Que sigan los comunicadores y periodistas expuestos a la cárcel por injurias, calumnias y difamación, sólo vulnera la libertad de expresión y prensa, urge que el Congreso Nacional despenalice los delitos contra el honor.

Desde el año 2004 al 2018, la Unidad de Estadísticas del Poder Judicial registra que en los Tribunales de todo el país, se interpusieron 3,248 querellas.

 De esa cifra, no se detalla cuántas corresponden a comunicadores y periodistas, la Unidad de Estadísticas, no clasifica esos datos. Pero, del 1 de enero del 2020 a junio del 2022, son 270 personas las que enfrentan un proceso jurídico por delitos contra el honor.

 Solo el año 2021, dejó 66 personas acusadas por injurias, 49 por calumnias y seis por difamación. Se está criminalizando a comunicadores y periodistas en Honduras, que en su labor de informar, incomodan a grupos de poder, la crítica pasa factura.

 Se enreda a los comunicadores y periodistas en procesos judiciales que duran años, además, los intimidan y en algunos casos, los silencian.  Es el poder del dinero frente a una prensa crítica.

Esa afrenta contra la libertad de expresión y prensa, provoca temor en los comunicadores y periodistas, quienes aseguran tener miedo y por eso muchos, se autocensuran.

Silencio o la vida

El testimonio de cuatro periodistas del departamento de Choluteca, se traduce en temor. Las constantes amenazas, intimidación y persecución que enfrentan, confiesan que genera la autocensura. “Es el silencio o la vida”, expresan. Esto, ante la intolerancia que enfrentan. No se trata solo de agresiones verbales, son físicas y legales.

Selvin Jonás Euceda Ordóñez, periodista de Telemarcovia, corresponsal de VTV y Radio Valle, confiesa que después de ser querellado en el año 2015, las agresiones contra la prensa continúan.

 “Hemos recibido agresiones en coberturas noticiosas como la entrega del bono, Un regidor actual del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Cristobal Rodríguez, nos agredió, nos trató de ladrones. Estamos viendo un Gobierno intolerante ante las críticas de la prensa”, relató a C.LIBRE.

 Ese temor ante la persecución y la amenaza de ser querellados, hace que Selvin Jonás le pida a los diputados, que “eliminen esos delitos contra el honor, que son los que amenazan a los periodistas”.

 Para sobrevivir, la mayoría de periodistas en Choluteca vende publicidad, pero es un servicio que confunde a los funcionarios públicos, los que al pautar creen que el periodista tiene un un compromiso con x o y funcionario.

 “No son así las cosas. Uno presta un servicio, vende un servicio que es remunerado, pero no vende su criterio y cuando empiezan a criticarlos, se molestan”.

 Selvin dice que si venden publicidad es porque los dueños de medios no están pagándole a los periodistas, “no pagan los 20,173 lempiras, que establece el Colegio de Periodistas de Honduras”

No hay miedo ante los funcionarios públicos, dicen los periodistas, pero si lo hay contra el crimen organizado que está instalado en toda la región Sur y el camino que han tomado es llamarse al silencio, guardar la prudencia.

 “Nos auto censuramos por velar por la seguridad de la familia”, expresan. Pero también pasan factura en la zona Sur de Honduras, las acciones legales contra los miembros de la prensa.

 

“Atentaron contra mi vida, me pegaron un disparo en el brazo que solo me rozó por denunciar actos irregulares”

Selvin Jonás Euceda Ordóñez

Gissela Marcela Rodríguez Quiróz, es otra periodista de Choluteca, que pese a que no ha vivido en carne propia las amenazas, sí es fiel testigo de lo que ha ocurrido con sus compañeros.

 “Un funcionario público agredió verbalmente a dos compañeros, dijo que éramos vendidos. Lo dijo en general, no en particular. Dijo que solo estábamos a favor de x o de y, persona e instó a grupos que estaban en el lugar a que continuaran con esa agresión”.

La periodista confirma que las agresiones continúan, que la esperanza de cambios en el nuevo Gobierno se esfuma porque “la situación está igual o no queremos creer que es peor”, dijo a CONEXIHON

 

“Uno piensa hasta dos veces las cosas para hacerlas. A  veces se quiere defender “x o y” situación, pero pienso, tengo familia, hijos, alguien por quien luchar. No quisiera, pero se valora si vale la pena, Si tengo miedo, con tristeza admito que sí”

Griselda Marcela Rodríguez Quiróz

 José Javier Palma, periodista de Choluteca, sabe que ser acucioso y llegar al fondo de las noticias genera problemas, por eso no ejerce libremente el periodismo y es cuando aplica la autocensura porque “está nuestra vida ante una noticia”, dice a CONEXIHON.

“A los tres días su nombre ya no va a sonar, en tres días, van a decir que era bueno, que defendía algunas posiciones, pero luego se olvida”.

Palma, dice que ha tenido varios ejemplos en el que denunciar abiertamente, le trajo serias consecuencias a muchos compañeros en Choluteca, unos fueron acusados y otros, apresados y por eso, toma algunas precauciones.

“En el Gobierno anterior teníamos que limitarnos a expresar lo que considerábamos que era noticia, nos podían perseguir y esperamos que esto no se repita con este Gobierno”.

Ante el riesgo que supone la criminalización a periodistas José Javier, se limita para transmitir la información, pero asegura que aprendió que si no puede decirlo, lo transmite a otros compañeros para que la noticia se difunda.

“Los periodistas en algún momento somos valientes para enfrentar las amenazas, pero ponemos en precario nuestras vidas y las de nuestras familias”

José Javier Palma

"Hay mucha susceptibilidad en la sociedad, dice Francis Iveth García, otra periodista de la zona Sur que ha enfrentado amenazas por informar.

 “Hay personas a las que no les gusta que la información trascienda y lo amenazan. Dicen que van a aparecer muertos, que van a aparecer golpeados, Nos dicen: por eso los matan. Otras veces nos insultan, nos dicen que somos vendidos, que decimos solo lo que nos conviene”, narra la periodista.

 Pero esas amenazas y ataques confiesa Francis que les afecta en el trabajo. Informar tal como sucedieron las cosas, explica que trae implicaciones,y que muchas veces son condicionados, llegando incluso hasta amenazarlos con demandarlos.

 “Nos condicionan, nos dicen tenes que hacer lo que yo digo, sino yo te voy a demandar y muchas veces nos cohíben en nuestro trabajo y no debería de estar pasando”, lamenta García.

 Pero en la zona Sur, autoridades y empresarios no entienden que el periodista no debe de ser censurado, que no se debe silenciar, sino dar la noticia tal cual está sucediendo,

Lamentablemente a muchas autoridades y personas, no les gusta y entablan demandas, algunas veces injustificadas”, explica Francis Iveth García.

“Siento temor, pero confío en Dios. A veces llegan mensajitos. Cada día vamos a hacer el trabajo y confío que nada malo vaya a suceder. Sólo toca encomendarse a Dios.

 Francis Iveth García

 JUSTICIA ARBITRARIA

 TODO EL PODER CONTRA EL PERIODISTA

CARLOS EDUARDO ÁVILA

 Las denuncias que trasmitió el periodista Carlos Eduardo Ávila Aguilera en dos medios de comunicación escritos en el país, en el año 2007, por acoso sexual contra varias menores en un centro educativo de Choluteca, le trajo grandes consecuencias.

 Ávila sólo retransmitió la denuncia que los padres de familia y alumnas interpusieron ante las autoridades educativas: “unas menores están siendo objeto de acoso sexual, por parte de un maestro Juan Carlos Cruz Villatoro”.

 Ese fue el inicio de un calvario que por 15 años ha tenido que enfrentar el periodista y que hoy, lo mantiene en el exilio. Todo el sistema de justicia se volvió contra él y extrañamente, el Ministerio Público obvió investigar las denuncias de acoso sexual para tutelar los derechos de las menores y dirigió toda su infantería contra Carlos Eduardo Ávila.

 El periodista fue llevado a los Tribunales de Justicia, se presentó una querella por los delitos de injurias constitutivas de difamación, en el 2007.

Comenzó el proceso de defensa, pero los testigos propuestos, no se presentaron, fueron amenazados, Carlos no pudo sustentar la denuncia. La audiencia de conciliación fracasó, porque Carlos sostuvo que sólo transmitió una denuncia. Tras del caso se conjugó el poder, el maestro acusado era un conocido dirigente político, miembro del Partido Nacional, con una Corte Suprema de Justicia en la que Magistrados y Jueces responden al partido que los eligió. Se abrió el juicio y Carlos Ávila fue condenado.

 Es un juicio que a criterio de los defensores del periodista, llevó un mensaje: “Todo aquel que se atreva a hacer este tipo de denuncias, tendrá consecuencias”.

 Carlos es un antecedente de la criminalización para los periodistas en Honduras, de los efectos que tienen los delitos contra el honor en el Código Penal, pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), le ha dicho al Estado de Honduras que debe quitar esas figuras, porque son utilizadas por grupos de poder para protegerse y para callar.

 Este caso muestra cómo el aparato judicial se activó para coartar el derecho de la libertad de expresión y prensa.

 Testimonio de Carlos Eduardo Ávila Aguilera

  Estos 15 años de criminalización judicial por ejercer libertad de expresión y de prensa, me veo agotado física y mentalmente. Con traumas de violaciones a derechos humanos en mi contra, enfermo, con un manojo de nervios provocado por el porvenir que es incierto, por el sicariato judicial en mi contra y lo más complicado, ver sufrir a mi familia que no se explica cómo en Honduras, un periodista puede ir a la cárcel por dar voz a los sin voz.

 Carlos Ávila durante la marcha de las antorchas en Choluteca

 

Por defender los derechos humanos de otras personas por el único delito de haber ejercido libertad de prensa y de expresión. Emití una noticia en el año 2007, las denuncias no las realizaba yo, sino los padres de familia, estudiantes y director del instituto.

 Mi papel como comunicador social fue emitir la noticia y por esa razón, vino la criminalización en mi contra, con todo el odio y desprecio de la justicia. Veo con el ojo objetivo de un periodista que utilizaron dos códigos penales para criminalizarme, incumpliendo la objetividad de la ley y tratados internacionales ratificados por Honduras, sobre libertad de expresión y de prensa.

 También, la Corte Suprema de Justicia, de oficio, ordena mi encarcelamiento cuando tenía derecho a conmutar o reemplazar la pena. Veo que dilataron el proceso 15 años y lo aceleraron cuando se aprueba el Código Penal de la Impunidad, para aplicarlo en la parte que me afecta, específicamente la parte que niega la conmuta.

 Como un fiscal del Ministerio Público, que no estuvo en el proceso, aparece en la fase de ejecución únicamente para pedir orden de captura y cárcel en mi contra. Pero se contradice en la amnistía, al decir que no fue parte del proceso.

 Objetivamente me doy cuenta que los Poderes del Estado: Ejecutivo y Legislativo, me declaran perseguido político. Además, el Cofadeh me otorga el beneficio de amnistía, pero de forma arbitraria la Juez de Ejecución de Choluteca, de oficio, solicita la inconstitucionalidad de la amnistía.

 Lo que espero para el futuro es que cese la persecución en mi contra y que la Sala Constitucional, declare con lugar el beneficio de la amnistía, pero que también el Congreso Nacional despenalice pronto los abominables delitos contra el honor para que ningún colega tenga que sufrir lo que yo sufro en la actualidad.

 ¿Qué sigue en el caso de Carlos Ávila?

Según un Juez de Ejecución que habló con C-LIBRE, el decreto de amnistía es inconstitucional. “Tiene que probarse que el delito es por la cuarta urna. Por eso pedimos a la Sala Constitucional, que decida si es realmente o no inconstitucional”.

 “Choluteca es una jurisdicción especial, existe un código penal especial que se aplica en el departamento”, explica Roger Joaquín Ordóñez Canales, defensor de Ávila.

 En este caso, la Juez María Auxiliadora Ponce Aplícano, en un claro abuso de autoridad y  menosprecio a los abogados defensores y acusadores, el día de la audiencia señalada no la aperturó

Mandó una constancia por medio de la Secretaria del Juzgado diciendo que la audiencia estaba suspendida. A Carlos le vulneran sus derechos, el derecho a la defensa, a la igualdad procesal, a un estado de inocencia y sobre todo, a un beneficio como la amnistía.

 A Carlos y su familia, le hacen  más larga la agonía. El camino que queda para él, es presentar su caso a nivel internacional, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Las irregularidades en el caso

Fue notorio en el proceso que los plazos procesales no se cumplieron. Fue atropello tras atropello. Fue evidente la falta de voluntad de la Juez para incluso, otorgar el decreto de amnistía.

 Y también, la persecución del Estado para causarle un daño mayor del que ya tenía. Carlos es ejemplo de lo que no se debe hacer cuando se tocan intereses particulares. Aquí a todas luces se registra una justicia selectiva.

 15 años de sufrimiento

La madre y hermanos de Carlos Ávila, cargan con un proceso tortuoso, doloroso. Están agotados, ellos también sufren.

“Estos 15 años son injustos. Mi hermano no ha hecho nada para merecer esto. Es muy cruel para él, lo que está pasando, él solo daba la noticia”, relata a C.LIBRE, Miriam Ávila, hermana de Carlos, que perdió su trabajo por ser hermana del periodista.

 La persecución política no fue solo para Carlos, abarcó a sus hermanos, al grado, que buscaron mecanismos para que todos perdieran sus empleos.

“La persecución es con él, pero también ha sido contra la familia. Nos persiguen a todos y es injusto. No sabemos dónde está mi hermano, pero esperamos que pronto termine este episodio que deja a mi madre enferma, dolida y a nosotros atemorizados”, dijo Miriam Ávila.

Carlos Ávila junto a su madre

Honduras y la persistencia de criminalizar los delitos contra el honor

Desde el año 2012, Honduras realizó cuatro compromisos en la Conferencia sobre Seguridad, Protección y Solidaridad para la Libertad de Expresión en Honduras: la creación de una unidad especial para investigar crímenes contra periodistas y otros grupos vulnerables, un mecanismo de protección para estos, la creación de juzgados especiales en derechos humanos y una reforma para despenalizar los delitos contra el honor.

 Ninguno se cumplió a cabalidad. El único que tuvo un avance modesto fue el mecanismo de protección que a esta fecha, sigue adoleciendo de falta de recursos financieros, materiales, humanos y de la voluntad política para su eficacia.

La despenalización de los delitos contra el honor es una lucha histórica que han venido librando varias organizaciones defensores de periodistas y comunicadores, entre ella C:LIBRE, el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Asociación de Prensa Hondureña (APH), entre otros.

 Que los delitos contra el honor sean castigados con cárcel, tiene un efecto inhibitorio sobre la libertad de expresión y la libertad de prensa y ejerce una especie de censura sobre los medios de comunicación y sobre los periodistas.

 “Creemos que en base a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, deben de despenalizar los delitos contra el honor y trasladarse al ámbito eminentemente civil”, considera Dagoberto Rodríguez, expresidente del CPH.

 Sin embargo, para que tampoco en el ámbito civil pueda ejercer una efecto inhibitorio, se sugiere que los delitos contra el honor como la difamación, la calumnia e injurias, sean sancionados económicamente. pero que las penas que se apliquen sean proporcionales al daño causado.

 No se pide la eliminación de los delitos contra el honor, porque la misma ley y la declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la Declaración Universal de Derechos Humanos garantiza el derecho al honor de las personas.

 “No se pretende dar a los medios de comunicación y a los periodistas un cheque en blanco o una carta en blanco para que puedan difamar, calumniar a las personas, sino también salvaguardar tanto el derecho a la libertad de expresión, como también el derecho al honor de las personas” explicó Rodríguez.

 Y eso lo comparte también el Juez de Ejecución que pidió el anonimato, dijo que la libertad de expresión tiene límites cuando interrumpimos la vida privada de las personas. “La libertad de expresión la tiene toda la sociedad, pero no se puede atacar a una persona como se le dé la gana”.

Evitar excesos

Teniendo en cuenta el contexto que vive Honduras actualmente y sobre todo, la referencia de los acontecimientos de la última década en materia de libertad de expresión, mantener los excesos cometidos en el ámbito de las leyes penales, genera una autocensura en periodistas u otras personas que desean difundir información.

 Si a eso se le suman, los abusos de poder, la falta de institucionalidad, la impunidad en las agresiones sufridas por periodistas y medios de comunicación, la falta de seguridad jurídica y las leyes, entonces se limita el acceso a la  información pública, se limita informar con objetividad.

 “Mantener los delitos contra el honor dentro del ámbito penal, contribuye a que se limite la difusión de informaciones que son de interés general, pero que por temor a ese tipo de acciones, no trascienden al conocimiento público”, explica el abogado Rodolfo Dumas, quien fue directivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

 Desde hace más de una década se pide que se sustraigan ese tipo de infracciones del ámbito penal proporcionando a los ciudadanos la posibilidad de reclamar cualquier responsabilidad ulterior por la vía civil.

 

¿Se avanza o no en la despenalización?

 Son múltiples los esfuerzos que se hacen en el país para despenalizar los delitos contra el honor. Son 18 artículos en el Código Penal, de los cuáles seis son los que tienen una afectación directa.

 C.LIBRE, ha impulsado espacios para hacer incidencia en la necesidad de despenalizar esos delitos y que pasen al ámbito civil. La última de las reuniones fue con la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso Nacional, quien prometió realizar acercamientos para introducir la iniciativa.

 Sin embargo, desde mayo del 2022, no se ven acciones puntuales que den visos de lograr la despenalización. “Ya tenemos el proyecto, vamos a definir un día para convocar a las organizaciones, en éste mes de Octubre”, respondió Ramón Barrios, diputado a la consulta de C-LIBRE.

 Solo el hecho que exista una amenaza de ser privado de la libertad por ejercer el derecho a informar, genera amedrentamiento para no hablar de ciertos temas, sobre todo cuando se trata de funcionarios públicos o empresas con poder.

Escucha nuestro podcats con el periodista Carlos Ávila, el primero de nuestra serie especiales de investigación: 

https://www.youtube.com/watch?v=CYwyc-oG8pM

 

 

 


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