Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- El 43 por ciento de las agresiones registradas por el Comité por la Libre Expresión corresponden a denuncias interpuestas públicamente o en privado

por las comunicadoras sociales, pero buena parte de las agresiones quedan en reserva por temor a seguir siendo agredidas o estigmatizadas. 

Así lo denunciaron organizaciones de derechos humanos en la zona sur, este 25 de enero día en el que se conmemora el Día Nacional de la Mujer Hondureña.

En conferencia de prensa el Comité por la Libertad de Expresión (C-Libre), la Red de Mujeres por la Vida, la Red de Alertas y Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales (RAPCOS) y la Red de Abogados Defensores de Derechos Humanos y el Observatorio Ecuménico de Derechos Humanos (OEIDH) se pronunciaron ante las violaciones a la libertad de expresión cometidas en contra de las periodistas de Choluteca.

La acción coincidió con la misma semana en la que la periodista Francis Jaqueline Bojorque, con más de 25 años de laborar en los medios de comunicación del país y en particular en uno de los programas estelares de la zona Sur, Debate, que se transmite por Radio Valle de 11 a 12 del mediodía, fue víctima de censura directa al coartarse su derecho a la libertad de expresión, irrumpiendo el desarrollo habitual de su programa el día lunes 22 de enero.

A Bojorque se le impidió el ingreso a la cabina de radio pese a que su programa, es un espacio pagado en dicho medio de comunicación, en el que ha ejercido su carrera por más de dos décadas y que su contrato de arrendamiento está vigente por un año.

La periodista fue increpada en diferentes momentos por el contenido de su programa, por parte representantes de la gerencia respectivamente, quienes le insistieron en que “bajara el nivel” de la cobertura periodística y profesional a la crisis política que vive el país. Por lo que ese día no se cumplió con las responsabilidades de publicidad y decenas de oyentes se manifestaron en contra de la agresión.

Formas de violencia que afecta a todas

Igualmente el día sábado 20 de enero la periodista Sheyla Guissela Munguía del canal Prensa Libre fue víctima de bloqueos informativos y agresiones sexuales por parte de elementos militares de la 101 Brigada de Infantería, quienes le impidieron entrevistar a jóvenes detenidos en el marco de una protesta social en el barrio San Juan Bosco.

Munguía fue acosada y tocada de forma impropia por los militares con pasamontañas, a bordo de la patrulla 3111 que se traspalaban en al mando del coronel Héctor Espinal, a quien demandamos que deduzca las responsabilidades de los oficiales militares por promover y permitir la normalización de la violencia en contra de las mujeres.


Las denuncias recibidas por C-Libre por parte de los y las periodistas de la zona sur evidencian las sistemáticas obstrucciones informativas para acceder a fuentes de la Policía Nacional, Militares, la Dirección Departamental de Educación, cuyos voceros se han expresado de forma despectiva al referirse a los profesionales de la comunicación.
La Corte IDH dijo en una de sus sentencias que “el ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento¨.
“Es por eso que hoy no solo levantamos nuestra voz solidaria con nuestras colegas comunicadoras sociales, sino que además, exigimos la investigación de los hechos a las autoridades responsables de garantizar el ejercicio de nuestra profesión y a deducir las responsabilidades correspondientes”, indicó la periodista Amada Ponce, del Comité por la Libre Expresión.

La cifra del 43 por ciento de las profesionales de la comunicación que son víctimas de violencia en diversas formas -explicó-,  es muy significativa considerando que se trata de las denuncias registradas únicamente por las periodistas y comunicadoras que denuncias dichas agresiones, es decir que existe un subregistro que podría ser mayor.


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