Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Consideramos que el fallo dictado por el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, en su calidad de juez natural en el proceso penal contra María Luisa Borjas, fue político. ¿Por qué político? Porque el acuerdo de condena fue incluso previo al desarrollo del juicio, según información proporcionada por personas cercanas al poder fáctico, señala el comunicado emitido por la Coalición Contra la Impunidad.


Además, la Coalición, en conferencia de prensa este miércoles, denuncia que el señor Argueta no tomó nota de los aportes probatorios ni de los planteamientos realizados en las conclusiones de las partes durante todo el juicio.


“Esta labor fue realizada por el abogado Selvin López, quien consideramos participó en la redacción de la resolución, lo cual amerita una investigación administrativa y penal. El fallo está alejado de los parámetros jurisprudenciales y doctrinarios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, apunta el comunicado.


La diputada y Comisionada en condición de Retiro María Luisa Borjas, se ha destacado por su labor de denunciar públicamente hechos de trascendencia nacional e internacional relacionados con corrupción y abusos cometidos por altos funcionarios policiales y militares, así como por particulares relacionados a acciones delictivas de criminalidad organizada. Dicha denuncia pública ha conllevado la persecución y amenazas a muerte contra ella y su familia.


He sido sometida a un sicariato judicial


“He sido sometida a un sicariato judicial por actuar y proceder contra personas que han infringido la ley, hasta donde me dejaron porque por eso me sacaron de la policía, mi intención fue generar un debate de interés público ante el homicidio de un exdirector de la lucha contra el narcotráfico y asesor de seguridad como lo era el ingeniero Landaverde, el fiscal de oro Orlan Chávez y el caso de la ambientalista Berta Cáceres”, explicó la hoy diputada por el partido Libertad y Refundación (Libre).


Este proceso judicial se da porque la diputada dio lectura a un informe el pasado 22 de noviembre de 2017 y presentó una queja contra el Ministerio Público (MP), solicitando se presenten requerimientos fiscales contra los responsables de los asesinatos, en una conferencia de prensa dio lectura a fragmentos de tres informes obtenidos de una fuente policial.


Una de las personas mencionadas es Camilo Átala quien presentó una querella contra Borjas, por considerar que incurrió en calumnias constitutivas de difamación.


La diputada subraya que no tenía la intención de dañar la imagen u honor, que no hizo énfasis en nadie y mucho menos en el señor Átala al que no conoce y nunca se presentó a las audiencias.


“Yo no tenía la responsabilidad de verificar si el informe era real, esa es la responsabilidad de las autoridades competentes, el informe tenía toda la apariencia de legitimidad y formalidad, como lo dijo el testigo Comisionado de la policía, como defensora de los derechos no me podía quedar callada al recibir un informe tan delicado e importante, cuando yo le di lectura al informe de los actores materiales del crimen de la ambientalista ya estaban en prisión, ¿cómo es posible que solo los intelectuales son los falsos?”, cuestiona Borjas.


Para los abogados defensores de la Comisionada las denuncias se enmarcan en los discursos especialmente protegidos por la libertad de expresión, de manera que el magistrado Argueta o la persona que haya redactado la resolución debió aplicar una eximente de responsabilidad penal.


A la luz de la doctrina de la real malicia, no es suficiente que la información difundida por la Comisionada María Luisa Borjas hubiese sido errónea o falsa, sino que, además, la parte querellante debió demostrar que la información, se difundió a sabiendas de su falsedad y con la única intención de dañar al punto que el demandante no acudió a ninguna etapa del proceso.


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