Namasigüe, Choluteca.- El juzgado de Choluteca dictó este martes sobreseimiento definitivo a ocho defensores del ambiente de la comunidad de Costa Azul, municipio de Namasigüe, Choluteca, acusados por el supuesto delito de daños en contra de la empresa Energías Solares, parte del parque solar Fotovoltaica Los Prados.

Aunque la acción es vista por los defensores como un caso de “justicia parcial” denunciaron que el Ministerio Público (MP) actuó con una celeridad cuestionable pues esta acción se suma a dos procesos de criminalización por parte de las empresas generadoras de energía fotovoltaica en la zona.

La empresa Energías Solares, a través de su representante legal, Jacobo Ismael Flores Herrera, indicó en la audiencia inicial realizada el martes 23 de abril “que se presentó un escrito de desistimiento de la acción penal, para que el MP no continúe conociendo de la acción. Por ese acto lo hacemos conociendo que son delitos perseguibles a instancia particular tal como lo es esta”.

Primera fase del Parque Solar Fotovoltaico Los Prados

“La empresa no tiene ningún interés en contra de los imputados ya que la misma se hizo responsable de asumir todos los costos por los daños ocasionados. En consecuencia, esperamos que se tenga a bien el desistimiento y se extienda la respectiva carta de libertad definitiva y archivando el caso”, apuntó.

La acusación pretendía que los defensores fueran a la cárcel por el pago de 31,960.86 lempiras por “ocasionar daños” a un vehículo rentado por la empresa Energías Solares. Sin embargo, en videos obtenidos por Conexihon el año anterior se muestra como personas de la comunidad afines a la empresa amenazan a los defensores con un machete.

Los hechos

Ese día cinco empleados de la empresa se hicieron presentes a bordo de un pick-up gris, para reunirse con algunos habitantes esto sin tomar en consideración la opinión de la comunidad. 

A eso de las 3:30 p.m. el ingreso del vehículo desconocido causó alarmas, por lo que miembros del patronato y otros defensores del ambiente se percataron que se sostendría una reunión con los supuestos empleados en una vivienda de la zona.

Al llegar al sitio, el dueño de la vivienda identificado como Salvador Centeno (52) arremetió con un machete empezó atacar a sus vecinos. Los pobladores entre gritos exigiendo que el vehículo saliera de sus propiedades.

De acuerdo con la Red de Abogadas Defensoras del Sur se interpusieron denuncias por este hecho el mismo día que la empresa, pero esta no prospero con la misma rapidez y hasta la fecha la fiscalía no ha llamado a ningún representante.

Otros “medios de prueba”

De acuerdo con la carga de pruebas, según constan en el acta de inspección ocular de fecha 27 del 7 del 2018, al que se le anexó un álbum fotográfico el vehículo rentado mostraba completamente destrozado sus vidrios, sin embargo, se puede observar claramente que a su salida de la comunidad el mismo estaba intacto.

De acuerdo con la denuncia número 3026-2018 la empresa de generación de energía pidió una autorización de la empresa rentadora Hertz, para que el MP pueda ejercer como parte de la empresa, no obstante, esta representación carecía también de validez pues quien puede reclamar por el vehículo supuestamente dañado sería esta empresa rentadora, explicó la defensa de los ambientalistas.

Además como medio de prueba testifical el MP propuso la declaración de Karla Marina Peña Fiallos, (Representante de la empresa) y José Salvador Centeno, quien fue denunciado por la agresión contra los defensores del ambiente y que meses después fue nombrado por la alcaldía como Coordinador de Vigilancia de Viviendas en la comunidad de Costa Azul, Namasigüe.

Este tipo de nombramientos de representantes de Comités se ha vuelto una práctica común por parte de las empresas que integran el Parque Solar Fotovoltaico Los Prados, una forma para que con apoyo de la alcaldía se obvie la representación legal de los patronatos y así introducir prebendas para seducir a los pobladores de estas comunidades.

En los últimos dos años esta empresa ha entregado a la corporación municipal de Namasigüe una fuerte suma para “socializar” el proyecto que en la práctica ha servido para crear adeptos a punta de regalar láminas y cemento.


Para el comunicador social, Félix Pedro Pastrana, de Stereo Namasigüe esto es una clara muestra del abuso de la justicia hondureña, pues pese a recibir este día un sobreseimiento definitivo por el desistimiento de la empresa Energías Solares tras un cargo por el supuesto delito de daños.


El Ministerio Público es muy rápido para investigar el daño de un vehículo, pero no así de las amenazas y agresiones contra los pobladores de Costa Azul, en Namasigüe.

La comunidad ha denunciado la instalación de un "megaparque" de energía solar de forma inconsulta, afectando las fuentes de agua, las formas de vida y un abusivo corte de árboles.

El constante señalamiento por parte de los defensores les ha causado una serie de acusaciones sistemáticas desde 2017. Hasta la fecha ninguna de las acusaciones hechas por la empresa ha sido probada y los defensores continúan con sus denuncias.

Un daño moral irreparable

Para la abogada defensora, Karen Ponce, defensora de Noesis Gómez Cruz y Kelvin Edilberto Gómez Meza, padre e hijo respectivamente señaló que “la familia Gómez ha recibido una doble criminalización en seguimiento a la persecución y al hostigamiento por parte de las empresas Fotovoltaicas Los Prados y energías Solares por oponerse a que estos proyectos instalados sin el consentimiento y violentando la autodeterminación de las comunidades, pues tanto ellos como otros líderes comunitarios han sido objeto tanto de persecución”.

Es importante reiterar que toda decisión judicial tiene un impacto directo tanto en las victimas como sus familiares y en este caso las familias Pastrana, Gómez y Escobar.

“En este caso no causa asombro a esta defensa el desistimiento presentado por parte de la empresa Energías solares, en virtud que ha presentado el desistimiento manifestando en primer lugar que es un delito perseguible a instancia particular, de carácter civil por lo que es evidentemente claro que la empresa busca victimizar y atemorizar a estos defensores de derechos humanos que siguen en pie de lucha”, indicó Ponce.

 

Desestimiento es el primer paso de la reparación

Por su parte, la abogada Denia Castillo, representante de los defensores del ambiente, Anselma Escobar, Félix Pedro Pastrana, Erasmo de Jesús Pastrana y Marleny Pastrana manifiesto que las actuaciones se inician por la denuncia presentada por la señora Karla Marina Peña Fiallos, denuncia 30-25, en representación de la empresa Fotovoltaica Los Prados, pero la misma no acredita la condición de víctima pues el vehículo pertenece a una empresa rentadora.

“Una vez más el Ministerio Público cae en el juego de criminalización orquestado por la empresa Energías Solares y Fotovoltaica Los Prados, pues desde el inicio y en el requerimiento fiscal está debidamente evidenciado que la empresa Energías Solares no tenía la calidad de víctima para comparecer, de hecho con el simple desestimiento la empresa pretende lavarse las manos y decir que actuó de buena fe. Pero queremos que quede la constancia que esta acción de la empresa fue maquinada con el fin de reprimir a los defensores del ambiente que represento, con el objetivo primordial de reprimir la defensa del territorio pues desde los órganos jurisdiccionales se ordenaron arrestos de manera arbitraria”.

Desestimiento presentado por la parte acusadora.

Las 100 reglas de Brasilia en su numeral 10 y 11 en este caso ha quedado evidenciado que este proceso legal ocasionó el sufrimiento moral y el daño económico de los que han sido objeto los defensores y defensoras. Con esa acción la empresa Energías Solares parte del Parque Solar Fotovoltaico Los Prados no reparará jamás el año económico, psicológico y social causado, por lo tanto, solicito que se tenga a bien el desestimiento presentado por la parte acusadora como una de las primeras acciones tendientes a reparar el daño a los defensores y se dicte sobreseimiento definitivo de la causa”, indicó Castillo.

Finalmente, en su intervención la abogada Nidia Castillo, representante de Juana Zulema Mendoza, Jenny Aguilar, indicó que la acción busca además criminalizar la condición de pobreza de sus representadas tanto en el plano económico, como social y cultural. Ambas están siendo victimizadas golpeando fuertemente la dignidad humana de la persona, subrayó.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que el proceso de criminalización resulta en la obstrucción y el debilitamiento de los movimientos sociales a los que sirven, claramente en los tribunales se ha ventilado un proceso de criminalización a líderes que son objeto de la judicialización por parte de estas empresas, estas acciones están dirigidas a impedir, obstaculizar y desmotivar la labor de defensoría y la promoción de los derechos humanos lo cual preocupa ya que es evidente para esta defensa que actores estatales como el MP se han prestado para seguir criminalizando a los defensores de DDHH.

La CIDH ha documentado varios efectos producto de la criminalización de los defensores. Tales como efectos físicos e impactos en su integridad personal ya que muchos al ser expuestos ante aparatos estatales de justicia, muestra de ello su salud se ha visto quebrantada, han tenido impactos negativos en su vida familiar y los respectivos efectos sociales que el hecho de aparecer como criminales conlleva la respectiva estigmatización, como la generación de desconfianza en las comunidades donde han residido toda su vida.


0
0
0
s2sdefault