus cómplices colocados en cargos importantes en el poder ejecutivo. Por las personas en riesgo debe haber solidaridad y más solidaridad de parte del pueblo en resistencia, un valor social desconocido por la mafia en el poder.
La narcoactividad y las nuevas formas de la doctrina de seguridad nacional invaden y controlan segmentos del sistema económico y político, de los partidos tradicionales y del gobierno. Y, para mayor Inri, en el congreso se impone y probablemente se apruebe la cobertura legal de algo que sea ha profundizado en el gobierno de Juan Hernández: reestructuración y reforma de la educación y la salud pública. No es más que nuevos nombres para la privatización de esos subsistemas. Con los decretos en cuestión se va a reprimir mucho más la disidencia, la organización gremial y se darán pasos hacia una mayor estandarización de la conciencia. Ahora frente a la protesta popular prometen “diálogo sincero” y archivar tales decretos. Aceptan pues, que antes y ahora seguirán mintiendo.
Otro aspecto ligado a la salud y la educación es la seguridad pública, la percepción sobre ese tema y la urgente necesidad que tiene el gobierno de expresarse como exitoso en la persecución del delito. Intentan colocar la violencia en niveles normales y hacernos creer que aquí hay un modelo de seguridad ejemplar a nivel de Latinoamérica, gracias al decidido respaldo financiero de entidades norteamericanas y europeas. En tal sentido la Meca se encuentra en Israel y en Colombia, en donde normalizar la vida social significa aplastar la oposición, mutilar y desaparecer personas, negociar y vender tierras, aire, brazos, bosques, sangre, lo que se pueda; ajusticiar a quien sea y realizar prácticas de tiro en objetivos humanos con una tecnología segura e inteligente; en fin, controlar la actividad pública.
En la versión catracha de Juan Hernández cuestión es simple y tosca: se combate el crimen en base a criterios cuantitativos, con más presupuesto, más equipos, más policías y militares en la calle, supuestas depuraciones en los cuerpos de seguridad, nuevos centros penitenciarios y normativas jurídica que nos convierte a todos en sospechosos hasta demostrar lo contrario. Por supuesto, la ciencia estadística les sirve de respaldo: la tasa mundial de homicidios es de 8 muertes violentas por cada 100 mil habitantes y aquí se hace fiesta cuando se ha logrado una reducción de casi 50% en 6 años, magia pura que nadie en el mundo ha podido alcanzar. Ahora la cifra nacional para el 2018 es de 41.5% por cada 100 mil habitantes. Pero no dicen que esta cifra es propia de países en guerra y para fuentes oficiales aquí existe la paz y la vida mejor.
Todos esos datos se originan en la ciencia más completa, más docta e infalible manifestada en el IUDPAS y su Observatorio Nacional de la Violencia, que se fundamenta en información originada desde la policía nacional, la DPI, la FUSINA, el registro de las personas, Medicina Forense y el Instituto Nacional de Estadísticas, puras cifras oficiales muy gratas al gobierno. En especial, calculadas a partir de un censo nacional de población realizado hace más de diez años, por tanto, actualmente falso. De otro modo, acuerdo absoluto de esos entes para hacer creer que hay más seguridad, aunque en el barrio y en los pueblos creamos lo contrario. Además, hacernos creer que la sociedad se divide en buenos y malos, tal y como lo afirman jerarcas religiosos, los acertados depuradores de la policía, funcionarios, diputados y los que dirigen las fuerzas de seguridad del Estado. Tal concepción no es más que una cavernaria visión de nuestra realidad, copia fiel de los supremacistas gringos que dividen al mundo en amigos y enemigos, tal y como lo gritaban los golpistas de 2009.
Eso mismo se manifiesta en el sistema educativo en donde se cree que el atraso cultural y el analfabetismo se resuelven con cumplir con 200 días de clases anuales, con reasignaciones presupuestarios y los informes de cumplimiento del trabajo. No conciben ni un solo elemento cualitativo. Es un problema de meras cantidades y, claro, según la magia financiera del gobierno cachireco, se trata de ejecutar con transparencia hasta el último centavo el presupuesto establecido para demostrar eficacia y simular capacidad gerencial.
Todo ese maniqueísmo oculta el propósito de hacer del país un lugar más militarizado, con más garantías para la inversión, la impunidad y la represión hasta desarrollar a plenitud el experimento iniciado en 2009 y dar paso a la Honduras is Open For Business, es decir, Honduras is Open For Buitres. Algo parecido al capitalismo perfecto: con poca intervención del Estado, pocas regulaciones para empresarios, sin estatutos ni códigos laborales, sin sindicatos, con tecnología y pocos trabajadores; casi perfecto. Pero sin considerar que aquí se registran los índices de desarrollo humano más vergonzosos de América Latina, que nuestro país es de los más pobres del mundo, desnutrido, con pésimos sistemas sanitarios, altamente dependiente, que expulsa a sus hijos en forma de exiliados políticos o de inmigrantes ilegales.
Además, frente a la corrupción e impunidad se intenta activar la movilización popular y la presencia de otros grupos de ciudadanos y ciudadanas indignadas en esta situación de crisis, parece que tal cuestión todavía no muestra la suficiente fuerza para inquietar a los grupos de poder; padecemos de dispersión, debilidad orgánica, protagonismos y presencia de prácticas propias del caudillismo en el seno de muchas organizaciones que parecen oponerse al régimen actual.
Pero nuevas formas de respuesta popular van surgiendo frente a la crisis, otras expresiones de desarrollo de la conciencia se van manifestando. En especial, es muy importante el papel reivindicativo, cuestionador, de formas políticas del feminismo, de movimientos estudiantiles que defienden la educación pública, de grupos que reivindican la diversidad identitaria, del movimiento de indignados que, antorcha en mano, van iluminando la rejuvenecida lucha popular; de sectores gremiales que se enfrentan al poder político y exigen actuaciones honestas, decentes, para construir una Honduras justa y respetuosa de todos sus habitantes. Puede afirmarse que el pueblo y todas las fuerzas democráticas en donde se expresa la indignación ciudadana tienen otras opciones de crecimiento y nuevas oportunidades de generar más conciencia, más práctica política, para enfrentar la impunidad y la represión hasta provocar más fisuras que posibiliten la transformación social y mayores niveles de justicia.
Es aquí en donde se podrá elaborar el nuevo contrato social que contribuya a la refundación del Estado, que haga posible el desmantelamiento del aparato oligárquico golpista y de sus órganos represivos, que construya el Estado laico y democrático que ayude a superar las condiciones inhumanas del capitalismo neoliberal.
