Choluteca, Choluteca (Conexihon).- En el sur del país, el Comité por la Libre expresión (C-Libre), impartió una presentación del proceso de aprobación legislativa del decreto Nº. 102-2017 de la Ley Especial de Órganos Jurisdiccionales, con competencia territorial nacional en materia penal.

El objetivo de la reforma es “agudizar la criminalización de los sectores que defienden derechos y luchan por los territorios”, señala la presentación.

“La importancia de dar a conocer los resultados de la investigación, es por el tipo de reforma que hace el Congreso Nacional y el efecto que está teniendo. En este caso específicamente en el sur con las problemáticas que hay a nivel territorial, es sumamente importante que la gente comprenda la magnitud que tiene y el impacto a defensores y defensoras”, explicó el investigador de C-Libre, Fernando Trochez.

Para Ely Portillo, de la Red de Abogados Defensores del Sur, la reforma es inconstitucional y violatorias a las garantías por que relaciona los delitos para las personas que protestan buscando criminalizar y afectar a potenciales líderes sociales, relató.

“Un estudiante del Instituto Técnico de Administración de Empresa (INTAE) fue requerido por usurpación y detentación de edificio y el motivo fue protestar y exigir a las autoridades mejores condiciones educativas tanto pedagógicas como en la infraestructura, el joven por ser un líder lo criminalizan y le hacen otro requerimiento desde el Órgano de Jurisdicción Nacional por extorsión, esto es una trampa clara por parte de las autoridades para desmovilizar las luchas”, agregó el abogado.

El defensor de los derechos humanos e investigador de C-Libre, José Luis Herrera, subrayó que “los estudiantes han sido sistemáticamente perseguidos y criminalizados por una normativo que los ve como criminales y delincuentes, entonces en primer lugar la importancia de que los estudiantes estén en la presentación de la reforma es que conozcan y se vuelva una herramienta en el ejercicio de la defensa y la exigencia de los derechos humanos”.

Personas que defienden derechos podrían ser juzgadas como criminales de alta peligrosidad

La aprobación legislativa del decreto Nº. 102-2017 de la Ley Especial de Órganos Jurisdiccionales, tiene la finalidad de juzgar como criminales de alta peligrosidad del crimen organizado a personas que defienden los derechos humanos o pertenecen a movimientos sociales y grupos organizados como son los que defienden la naturaleza, estudiantes, sindicatos, entre otros, en los Juzgados de Jurisdicción Nacional” señala la investigación de C-Libre.

Los Juzgados de Jurisdicción Nacional están instalados en bases militares y no se conocen en instituciones civiles del Estado, la ley se elabora por los altos índices de violencia, criminalidad e inseguridad que hay en el país, por ende, se enfoca a enjuiciar a grupos criminales organizados como son las maras y pandillas.

El 20 de julio del 2016, se agregó en el numeral uno del artículo dos, la figura de usurpación. El historiador Fernando Trochez, miembro del área de gestión del conocimiento de C-Libre, explica que ahora “no solo se conocerán los delitos de secuestros, lavados de activos sino que además el delito de usurpación, que por lo general se aplican a los campesinos, estudiantes y personas que defienden sus derechos”.

De igual forma, Tróchez expresa que la ley solo beneficiaría a la propiedad privada y sus empresarios, puesto que uno de los considerandos establece que el artículo 103 de la Constitución de la República reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada.

Por lo tanto según el historiador una irregularidad en el proceso de aprobación en el Congreso Nacional es que se aprobó en un debate y no en tres; y que lo justifican con “la economía procesal”, señalado en el acta de discusión.

Esta ley es inconstitucional

“Se debe derogar el decreto que habilita al Órgano de Jurisdicción Nacional de juzgar por usurpación, ya que los estándares internacionales dice que no deben existir” indicó Mario Rojas, del equipo legal de C-Libre.

El abogado agregó que la criminalización a los grupos que protestan, es el objetivo de esta reforma y solo causara incrementar la culpabilidad de los que luchan por la defensa de sus derechos.

“Entre más importante es la lucha, es ahí donde se conocerán los delitos de usurpación tal es el caso de Guapinol que están siendo juzgados ahí”, apuntó Rojas.

En Guapinol, una comunidad del municipio de Tocoa, departamento de Colón, la resistencia de las y los pobladores contra la Concesión Minera Inversiones Los Pinares, mediante el Comité Ambiental de Guapinol instalaron un campamento el primero de Agosto al 27 de Octubre en oposición al proyecto minero, sin embargo fueron desalojados violentamente el día 88.

Producto de ello ha habido una persecución criminalización a miembros del campamento, con la orden de captura emitida contra 18 líderes y lideresas de la zona.

La reforma violenta derechos

“La reforma está creada para perseguir sistemáticamente a las personas que están ejerciendo sus derechos a la libertad de reunión, asociación, asamblea, protesta social y acceso a la tierra, entre otros” subrayó el defensor de los derechos humanos, José Luis Herrera.

Por lo tanto los expertos afirman que la ley pretende perseguir campesinos y a las personas que exijan sus derechos, es urgente presentar recursos de inconstitucionalidad ya que agudizara la criminalización de los sectores que defienden y luchan.


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