Choluteca, Honduras (Conexihon). – Acciones inhumanas durante la emergencia nacional han sufrido grupos de migrantes por parte de autoridades policiales hondureñas, quienes han sido denunciadas por desalojar forzososamente, extorsionar, amenazar y violentar los derechos de estos grupos; incluyendo mujeres embarazadas y niños, que ingresan por la frontera del sur en Choluteca.

Según los datos registrados por la Plataforma Nacional de Derechos Humanos (PNDDHH), más de 300 migrantes han sido rastreados en este momento, sin embargo, advierten que gran número de ellos aún se desconoce pero que la cifra podría duplicar la cantidad actual de personas que se desplazan por la frontera del sur y provienen de Nicaragua, Cuba, Haití y África en su mayoría.

Fotografía: Red Solidaria al Migrante (RSM).

Además de haber sido desalojados, los dueños de las casas donde se hospedaban denunciaron que fueron amenazados por elementos policiales que les acusaron por tráfico ilegal de personas. Esto generó miedo e inseguridad y aprovechándose de esto empezaron a realizar acciones de extorsión donde la policía les exigía dinero a cambio para dejarlos de hostigar.

Violaciones se agudizan en estado de emergencia

La Red de Abogadas de Honduras  contabilizó a 97 personas; incluyendo  hombres, mujeres, niños y niñas de origen africano y haitiano, que fueron desalojadas por la policía y se vieron obligadas a dormir en la calle, totalmente desprotegidas durante estado de emergencia y excepción declarado en Honduras a través del Decreto PCM 021-2020 el pasado 15 de marzo para enfrentar crisis del Covid-19.

Junto con el apoyo de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), lograron identificar las acciones deshumanizadas por miembros de la Policía Nacional  (PN), en contra de los migrantes.

“Pareciera que a varios representantes no les basta la situación provocada donde la humanidad se enfrenta mundialmente ante una pandemia. Estamos conscientes que en la travesía por la que pasan los migrantes se exponen a diferentes vejámenes (robo, violación, extorsión), en nuestro país aunque las violaciones se dan casi siempre, es una pena que se agudicen en un momento crítico de estado de emergencia”, lamentó Nidia Castillo, integrante de la Red de Abogadas de Honduras.

  Fotografías: Red Solidaria al Migrante (RSM).

Los análisis dentro del contexto, ahora en tiempo de pandemia hay varios incidentes de violaciones de las que sólo algunas se tiene el conocimiento por las denuncias que llegan a la PNDDHH y a organizaciones en Choluteca.

 “Estamos en contra de la forma en que los trataron. Desde el momento que los mandaron a dormir en la calle hasta el momento en el que son deportados por parte del gobierno. En Nicaragua no los recibían y la opción que les queda es entrar por puntos ciegos, si a algún migrante lo encuentran en la calle los deportan, los van a tirar a la frontera y hasta ahí llega el trabajo”, denunció el coordinador de la PNDDHH; el abogado y defensor de derechos humanos, Ely Portillo.

“Desde el espacio donde dormir y hacer sus necesidades hasta el uso de gel antibacterial y mascarillas ha sido brindado gracias a las iniciativas de quienes se han unido en solidaridad para asumir el rol de velar y garantizar la seguridad y bienestar de estos grupos provenientes de países hermanos”, explicó Portillo.

Por otro lado, el cierre de fronteras, ignorar las necesidades de los migrantes, ampliar toque de queda sin plan o ruta para asistir a estos grupos y los incidentes de violencia por parte de la policía es una alarmante situación que denuncian los defensores de derechos humanos que habitan en la zona sur y han tenido que intervenir ya que la respuesta por parte de los policías ha sido violenta y la respuesta estatal es nula por no responsabilizarse.

Paralización por pandemia agrava condición de migrantes

Frente a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, la mayoría de las instituciones estatales no se encuentran en funcionamiento, lo cual obstaculiza los procesos que garanticen los derechos fundamentales, en consecuencia, agravando las condiciones humanitarias de los grupos que huyen de sus países y arriesgan sus vidas para que el Centro de Atención Integral de Migración pueda extender un salvo conducto que les permita continuar su travesía.

El domingo 26 de abril identificaron más de 80 personas en condición de retenidos por no portar un salvoconducto que no le permite circular libremente y abandonar el país, informó la Junta Local de Choluteca en apoyo con la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI-Participa), en su informe “Situación inmigrantes”.

Fotografía: Red Solidaria al Migrante (RSM).

La paralización del funcionamiento de las empresas estatales; incluyendo de centros u oficinas regionales como el Centro de Atención al Migrante (CAMI), dependiente de la Oficina Regional de Migración del Instituto Nacional de Migración (INM), ambas instituciones permanecen cerradas por disposiciones de seguridad tomadas por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) frente a la pandemia.

Mientras los comercios están alistándose para comenzar a trabajar para recuperar la economía través de las peticiones por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), aún se desconoce cuándo se retomarán las funciones gubernamentales  oficialmente por el toque de queda ampliado hasta el próximo domingo 03 de mayo.

Ninguna medida para Covid debe violentar derechos humanos

El desplazamiento en estos momentos por la región Centroamericana se ve imposibilitado ya que como medida de prevención y contención las decisiones de los gobiernos han llevado al cierre de fronteras y la paralización de instituciones , las cuales se han llevado de encuentro a grupos migrantes que se han visto afectados, lo cual ha provocado que se queden atrapados en condiciones de hacinamiento y bloqueo de acceso a la salud y otros derechos, según informan los equipos de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El Foro Internacional por los Derechos Humanos en Honduras expresan que ninguna medida para responder a la pandemia debe implicar o justificar violaciones a los derechos humanos. Estas medidas tampoco deben priorizar intereses particulares o empresariales, particularmente del sector extractivo, sobre el bienestar general de la población, por lo que deben ser proporcionales y necesarias para la prevención, diagnostico, tratamiento y contención de la pandemia.

Fotografía: Red Solidaria al Migrante (RSM).

El día de hoy, 63 migrantes hondureños fueron retornados desde México y recibidos en el Aeropuerto Internacional Toncontín en Tegucigalpa. Al contrario, el gobierno del presidente de Estados Unidos, según informó The Washington Post, ha deportado a 10 mil inmigrantes en medio de la pandemia desde el pasado 21 de marzo y llegan a Honduras sin tomarse en cuenta todos los protocolos sanitarios de bioseguridad.

Sumando a la lista, las medidas de seguridad no están al alcance de todos, los comportamientos de discriminación y estigmatización crecen así como la propagación del Coronavirus y la situación de calle y desprotección que sufren estos grupos son de preocupación a la comunidad internacional.

Todos los países están obligados a respetar y garantizar derechos de migrantes

En este contexto la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (OACNUDH), se pronunció exigiendo a los Estados a garantizar el acceso a la salud, alimentación, información en un idioma de su comprensión, derecho de solicitar asilo y necesidades de protección a migrantes, independientemente su estatus migratorio.

“Todos los países, tanto los de origen como los de destino, tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los migrantes. Así mismo, se debe garantizar acceso a servicios básicos en igualdad de condiciones, sin discriminación y con perspectiva de género y enfoque diferenciado”, puntualizó mediante un comunicado.

“Incluir a las personas migrantes en la respuesta a esta crisis es esencial para proteger no sólo los derechos de las personas migrantes, sino también la salud de la sociedad en su conjunto”, aseveró la OACNUDH.

Agregó que es fundamental que en las respuestas contra la COVID-19 predomine la solidaridad entre la comunidad internacional y los países fronterizos a lo largo de los corredores migratorios.

A pesar de las recomendaciones, Honduras enfrenta un despliegue de abuso de autoridad de parte de estos elementos no sólo ante la comunidad migrante sino también a la prensa y ciudadanía en general en el marco de la omisión de garantías constitucionales.

Hacer conciencia con proceso humanitario

A través de las denuncias públicas de la situación de estos migrantes varias organizaciones defensoras se han sumado para apoyar y aún continúan en proceso de asistencia para con estas familias que migran.

Estos equipos defensores han identificado a migrantes, refugiados y desplazados, así como otras personas en movimiento que se han quedado atrapadas por la crisis y por el cierre de fronteras desprotegidos ante el Covid y violentados en medio de una emergencia.

Fotografía: Red Solidaria al Migrante (RSM).

Sin embargo, en Honduras el Centro de Atención al Migrante Retornado tuvo que cerrar por protestas locales en contra del ingreso al país de estas personas por miedo a contagiarse a lo que la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha alertado de la crítica situación de discriminación y estigma que viven estas personas y se agravan junto con la pandemia.

El Derecho a la Libre Circulación y Residencia que precisa el Artículo 81 de la Constitución de la República junto con los derechos establecidos en la  Declaración Universal de Derechos Humanos, dependen de cómo las autoridades le den trato a la situación a medida evolucione el manejo ante la pandemia. Desde el punto de vista de derechos humanos, independiente la suspensión de garantías el Estado debe velar por la tutela mínima para abrir las vías para dar cumplimiento a los derechos de todos y todas las personas.

 


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