Tegucigalpa, Honduras (Conexihon) .- Tras divulgarse el anteproyecto de Ley conocido como “Ley Mordaza” para censurar el uso de las redes sociales en Honduras,

decenas de ciberactivistas, líderes de opinión y organizaciones de derechos humanos condenaron las formas de censura en el actual régimen hondureño.

La acción sobrevino después de que la Comisión de Dictamen se reuniera con representantes de la empresa privada y algunos integrantes de organizaciones de sociedad civil, quienes dieron a conocer profundos errores sobre el conocimiento del ecosistema del entorno digital.

Con la disposición se afectaría a más de 2.5 millones de usuarios de las redes sociales en Honduras, según lo planteado en el Artículo 3 relacionado con las obligaciones de los proveedores. “Los proveedores de servicios de redes sociales elaborarán un informe trimestral relacionado a la gestión de los reclamos o reportes sobre el contenido ilegal que presenten los usuarios. Lo presentarán ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, en el plazo de quince días contados a partir del fin de cada trimestre”.

Este martes, más de 48 organizaciones defensoras de derechos humanos y medios de comunicación alternativos demandaron a través de un pronunciamiento público que la normativa no sea aprobada.

“La Ley que Regula los Actos de Odio y Discriminación en Redes Sociales e Internet representa una grave amenaza a la libertad de expresión y acceso a la información en el país, además incumple los estándares internacionales en materia de derechos humanos como la necesidad de proporcionalidad, legalidad, debido proceso y transparencia”, indica el escrito.

La propuesta inicia presentada por el diputado nacionalista, Marco Paz Sabillón, es una copia fiel de la “Ley que regula los actos de odio y discriminación en redes sociales e internet” presentada por el gobierno de Ecuador en mayo 2017, la misma también fue ampliamente criticada por la sociedad civil del país sudamericano.

Bajan en discurso, pero crece amenaza

El discurso posterior a la reunión parece haberse mejorado “Es contra campañas y mensajes de odio y discriminación en Internet, (…) no es para regular redes sociales”, indicaron en un comunicado público del Congreso Nacional, no obstante diferentes sectores llamaron a permanecer atentos a la nueva conformación de una Comisión Nacional de Ciberseguridad, que podría estar siendo usada para censurar las posturas críticas y la libertad de expresión.

En conferencia de prensa, la comisión explicó que con la ley se crea un consejo consultivo integrado por el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Consejo Superior Universitario y otras organizaciones de la sociedad civil, sin describir otras partes interesadas.

De acuerdo con esta nueva versión el Comité “solo atenderá las denuncias que presenten los afectados, pero no se incluye ninguna iniciativa para regular o controlar redes sociales o páginas de Internet”.

El Poder Legislativo intenta crear este Comité de denuncias, sin ser signatario del Convenio sobre ciberdelincuencia, también conocido como el Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia o simplemente como Convenio Budapest, que es el primer tratado internacional que busca hacer frente a los delitos informáticos y los delitos en Internet mediante la armonización de leyes nacionales, la mejora de las técnicas de investigación y el aumento de la cooperación entre las naciones.

Las acciones son encaminadas, ahora después de las fuertes reacciones, a la creación de una “Estrategia Nacional de Ciberseguridad”, para lo cuál ya las autoridades de CONATEL, empezaron procesos de capacitación en 2017.

Los miembros de la comisión de dictamen Gerardo Martínez Pineda, Johana Bermúdez Lacayo y Nelson Javier Vásquez Euceda, detallaron que la persona que se sienta agraviada y perjudicada por ese tipo de delitos cibernéticos como campañas de odio, discriminación, clonación de páginas, suplantación de identidad, fraude financiero por Internet, pornografía o cualquier otro delito ya tipificado en el nuevo Código Penal van a poder acudir a la Comisión Nacional de Ciberseguridad donde se les va a atender.

En los últimos meses Honduras ha visto un incremento de las campañas de odio en contra de defensores de derechos humanos, periodistas y líderes de la oposición política, de acuerdo con el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), por lo que en enero se interpusieron las denuncias ante el Ministerio Público, en base a la normativa ya existente en el país.

¿Quién integrará la nueva Comisión?

La Comisión Nacional de Ciberseguridad, -indicó el Congreso Nacional- estará integrada por las secretarías de Seguridad, Defensa, Finanzas, Conatel, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia (CSJ), Banco Central de Honduras (BCH), Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y la Dirección de Marina Mercante, entre otras.

La misma hasta el momento no contempla la participación de los propios afectados, en este caso representantes de las compañías proveedoras de servicios, periodistas, comunicadores sociales, bloggeros, artistas, la academia o representantes de la sociedad civil entre otros.

La Declaración Conjunta Sobre Libertad de Expresión e Internet establece por su parte, entre sus principios generales que “La libertad de expresión se aplica a Internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación. Las restricciones a la libertad de expresión en Internet solo resultan aceptables cuando cumplen con los estándares internacionales que disponen, entre otras cosas, que deberán estar previstas por la ley y perseguir una finalidad legítima reconocida por el derecho internacional y ser necesarias para alcanzar dicha finalidad (la prueba "tripartita"

Por lo que “al evaluar la proporcionalidad de una restricción a la libertad de expresión en Internet, se debe ponderar el impacto que dicha restricción podría tener en la capacidad de Internet para garantizar y promover la libertad de expresión respecto de los beneficios que la restricción reportaría para la protección de otros intereses”.

Además insta a que “la autorregulación puede ser una herramienta efectiva para abordar las expresiones injuriosas y, por lo tanto, debe ser promovida.

Sobre la responsabilidad de intermediarios, la misma también establece que “ninguna persona que ofrezca únicamente servicios técnicos de Internet como acceso, búsquedas o conservación de información en la memoria caché deberá ser responsable por contenidos generados por terceros y que se difundan a través de estos servicios, siempre que no intervenga específicamente en dichos contenidos ni se niegue a cumplir una orden judicial que exija su eliminación cuando esté en condiciones de hacerlo ("principio de mera transmisión")."

“Los sistemas de filtrado de contenidos impuestos por gobiernos o proveedores de servicios comerciales que no sean controlados por el usuario final constituyen una forma de censura previa y no representan una restricción justificada a la libertad de expresión”, apunta.

Anuncian sanciones administrativas

El presidente de la comisión de dictamen, Gerardo Martínez, enfatizó que el espíritu de la ley es crear la Comisión Nacional de Ciberseguridad, para poder dar respuesta a todos los usuarios y a toda la ciudadanía en lo que respecta a los delitos cibernéticos.

Martínez explicó que en el marco de la ley no se están imponiendo penas sino algunas sanciones administrativas que va a imponer el ente que se está creando, pero las penas ya están tipificadas en el nuevo Código Penal.

Explicó que para la aplicación de las sanciones administrativas se va a trabajar en un reglamento al tiempo que reiteró que “nosotros no podemos ni vamos a regular las redes sociales, lo que va a suceder es que la persona afectada va a acudir a interponer la denuncia y en 24 horas la publicación va a ser bajada de las redes sociales y posteriormente viene la investigación con personas especialistas que van a darle seguimiento a la denuncia y van a llegar hasta el origen de donde se inició el delito cibernético”.

En la reunión convocada por la comisión de dictamen participaron representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras (Fedecámara), Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Asociación Nacional de Industriales (Andi) y la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) entre otros.

Algunas cifras

• El sexto estudio sobre redes sociales de Centroamérica y El Caribe, realizado por Ilifebelt, en 2016, indica que un 92.6% de usuarios en Honduras utiliza las redes sociales desde su Smartphone, convirtiéndolo en el tercer país en la región que más emplea este dispositivo para ingresar a Internet.
• En el campo de los smartphones, el diario La Prensa.hn publicó que, de 100 personas en Honduras, 90 poseen un teléfono móvil.
• De acuerdo con Owloo, en territorio hondureño se encuentran 2.500.000 dispositivos conectados a redes e Internet durante el presente año.
• El Banco Mundial muestra que para el 2014, la penetración de Internet en el país llegaba al 18% de la población.


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