Choluteca, Choluteca (Conexihon).- En el territorio Sur de Honduras se vive un fuerte proceso de defensa por los recursos naturales ante proyectos extractivistas que se imponen, además del despojo de las playas en el departamento de Valle, así lo documenta el informe “De la mano con el Sur”, realizado por organizaciones de derechos humanos que acompañan la zona.


“La lucha contra la desigualdad en la península de Zacate Grande” en Valle, es un territorio en el cual poderosos empresarios y políticos han puesto sus ambiciones, 12 comunidades con al menos cinco mil personas viven en zozobra por la amenazas de ser despojados y algunos ya no tienen accesos a la playa, evidencia Asociación por una Ciudadanía Participativa (Aci- participa).

Zacate Grande 


De igual forma señalan que la minería es una grave amenaza para las fuentes de agua, desde la aprobación de la Ley de Minería en el 2013, muchas poblaciones de la región están amenazadas por las empresas que han recibido permisos y licencias para la explotación minera.


Las comunidades defienden su derecho a la tierra, agua, bosque, buen vivir, y por ello, enfrentan amenazas, juicios y violencia, es parte de lo que han observado defensores de derechos humano de Suiza.


Costa Azul a la luz de las injusticias


La imposición del proyecto de energía fotovoltaica, en la comunidad de Costa Azul y Los Prados ha dejado criminalización a su paso, las empresas llegaron un día a la comunidad y comenzaron los trabajos sin consultar, eso hizo que los pobladores se opusieran para detener la destrucción de fuentes de agua y los árboles, “ya que sin agua no hay vida”, cuenta un líder comunitario.

Campamento en Los Prados 


El Estado de Honduras ha establecido como política principal lo que se conoce como extractivismo, una propuesta que en nombre del desarrollo enriquece a empresas privadas a través de los recursos naturales o los bienes comunes de las comunidades con un impacto destructivo sobre el medio ambiente y la forma de vida de la gente en los lugares donde se instalan, explica el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras (CIPRODEH).


En su apartado del informe CIPRODEH documenta los conflictos en Pespire, Lepaterique y la reserva biológica de Yerba Buena.


Silencio informativo


El Comité por la Libre Expresión (C-Libre), señala que los silencios informativos se dan por que los medios de comunicación están en pocas manos, que no son las de la población y afecta directamente a las personas que luchan por la defensa de sus derechos fundamentales y quienes necesitan hacer uso a la libertad expresión.


Las condiciones económicas de precariedad que vive el país orillan a muchos periodistas a silenciarse, aun cuando desean ejercer su profesión con transparencia.

El silencio informativo no es el único problema. La concentración de medios genera agresiones contra quienes tienen visiones diferentes de la realidad como periodistas, liderazgos sociales y defensores de derechos humanos que han sido descalificados y son víctimas de campañas en las que se les hace daño su imagen pública.


Las radios comunitarias se han convertido en la principal herramienta de comunicación de las distintas comunidades en las que hacen circular sus opiniones y preocupación frente a la instalación de los proyectos extractivistas.

Radio comunitaria La Voz de Zacate Grande 


Extractivismo y militarización en el Sur


“El aumento de los proyectos extractivos en la zona sur de Honduras está acompañado de una fuerte militarización del territorio. El gobierno ha sumado la Policía Militar, con todo el equipamiento y recursos, a otras tropas con larga presencia en la zona”, detalla el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).


De igual forma señala, que esta fuerte militarización no ha significado una mejoría en la seguridad para sus habitantes, como se dice en los medios, al contrario, hay una sensación de temor y recelo por parte de la población.


Las comunidades afectadas desconfían del despliegue militar, pues no ven sus intereses protegidos por la fuerza pública que se dedica a resguardar las actividades y los intereses de las grandes empresas extractivas que van en contra de los medios de vida tradicionales de la gente y deterioran el medio ambiente, apunta COFADEH.

 


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