San Pedro Sula, Honduras (Conexihon).-”Tenemos una clase política sensible que pretende dictar como ejercer el periodismo y a la que hay que pedirle permiso para ejercer nuestra profesión; prácticamente creen que pueden querellar a cualquier periodista que se le ponga al frente y en especial si este comunicador no se doblega”, manifestó el periodista, Carlos Martínez.


El comunicador explica que los periodistas están expuestos todos los días a las querellas por el simple hecho de que algunos políticos y empresarios no les gusta el estilo periodístico con el que se informa a la sociedad.


Martínez, tiene al menos 25 años de ejercer el periodismo y actualmente tiene dos programas de televisión en Canal 6 que se transmite a nivel nacional: “La Tertulia” de 1:00 a 2:00 p.m. y “En la Mira” de 10:00 a 11:00 p.m.


De acuerdo al Código Penal, los delitos contra el honor contemplan una pena que van de uno a tres años de cárcel. Los delitos de injuria y calumnia limitan el ejercicio de los comunicadores, ya que se ven limitados a ejercer su derecho a la libre expresión y a información.


“Estos delitos lo atan a uno por que a veces queremos decir algo y nos toca abstenernos, muchas veces para poder decir algo los periodistas tenemos que aprender a parafrasear, no dar nombres y contar los hechos que uno ha investigado al estilo de un cuento”, cuestionó el periodista.


Segunda querella enfrenta, Carlos Martínez.


Según la Alerta No. 003-2019 del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Martínez enfrenta su segunda querella en siete meses. El diputado al Congreso Nacional, Bernardo Enrique Yllescas, presentó un proceso penal contra el comunicador el 12 de octubre del año pasado, bajo el supuesto delito de difamación e injurias.


El tribunal sampedrano, a través de la Sala Cuarta, programó para este próximo jueves 31 de enero la correspondiente audiencia de conciliación.


“La primera querella me la interpuso la Licenciada Brenda Mercedes Flores, ella era la directora del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), pero ella retiró la querella y también quiero aclarar que en ningún momento yo pedí disculpas, sino que ella pues tomó la determinación”, afirmó el comunicador.

Martínez relató sentirse respaldo por un buen cuerpo de apoderados legales  privados el acompañamiento de C-Libre y del Colegio de Periodistas de Honduras para afrontar con valentía el proceso penal. Al final de la jornada lo mas importante es sacar qué está alrededor de cada una de las querellas y especialmente cuando viene de parte de un político.


C-Libre contabiliza 43 procesos penales, relacionados con delitos contra el honor desde el año 2003. De los cuales 15 son dirigidas a periodistas.


En el congreso defendí mi gremio


En el periodo 2010-2014, Carlos Martínez fungió como diputado del Congreso Nacional por el departamento de Cortés, y recuerda cuando se intentó aprobar un proyecto de ley que vendría a limitar y regular el ejercicio periodístico y también violentaría la libertad de expresión.


“Yo hice una fuerte denuncia en ese momento de lo que significaba aprobar ese proyecto de ley, eso me trajo problemas con mis compañeros de bancada del Partido Liberal que se molestaron de una forma directa e indirecta y me hicieron algún tipo de amenazas pero al final de esa jornada yo quede satisfecho viendo con mi frente en alto diciéndole a mis colegas periodistas no les falle porque ese proyecto de ley era un atentado directo contra nuestra profesión” subrayó, el ex diputado.


Delitos contra el honor no deberían estar en el Código Penal


Para el abogado Benjamín Lavaire, defensor del periodista Martínez, los delitos contra el honor no deberían estar reflejados en el Código Penal ya que la penalización de las conductas deberían de regularse en todo caso ser conocidos en otro tipo de materia como la civil.

Abogado Benjamín Lavaire


Además dijo que “son varias las querellas contra periodistas y entiendo que por informaciones que se ha transmitido y algunos casos que he conocido son carentes de dolo y no llevan implícita la intención de dañar”.


Sobre el mismo punto, el profesional del derecho añadió que dichas conductas no son tan lesivas; “hay otros remedios legales que se podrían utilizar y en el caso que estas personas se sientan ofendidas se podría dar indemnización una disculpa por el medio, algo monetario, o de la forma que la persona supuestamente afectada estime correcto pero no trascender a una esfera penal por qué significa la privación de la persona a ejercer su profesión y esto es muy gravoso porque implica perder el derecho fundamental que es el de la libertad de expresión”.

 


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