Choluteca, Honduras (Conexihon).- A las seis en punto de la mañana de este martes, zarpó la caravana de casi 100 migrantes que, desde el mes de marzo del presente año, permanecen varados en tierras catrachas ante la suspensión de labores por la epidemia del COVID-19.

De acuerdo a lo informado por el Defensor de Derechos Humanos de la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI-PARTICIPA), Jimmy Aguilera, el grupo de migrantes compuesto por 57 hombres y 42 mujeres, incluidos ocho menores de edad y tres féminas en estado de embarazo, salieron con rumbo a la frontera entre Honduras y Nicaragua.

Los y las migrantes, que esquivaron a periodistas y defensores de derechos humanos, como muestra de protesta pacífica y ante el desgaste que representa la revictimización de sus historias, nombraron su salida como la “caravana por la libertad”, la que inicio en la ciudad de Choluteca con rumbo al punto fronterizo con Nicaragua.

Así se describe la salida de un país, en el que han permanecido contra de su voluntad por casi ya 80 días, en donde han tenido que sobrevivir a la intemperie, hambruna y discriminación debido a su condición de migrantes.

Retenidos

A pocos metros de haber iniciado la caravana por la libertad, policías y militares cerraron el paso a los migrantes y tras una promesa de reunión con las autoridades de migración y representantes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (CONADEH) con procedencia de la ciudad capital, las 99 personas fueron desmovilizadas.

Hombres, mujeres, niños y recién nacidos esperaron durante más de ocho horas, la llegada de la comitiva. Al no tener respuesta o certeza del arribo de los personajes gubernamentales, decidieron realizar una toma de carretera impidiendo el paso de vehículos en el sector conocido como “El Marillal, salida a la frontera de Guasaule.

“Desde el mes de marzo, hemos monitoreado el ingreso de aproximadamente 500 personas que han quedado varadas en esta ciudad por las disposiciones de toque de queda con suspensión de labores en las oficinas estales y privadas, esto imposibilita la salida de estas personas de nuestro país”, dijo Aguilera.

El gobierno de Honduras, decretó un Estado de Emergencia mediante el PCM 021-2020, acción que mantiene cerradas las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM) y del Centro de Atención al Migrante (CAMI), desde el 15 de marzo de 2020.

De acuerdo a la Ley de Migración y extranjería hondureña, las personas en condición de migrantes para poder salir del territorio nacional, deberán efectuar el pago de una multa de aproximadamente 183 dólares americanos, previo a una audiencia ante el INM.

Ante la falta de atención y respuesta por parte del INM, organizaciones defensoras de derechos humanos en esa zona han apoyado al grupo de migrantes con la solicitud de salvoconductos, ante el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (SINAGER), pero ellos también han hecho caso omiso a la petición humanitaria de poder continuar con su camino hacia su Estados Unidos, aseguró el defensor de DDHH y miembro de ACI PARTICIPA.

Se cansaron

“Nos cansamos de las falsas promesas de los engaños, solo queremos que nos déjenos salir y marcharnos de este país”, dijo un hombre de nacionalidad haitiana.

De acuerdo con Jimmy Aguilera, este grupo llegó a Honduras el 18 de marzo de este año, cuando aún no se habían cerrado las fronteras por el COVID-19. “Ellos han intentado salir, pero siempre la policía los detiene y los regresa, ellos se marchan en grupo para poderse proteger y por sus características es difícil que pasen desapercibidos”, agregó el defensor.

“Ellos ya no quieres hablar ni con nosotros, están cansados de las promesas incumplidas de poder abandonar nuestro país, en esa caravana viajan ya tres recién nacidos y los tres han nacido en Honduras, ellos solo quieren irse, pero no los dejan”, señaló Aguilera.

Aguilera detalló que solamente en Choluteca, un promedio de 29 mil personas en condición de migrantes se contabilizó en el año 2019, de estas el 80% se registró por la Aduana de Guaséale, 10% por el Amatillo y el otro 10% por puntos ciegos.

Ante este panorama de violación a derechos humanos, la Resolución 04/19 aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 7 de diciembre de 2019, referentes a los principios interamericanos de todas las personas migrantes, refugiadas, apátridas y las víctimas de la trata de personas, reiteró la obligación de los Estados de proteger los derechos de todas las personas, independientemente de su situación migratoria.

“La No discriminación e Igualdad de Protección”, está contemplada en la Resolución, que además precisa que todas las personas, incluidos los migrantes, son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección de la ley sin discriminación de ninguna clase ni por ningún motivo, incluida la condición de migrante.

Además, la CIDH presionó a los Estados proteger los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y desplazadas frente a la pandemia del COVID-19 y solicito asegurar las condiciones adecuadas de respeto a los derechos en el contexto de las medidas restrictivas adoptadas para la contención de la pandemia, tales como el cierre de fronteras y reducción de libertades de locomoción interna e internacional, entre otras.


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