Por: Roxana Vásquez

Tegucigalpa, Honduras (conexihon.hn)- El pasado 2 de noviembre, en conmemoración del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), instó a los estados a “investigar y enjuiciar la violencia contra los periodistas”

En este sentido la Relatora Especial sobre la libertad de opinión y expresión, Irene Khan, la Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz y la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Reem Alsalem, declararon que “La seguridad de los periodistas sigue siendo tan precaria como siempre, la impunidad por los delitos cometidos contra ellos es tan alta y persistente como antes”.

En referencia a esto el Comité por la Libertad de Expresión (C-Libre) en su informe anual sobre Libertad de Expresión en Honduras (ILE 2020) titulado “Honduras: La desinformación, plataforma de un régimen” destaca la vulnerabilidad a la que están expuestos los hombres y mujeres que ejercen la comunicación en sus diferentes entornos y realidades.

Mientras que las expertas de la ONU mencionaron que, “Durante el año pasado, (2020) periodistas de todo el mundo han sido amenazados, acosados, agredidos físicamente, secuestrados, detenidos arbitrariamente, desaparecidos por la fuerza, torturados y asesinados, simplemente por hacer su trabajo"

Dato que no está alejado de la realidad hondureña, ya que el ILE 2020 afirma; “entre las agresiones por violaciones a la libertad de expresión, se incluyen cuatro asesinatos de periodistas y comunicadores sociales; cuatro hombres: dos en La Ceiba, departamento de Atlántida; uno en Comayagua, y otro en el departamento de Olancho”

Las expertas también aseguran que “Los Estados tienen la obligación de llevar a cabo investigaciones rápidas, imparciales, exhaustivas, independientes y efectivas de todos los delitos contra periodistas, en línea o fuera de línea”

Mencionan, además que, “Cuando no investigan y procesan los crímenes, en la práctica están censurando el discurso, amordazando a quienes se atreven a denunciar y silenciando a los demás. Además, la falta de investigación adecuada de una muerte potencialmente ilegal se considera, en sí misma, una violación del derecho a la vida”.

Así mismo C-Libre en el ILE 2020 declara que “existe responsabilidad internacional del Estado hondureño, al incumplir la obligación de investigar, perseguir y penalizar a los autores intelectuales y ejecutores de crímenes contra la prensa, en especial cuando existe evidencia de vínculos institucionales en los mismos.  La ausencia de diligencia fortalece la impunidad”

 

 


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