La Paz, Honduras (Conexihon).- Una denuncia hecha por el periodista Fabricio Garibaldi Mejía, en sus redes sociales referente a la Cooperativa Taulabé Limitada, provocó una querella en su contra.

Esta acción se presentó este lunes 24 de septiembre, en los Tribunales de justicia de la ciudad de La Paz, en la zona central del país. Caso que lo acompaña el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), con la representación del abogado Mario Rojas y un defensor privado.

Las denuncias hechas por el periodista en su cuenta de Facebook describen despidos injustificados y el mal uso de fondos de la Cooperativa en proyectos habitacionales. De estos casos, Garibaldi aseguró tener las pruebas.

La audiencia de conciliación contó con la cobertura, pero, además, la solidaridad de sus compañeros comunicadores de La Paz. Cerca de 45 minutos duró la audiencia para ver si se conciliaba, pero al no haber acuerdo, el caso se elevará a juicio oral y público en los tribunales de la ciudad de Comayagua.

Al salir de la audiencia, Garibaldi aseguró que, de haber conciliado con la parte querellante “es parte de la impunidad, ser tapadera de actos de mala toma de decisiones que pudiesen estar orientadas a la corrupción”.

El periodista dirige y presenta su programa transmitido los sábados y domingos, en canal 55 de la localidad.

De acuerdo con el artículo 157 del Código Penal vigente, la pena por el delito de injuria es de uno a dos años de reclusión.

Al ser procesado penalmente por el delito de Injurias, a raíz del uso de su cuenta personal en Facebook, el comunicador consideró que su derecho a la libre expresión está siendo violentado.

Agregó que, son estas redes sociales que actualmente sirven como medios de divulgación e información para que pueda -la población- darse cuenta de nuestras opiniones.

“Lo que quieren es callar, que no se diga lo que hemos investigado”, enfatizó Garibaldi. Por ello, continuará su denuncia hasta que los actos salgan a luz pública. Además puntualizó que no puede taparse la verdad para los más de 30 mil afiliados de la Cooperativa Taulabé, con sede en Comayagua.

En dos oportunidades fue víctima de persecución por desconocidos en un automóvil, al salir de su espacio de los fines de semana. Por estas acciones responsabilizó a quienes “nos quieren callar” si llegase a pasar algo en mi contra.

Normativa penal utilizada para callar denuncias de periodistas

A partir de las publicaciones del periodista Garibaldi, en la red social de Facebook, se reabre un episodio dónde se criminaliza por denunciar diferentes actos en el departamento de La Paz.

A opinión de Mario Rojas, de C-Libre, la práctica de quienes controlan el sistema, es utilizar el derecho penal, específicamente a través de los delitos contra el honor para callar voces que denuncian actos de corrupción o por publicar información en su poder.

En el caso de su representado, el apoderado legal de la Cooperativa Taulabé Limitada, solicitaba como acto conciliatorio una disculpa pública en su cuenta de Facebook, así como dirigir una carta a la Junta Directiva de la Cooperativa para retractarse de sus publicaciones.

Rojas sostuvo que esta petición no fue aceptada por el periodista Garibaldi “ya que, lo que él ha dicho tiene fundamento”.

Actualmente no existe una ley en el país que regule lo publicado en las redes sociales. Aunque en el mes de febrero, se inició la discusión de una Ley de Ciberseguridad en el Congreso Nacional, a iniciativa del Diputado Marcos Bertilio paz, del Partido Nacional.

De hecho, la Declaración Conjunta sobre libertad de expresión e internet, adoptada por expertos en la materia en julio de 2011, señala que para evaluar una restricción a la libertad de expresión en internet, "se debe ponderar el impacto que dicha restricción podría tener en la capacidad de Internet para garantizar y promover la libertad de expresión".

En tanto, el presidente del Capítulo de La Paz del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Roger Orellana, expuso que con este tipo de acciones contra la prensa muestran que el Estado “ha fracasado y persigue a los periodistas”.

Orellana, quién también forma parte del equipo legal que defiende al periodista Fabricio Garibaldi, rechazó esta persecución a la prensa ya que según el Artículo 72 constitucional garantiza la libre emisión del pensamiento y expresión.

Describió a su defendido como un “connotado en el departamento”, siempre ha estado con las causas justas, denunciando cualquier acto de corrupción o que violente los derechos por parte de particulares o del mismo Estado.

En la localidad, existen amenazas contra quienes a título personal denunciamos, apuntó el titular del Capítulo de los profesionales del derecho en la ciudad. incluso "cuando ocurrió la crisis post electoral donde hubo fraude, a título personal hicimos algunas publicaciones y hubo quienes nos decían que no podíamos publicar eso".

A pesar de que estas acciones persistan contra comunicadores o ciudadanía en general “es la valentía la que hace que sigan denunciando y desde mi posición seguiremos apoyando estas iniciativas”, puntualizó el abogado Orellana.

El proceso continuará al Tribunal de Sentencia de la ciudad de Comayagua, donde se fijará una fecha para el juicio oral y público contra el periodista Fabricio Garibaldi.

Casos en los que criminalizó la libre expresión en Redes Sociales

Gilberto Gálvez: En noviembre de 2014, el periodista que labora y reside en la ciudad de La Paz, zona central del país, escribió en su cuenta de Facebook “un alcalde inauguró un proyecto de 40 millones de lempiras y que esos sí son alcaldes completos, también hablé de un puente de La Paz, de cerca de medio millón de lempiras y lo que yo he preguntado es ¿si se justificará toda esa inversión?”. A raíz de esto, la alcaldesa Gilma Ondina Castillo interpuso una querella contra Gálvez, misma que fue declarada inadmisible por el Tribunal de sentencia en agosto de 2015 de Comayagua. El Caso lo acompañó la Iniciativa "Periodismo y Democracia".

Jennifer Padilla: Fue citada a una audiencia de descargo, el 23 de junio de 2015 al departamento de Recursos Humanos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), porque cuatro días antes (19 de junio) denunció en su perfil de Facebook un comentario critico sobre el desfalco de miles de millones de los fondos del centro asistencial.

En el acta de audiencia de cargos y descargos, efectuada contra Padilla el 23 de junio de 2015, cita una parte de dicha acta: “Cabe señalar que en ningún momento se les está restringiendo ni coartando la libertad de expresión, sino por haberse aprovechado de este derecho en detrimento de la institucionalidad del IHSS.

El caso fue acompañado por el Centro PEN-Honduras, a través de su presidente Dina Meza, la abogada Kenia Oliva y la lideresa y defensora Gladys Lanza (QEPD).

Elvin Francisco Molina: Ex Empleado de Alimentos Continental, fue capturado el 21 de enero de 2016 acusado por el delito de “atentar contra el sistema financiero”, luego de que publicara en su cuenta de Facebook una serie de reclamos para obtener sus prestaciones laborales tanto suyas como de sus compañeros de una de las empresas del Grupo Continental, quien fue objeto de una liquidación forzosa en octubre de 2015. En marzo de 2016 Molina se le decretó sobreseimiento definitivo.

Luis Almandares: En abril de este año, el periodista fue citado por el Juez de la Policía Municipal de la ciudad en mención, acusando al comunicador de "apología al odio". El periodista publicó en su cuenta de Facebook un video donde se muestra un violento desalojo contra vendedores ambulantes en la ciudad de Comayagua. A la audiencia, se hizo acompañar por un equipo del Comité por la Libre Expresión (C-Libre). Posteriorimente Almendares interpuso una denuncia ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).


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