Choluteca, Honduras (Conexihon).- Pese a la criminalización defensores/as del ambiente de algunas comunidades del municipio de Namasigüe en el sureño departamento de Choluteca, siguen oponiéndose a proyectos transnacionales extractivistas que tienen el objetivo de despojarlos de sus recursos naturales.

“Nosotros no queremos mineras, plantas solares fotovoltaicas o hidroeléctricas y seguimos con la lucha al frente a pesar de que tenemos que ir cada mes a firmar a los juzgados y a veces ni siquiera tenemos los recursos de cómo hacerlo”, sostuvo la defensora, Olga María Pastrana.

Olga María, es una mujer campesina y antes de que pusieran un parque de plantas fotovoltaicas al frente de su casa, relató que podía ir al río a pescar y utilizar el agua para diferentes necesidades diarias, pero desde que se instalaron los paneles solares ellos ya no tienen acceso al río, algunos pozos de casas cercanas se han secado y que además para instalar los paneles se hizo una masiva deforestación que ha causado un incremento caluroso del clima. 

“Nosotras estamos en esta lucha porque no queremos que ese proyecto siga más, porque tenemos muchos compañeros que están siendo afectados en el principio del verano porque no ha habido lluvia, entonces sólo Imagínese que terminando el invierno tenemos calores fuertes y altas temperaturas”, explicó Pastrana.

Así mismo, describió “el problema de nosotros es que se lucha porque gente de otro país se han venido a quitarnos lo de nosotros y nos han desalojado de nuestras comunidades, donde nosotros vivimos porque aquí nacimos, nosotros seguimos en lucha por nuestros hijos”.

“Antes cuando íbamos al río a pescar agarrábamos los peces con las manos no necesitábamos una tarraya, íbamos a la hora que queríamos a pescar, tampoco carecíamos del agua porque ahí cerquita bañábamos y agarramos el agua del río, y estas tierras donde están las fotovoltaicas han sido de cultivo de maíz frijol y ajonjolí”, agregó la defensora del ambiente.

Olga Pastrana es una de las criminalizadas por la empresa transnacional Scatec Solares, además de otras personas de las comunidades que desde hace más de tres años siguen reclamando un alto a la judicialización por defender el medio ambiente.

Sin agua, no hay vida

“No es posible que lo que ha sido nosotros, empresas de otros países nos tengan que quitar lo que nos pertenece, nos están quitando la vida de nosotros, porque usted sabe que sin agua no tenemos vida”, dijo Pastrana.

Además, agregó, “ni siquiera podemos protestar, porque si no, nos criminalizan y yo he sido una de ellas y hasta de tenido una enfermedad por estar aquí en la lucha, porque estos empresarios nos tratan como quieren y nos humillan”.

“Mi vecino Gómez vive en el mero predio dónde están esas plantas, el pozo no saca nada de agua y él ha sido afectado este año que le ha tocado andar buscando el traguito de agua y eso es lo que nosotros no queremos seguir sufriendo la sequía en nuestros pozos porque a esta empresa lo único que le importa es el dinero”, denunció.

De igual forma, relató que la Policía Nacional se ha prestado en trampas judiciales para seguir criminalizando a los/as habitantes de las comunidades que se oponen a los proyectos extractivos.

“Había supuestamente 8 órdenes de captura para los compañeros y la policía se prestó a una mentira para que se hiciera una supuesta conciliación y cuando los compañeros fueron a los juzgados los detuvieron porque en realidad era una orden de captura lo que tenían”.

Olga también detalla que ha sido víctima de amenazas, persecución y que el día que llegaron a darle la citatoria ella no estaba en la casa y se la dieron a una niña que estaba ahí para que se la entregaran a Pastrana.

Campaña de desinformación

Hace algunas semanas, el comunicador social Félix Pedro Pastrana de la radio comunitaria Stereo Namasigüe, explicó que les habían informado falsamente que la empresa fotovoltaica había retirado las denuncias, puesto que hace tres años estas personas han sido criminalizadas pero que los delitos no son reales y solo son defensores que defienden su comunidad para que tenga un ambiente sano.

“La poca información que tenemos es que hace como cinco lunes hablamos con las abogadas que llevan el caso y nos habían dicho que la empresa había retirado las denuncias contra los criminalizados, estas denuncias son del segundo requerimiento que la empresa había hecho a las personas por oponerse a unos campos de fotovoltaicas, por el delito de coacción a la empresa privada”, comunicó.

De los ochos campos solares que la empresa pretende instalar, una ya está facturando con el gobierno, puesto que ya está operando en la comunidad de Rancherías y Costa Azul, donde se cortaron arboles de más de 100 años de antigüedad para instalar los paneles solares.

“Las personas criminalizadas han vivido estos procesos de forma muy complicada porque afecta nuestra forma psicosocial de nuestra familia, porque ellos piensan mucho que va a pasar con nosotros cuando ya estamos sentenciados, también la comunidad se desune porque unos están a favor de las plantas y otros en contra de estos proyecto que las afectaciones que dejan son bastante porque ser criminalizado uno ya tiene manchado el expediente y no puede trabajar en cualquier lugar ni hacer trámites legales”, lamentó el periodista.

Agregó que “al inicio de la criminalización teníamos que ir a firmar un día cada semana, pero después de meses teníamos que ir a firmar cada 15 días y hasta llegar a firmar una vez al mes, pero sí tuve muchos gastos como por ejemplo el del transporte y el del tiempo porque tenía que hacer espacio para ir a firmar a los juzgados”, describió el comunicador social de la comunidad.

“Nuestra lucha continúa hasta que los ocho proyectos que faltan no se instalen y porque esa es nuestra preocupación, nosotros siempre seguimos luchando sembrando la semilla de la esperanza para cultivar una lucha social en nuestras comunidades y lo que queremos es tener acceso a fuentes de agua y un medio ambiente sano”, anunció Félix Pedro.

La Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos del Sur, explicaron para Conexihon que en enero continúan las audiencias en los juzgados de Choluteca por este proceso de criminalización. 


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