Tegucigalpa, Honduras (Conexihon)-. Por la mañana, al igual que hace siete años, 14 periodistas que conforman el Colectivo de Mujeres por la Vida y la Libertad de Expresión, realizaron este jueves un plantón frente al Ministerio Público (MP), para exigir avances en la denuncia que presentaron tras ser agredidas por fuerzas militares mientras realizaban una movilización el 13 de diciembre de 2011.

Esa fecha, las 14 comunicadoras junto con reconocidas escritoras, catedráticas universitarias y defensoras de derechos humanos, realizaron una caminata hacia las inmediaciones de Casa Presidencial donde fueron violentamente reprimidas por miembros de la Guardia de Honor Presidencial (GHP). La manifestación fue en repudio al asesinato de su colega Luz Marina Paz Villalobos, ocurrido el 06 de diciembre de ese año.

Siete años después, las periodistas ven que la denuncia No. 2739-11, por tratos crueles e inhumanos “ha avanzado poco y sólo se ha llegado a determinar el nombre de una de las personas que participó en los hechos”, explicaron en un comunicado público.

Denunciaron en el plantón que sumado al poco avance, han recibido denegatoria de información en la pasada administración gubernamental de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), aduciendo motivos de seguridad nacional.

 “El caso está blindado con la Ley de Secretos Oficiales. Ese es el argumento para no resolver esta denuncia y dar a conocer los nombres de los agresores de las periodistas”, cuestionaron.

La denuncia ha cambiado de manos de un fiscal a otro; actualmente es conocido por la Unidad de Defensores, alertaron las periodistas.

Durante el mandato presidencial de Lobo Sosa, se registraron 34 asesinatos contra Periodistas, comunicadores sociales y trabajadores de medios, de acuerdo a cifras que maneja el Comité por la Libre Expresión (C-Libre).

Para la Periodista Gilda Silvestrucci, esta acción no es más que “un acto simbólico” para señalar al Estado y al propio Ministerio Público sobre los altos niveles de impunidad.

“No vamos a encontrar respuestas positivas, si no se la dan a casos emblemáticos como el de Berta Cáceres, no digamos a nosotras que somos periodistas y que estamos denunciando las agresiones que comenten”.

Desde ese 2011 hasta hoy, esa manifestación en por exigencia de justicia en el crimen contra una colega y que dejó secuelas, según lo expresó Silvestrucci, hoy corresponsal de TeleSUR en Honduras, víctima constante de amenazas contra su integridad física, que la obligan a cuidarse personalmente hasta de los estigmas por denunciar este y muchos casos en su labor como comunicadora.

“Quedamos marcadas como personas inconformes con el sistema, comunista, izquierdista y criminalizadas por el propio gobierno”, afirmó Silvestrucci, parte del Colectivo de Mujeres por la Vida y la Libertad de Expresión.

A la par del plantón de las comunicadoras, una comisión integrada por Edy Tábora y Kenia Oliva, de C-Libre; Iris Mencía, Gilda Silvestrucci, Wendy Funes y Sandra Marybel Sánchez del Colectivo de Mujeres por la Vida y la Libertad de Expresión, se reunieron en la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH), donde hicieron saber su inconformidad por lo que consideraron “poco avance” en el proceso que conlleve a reparación de justicia hacia las víctimas.

“Sólo con el tiempo que tiene esta denuncia, amerita llevar este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, señaló Sánchez.

La comunicadora evocó que, nunca fueron citadas para tomarles sus testimonios, sino que ellas mismas se presentaron al Ministerio Público y en una computadora cada una de las víctimas lo elaboró que para dejar constancia de la agresión.

“Como víctima que actúa y responde a la inacción del Ministerio Publico. Estamos hartas de venir a recordarles su responsabilidad”, dijo Sánchez.

Al final del comunicado, las mujeres periodistas víctimas de agresión en 2011, se reservan el hecho de actuar en búsqueda de justicia ante instancias internacionales “en nuestra condición de periodistas, defensoras de la libertad de expresión e información, nos reservamos nuestro derecho de buscar justicia ante instancias internacionales, debido a la impunidad que persiste en su denuncia presentada hace siete años”, afirmaron.

Por lo que ya no es solo exigir que se investigue el asesinato de Luz Marina Paz Villalobos, por quien el grupo de mujeres se manifestó ese día; sino que las autoridades correspondientes den con los policías y militares que las atacaron frente a Casa de Gobierno hace siete años. 


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